Las gobernaciones, municipios y universidades públicas de Bolivia demandan al Gobierno Nacional un plan económico para la devolución de los recursos del 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron retenidos desde el año 2015 a través de Ley 767 de Incentivo para la exploración y explotación de los hidrocarburos en el país.
El secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, informó que el Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos (Codephi), en su última reunión en la ciudad de Santa Cruz, determinaron exigir al Gobierno Nacional la devolución de los recursos del IDH que confiscó con la Ley de Incentivo para la exploración y explotación desde hace dos atrás.
Además en dicha reunión determinaron presentar en los próximos días un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB), con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional una distribución de las utilidades que genera la industrialización en materia económica.
Por otra parte, se determinó solicitar al Gobierno Nacional la certificación de reservas de gas y la necesidad de crear una nueva ley de hidrocarburos con la participación de las regiones productoras de hidrocarburos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.
El secretario de Energía de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, afirmó que ante la falta de políticas claras del Gobierno Nacional en la temática hidrocarburífera plantearán un proyecto de ley que distribuya los recursos de este sector, “actualmente hay dos plantas separadoras de líquidos y una de urea, están exportando Gas Licuado de Petróleo (GLP) al Paraguay”.
Por su parte, Esteban Patty, analista de Hidrocarburos de la Gobernación de La Paz, indicó que con la Ley de Incentivo para la exploración y explotación de los hidrocarburos están sacando el 12 por ciento de los recursos a los departamentos.
“El Ministro dijo en su momento que por cada dólar que se saque a las gobernaciones van a rescatar ocho dólares, por cada dólar que inviertan los municipios van a rescatar 3,48 dólares, y por cada dólar de la universidad rescatarán 3,8 dólares, pero hasta el momento no hay nada”, resaltó.
Según las autoridades regionales el Gobierno Nacional con la aplicación de la Ley 767 a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, desde enero del año 2016 hasta el momento, habría acumulado unos 170 millones de dólares que ahora deberían ser devueltos a las regiones.
Los municipios de todo el país al igual que las universidades públicas demandan al Gobierno que a través del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), brinde un informe detallado sobre el IDH que fueron confiscados a las regiones, sostuvo el secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cercado, Diego Ávila.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el departamento de Tarija, Ignacio Soruco, informó que mientras la norma este vigente en el país los recursos no serán devueltos a las regiones porque los mismos son para actividades petroleras de exploración y explotación.
Sin embargo, manifestó que una vez se decida la inversión de los recursos económicos que están acumulados dentro el fondo, el 12 por ciento del IDH volverán a las regiones de manera indirecta en inversiones y no de manera efectiva como demandas las autoridades.
Además en dicha reunión determinaron presentar en los próximos días un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB), con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional una distribución de las utilidades que genera la industrialización en materia económica.
Por otra parte, se determinó solicitar al Gobierno Nacional la certificación de reservas de gas y la necesidad de crear una nueva ley de hidrocarburos con la participación de las regiones productoras de hidrocarburos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.
El secretario de Energía de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, afirmó que ante la falta de políticas claras del Gobierno Nacional en la temática hidrocarburífera plantearán un proyecto de ley que distribuya los recursos de este sector, “actualmente hay dos plantas separadoras de líquidos y una de urea, están exportando Gas Licuado de Petróleo (GLP) al Paraguay”.
Por su parte, Esteban Patty, analista de Hidrocarburos de la Gobernación de La Paz, indicó que con la Ley de Incentivo para la exploración y explotación de los hidrocarburos están sacando el 12 por ciento de los recursos a los departamentos.
“El Ministro dijo en su momento que por cada dólar que se saque a las gobernaciones van a rescatar ocho dólares, por cada dólar que inviertan los municipios van a rescatar 3,48 dólares, y por cada dólar de la universidad rescatarán 3,8 dólares, pero hasta el momento no hay nada”, resaltó.
Según las autoridades regionales el Gobierno Nacional con la aplicación de la Ley 767 a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, desde enero del año 2016 hasta el momento, habría acumulado unos 170 millones de dólares que ahora deberían ser devueltos a las regiones.
Los municipios de todo el país al igual que las universidades públicas demandan al Gobierno que a través del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), brinde un informe detallado sobre el IDH que fueron confiscados a las regiones, sostuvo el secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cercado, Diego Ávila.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el departamento de Tarija, Ignacio Soruco, informó que mientras la norma este vigente en el país los recursos no serán devueltos a las regiones porque los mismos son para actividades petroleras de exploración y explotación.
Sin embargo, manifestó que una vez se decida la inversión de los recursos económicos que están acumulados dentro el fondo, el 12 por ciento del IDH volverán a las regiones de manera indirecta en inversiones y no de manera efectiva como demandas las autoridades.
el apunte
Regiones trabajan una nueva Ley de Hidrocarburos
La secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija junto a las otras secretarias de hidrocarburos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz, ya tiene listo un borrador de una nueva ley para el sector que organice y dé nuevas directrices de acuerdo a la CPE. Según informó el secretario, Freddy Castrillo, el documento está ahora siendo socializado en cada una de las regiones para posteriormente debatirlo con el ministerio del rubro para acuerdos y consensos en un solo documento.
Fuente: periódico "El País"
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