Las Petroleras Declaran Guerra
El Chaco es una zona que cubre 290 000 km2 en el área de las fronteras de Bolivia, Paraguay y Argentina. La Guerra del Chaco, que duró desde 1932 hasta 1936, formalmente fue una guerra territorial entre Bolivia y Paraguay. En realidad fue un juego sobre derechos al petróleo, impulsado por Standard Oil en el lado boliviano y Royal Dutch Shell en el paraguayo. Para Bolivia la guerra resultó en 56 000 muertos, principalmente de los pueblos quechua y aymará, y una gran pérdida de territorio. Sin embargo Bolivia se quedó con la parte del Chaco que tiene bastante petróleo.
Expropiación Y Control Estatal
Después de la guerra Bolivia enfrentó a Standard Oil que no había cumplido los requisitos de las concesiones dadas al principio de los años 1920. El 21 de 
diciembre de 1936 la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue fundada, y poco tiempo después, en 1937, los recursos petrolíferos fueron nacionalizados bajo el régimen del presidente David Toro. Fue la primera vez que el estado expropió propiedad privada tanto en Bolivia como en toda Sudamérica, algo que marcó un cambio significante en la actitud hacia las inversiones extranjeras. Sin embargo, fue recién después de la revolución en 1952 que la producción del petróleo despegó. Hasta 1964 la producción promedia subió de 2500 a 10 000 barriles por día. Además empezó la explotación del gas natural. En este período Bolivia volvió a permitir las inversiones extranjeras, y en total 14 empresas recibieron permiso para operar un área de casi 14 millones de hectáreas. La más importante de estas fue la norteamericana Gulf Oil que obtuvo condiciones muy favorables. Pagó solamente unos 30% de impuestos de los ingresos de la producción de petróleo y gas. Por lo tanto el gobierno de Alfredo Ovando Candía nacionalizó la propiedad de Gulf Oil en 1969 argumentando que Bolivia misma debería controlar y beneficiar de los recursos.
El Gas Remplaza El Petróleo
La considerable subida en producción de petróleo y gas en los años 60 fue el antecedente del apogeo económico que llegó a su auge a mediados de los 70. En ese momento los precios de las materias primas estaban altas, la producción extensa, y había fácil y rápido acceso a crédito y préstamos internacionales. Sin embargo, Bolivia no pudo convertir el crecimiento económico en un desarrollo integrado y estructural, y por lo tanto fue un boom económico artificial con consecuencias negativas para el futuro. El apogeo llevó consigo falsas expectativas, inversiones sobredimensionadas, y mayores posibilidades de una caída económica.
Durante los años 70 fue descubierto que Bolivia tenía reservas mucho más grandes de gas que de petróleo. Después de Venezuela, Bolivia tiene las reservas de gas más grandes de Sudamérica, y a partir de 1985 el gas se convirtió en el principal artículo de exportación del país. Si es refinado y distribuido de una manera racional entre el mercado interno y externo, el gas tiene la posibilidad de ser una importante y creciendo fuente de ingresos para Bolivia. Las grandes reservas especialmente ponen a Bolivia en una posición favorable frente a los países vecinos Brasil y Argentina, que consumen mucho gas.
Capitalización
Como parte de la política económica neoliberal, y bajo la influencia del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), un amplio proceso de privatización fue llevado a cabo durante los años 80 y 90. La privatización, o capitalización que se llama en Bolivia, consistió en vender 50% de las acciones en las principales empresas estatales a empresas privadas. Entre ellas YPFB, que también fue dividido en entidades más pequeñas. La idea supuestamente era atraer inversiones en el sector petrolero, y como consecuencia aumentar los ingresos. Sin embargo, las empresas privadas obtuvieron condiciones muy favorables, y pagaron un impuesto de soloamente 18%, y por lo tanto la mayoría de los ingresos se quedaron en los bolsillos de los dueños extranjeros en vez de beneficiar al estado y el pueblo bolivianos. Cuando Bolivia privatizó las refinerías el estado perdió la posibilidad de controlar el alza de precios en productos de consumo importantes en el mercado interno, como por ejemplo la gasolina, y también la cantidad extraída. Además a las transnacionales les interesaba más el mercado de exportaciones que el boliviano. En el mercado mundial podían jugar el papel tanto de vendedor como de comprador, y entonces podían establecer los precios.
La Nueva Nacionalización
En 2005 el Congreso aprobó una nueva ley de petróleo en el cual el nivel de impuestos subió a 50%, y el 1 de mayo de 2006, Evo Morales declaró la tercera nacionalización boliviana de los recursos hidrocarburíferos. Implica que el estado recupera por lo menos 51% de las empresas capitalizadas, más una refinanciación de YPFB. En la propuesta para la nueva constitución política de estado YPFB es dado una posición especial como administrador de los hidrocarburos en todas las partes de la cadena productiva. Después de que fue iniciado el proceso de la nacionalización los ingresos de la industria petrolera ha triplicado, y los impuestos han subido de 18% en 2005 a 76% en 2007. En los medios de comunicación en Noruega y otros países industrializados esta nacionalización ha sido presentado como radical y algo que crea un ambiente inseguro para las inversiones. El ganador del Premio Nóbel de Economía y ex -economista del Banco Mundial Joseph Stiglitz es uno de los que abiertamente ha aplaudido el proceso de nacionalización. Según Stiglitz esta nacionalización es el mero hecho de reconquistar algo que ha sido robado del pueblo boliviano, y un proceso necesario. En comparación Noruega no ha vivido este tipo de nacionalización, pero cobramos más impuestos, desde el principio exigimos que las empresas privadas que operaban en el país educaran a noruegos en el sector de exploración, explotación y refinación, y tenemos una petrolera estatal con grandes concesiones en el territorio noruego.
Morales no ha expropiado las empresas privadas, pero en el 2006 el presidente dio la oportunidad a las petroleras presentes en Bolivia de renegociar los contratos dentro de un período de 180 días. Los nuevos contratos fueron aprobados por el Congreso poco tiempo antes de que se terminara el plazo, y han sido criticados tanto por la oposición como por algunos de los partidarios de Morales. Muchos de los actores de la izquierda opinan que al permitir que las transnacionales se quedan en el país, el gobierno legitima violaciones de los contratos anteriores, y continua con un modelo económico neoliberal. Consideran que es una contradicción de la política socialista que fue la plataforma sobre la que Morales fue elegido, y la política que quiere realizar.
Dos años después de la nacionalización, el 1 de mayo de 2008, Morales pudo declarar que el Estado ha asumido la mayoría accionista en cuatro de las petroleras que operan en Bolivia. Se trata de empresas capitalizadas y separadas de YPFB en los años 90: Chaco, Andina, Transredes y CLHB. El gobierno llegó a un acuerdo con Andina a través de negociaciones, mientras las demás han sido obligadas a vender acciones. Precisamente el hecho de que Morales gasta tiempo y dinero en recuperar las petroleras ha sido criticado, y se discute si se puede llamar una verdadera nacionalización. Mirko Orgaz del comité cívico de la izquierda de Camiri, una de las ciudades petroleras en el sur de Bolivia, dice, por ejemplo, que cuando el Estado Boliviano da una compensación económica a las empresas extranjeras, está pagando por algo de que en realidad es propiedad suya. Cuando YPFB fue capitalizado las transnacionales fueron obligadas a invertir en la industria petrolera, pero en realidad las inversiones fueron muy escasas y por lo tanto Orgaz opina que no merecen ninguna compensación. Las únicas inversiones hechas fueron realizadas con dinero ganado con los hidrocarburos del pueblo boliviano, algo que significa que verdaderamente son los bolivianos mismos que han invertido. Sin que la mayoría de las ganancias haya beneficiado al país.
Aunque Orgaz y otros críticos tienen argumentos completamente legítimos para la expropiación creemos que en este momento es algo que posiblemente pueda dañar más que estimular la economía del país. Hay evidencias de que YPFB no está suficientemente fuerte para manejar los retos del sector petrolero solo, considerando la necesidad de capital, tecnología y conocimiento. Esto se ha mostrado, por ejemplo, en el hecho de que YPFB en los últimos dos años ha tenido cinco presidentes diferentes. En los estatutos de la empresa está claramente expresado que el presidente tiene que tener como mínimo 10 años de experiencia de la industria petrolera, una condición que no ha sido cumplida últimamente. Es esencial que este requisito sea cumplido y que YPFB esté manejado por personas altamente calificadas y en concordancia con la política oficial de los hidrocarburos. Esperamos que YPFB con el tiempo pueda obtener el conocimiento necesario para gestionar los recursos del país de una manera sostenible que beneficie a toda la nación. Recién entonces puede controlar completamente su propia industria hidrocarburífera como está exigiendo el pueblo. Además que un fortalecimiento de YPFB es una demanda popular en Bolivia que el sector petrolero se industrialice. Tanto para crear empleo como para añadir valor agregado al gas exportado. Como ejemplo Bolivia está vendiendo gas natural a Brasil que refina el gas y lo vuelve a vender a Bolivia a un precio más alto. Esto genera grandes pérdidas para Bolivia tanto en las importaciones como en las exportaciones, y fácilmente se entiende que esto no es buen negocio para el país. Sin embargo concuerda con la política del Banco Mundial de cómo se puede utilizar los recursos para fomentar crecimiento económico en un país en vía de desarrollo. Gobiernos anteriores siguieron los consejos de FMI y el Banco Mundial que siguen insistiendo en que lo mejor para Bolivia sería vaciar los pozos de petróleo y gas sin recibir mucho en retorno. Hoy en día parece que Evo Morales ha considerado varios aspectos importantes antes de poner su política en marcha. El gobierno está realizando una nacionalización, y también el país se queda con capacidad, capital y tecnología. El Banco Mundial planteaba que la nacionalización resultaría en una fuga de capital, pero hasta ahora esto no ha pasado. Ahora el estado tiene mayor control del sector petrolero y han aumentados sus ingresos, y al mismo tiempo las inversionistas extranjeras se han quedado en el país. Falta ver si esta vez los recursos naturales se quedan en manos bolivianas el tiempo suficiente para que el país tenga un desarrollo económico y social.
