El
Presidente y el vicepresidente Álvaro García participaron del acto por
el Día del Petrolero de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) celebrado en instalaciones de un centro de eventos en
la zona Sur paceña. El presidente de la petrolera, Carlos Villegas, por
su parte, destacó el aporte de la empresa al país.
La
administración de Morales nacionalizó en mayo 2006 los recursos
hidrocarburíferos y potenció a la estatal petrolera, que tiene presencia
en los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector. La
nacionalización implicó el cambio de participación de las utilidades,
siendo el Estado el mayor beneficiario.
Los ingresos
para Bolivia entre 2006 a la fecha ascienden a 16.678 millones de
bolivianos, que representa “un promedio año de 2.383 millones de
dólares”, destacó el mandatario, quien añadió que la capitalización,
impulsada en el primero gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, “ha sido
un cáncer para la economía nacional”. Antes del 2006, la renta promedio
era de 332 millones de dólares.
Uno de los hechos
negativos que marcó este proceso fue el caso de corrupción en el que fue
involucrado el entonces presidente de YPFB, Santos Ramirez, quien
permanece recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz. Es acusado de
favorecer a la empresa Catler-Uniservice en la firma de un contrato para
la construcción de una planta separadora de gas en Río Grande, Santa
Cruz.
De hecho, Morales dijo hoy que este caso,
junto a los referéndums autonómicos de 2008 en lo que en ese entonces se
llamó la media luna, no lo dejó dormir. Señaló que la corrupción no
tendrá inmunidad ni impunidad en su Gobierno y planteó premiar a los
trabajadores de la estatal petrolera que denuncien hechos de corrupción
respaldados.
Mientras tanto, Villegas destacó el
fortalecimiento de YPFB y su aporte económico a la economía nacional,
aunque advirtió que las licencias ambientales demoran 18 meses y se
convierten en una obstrucción al desarrollo de las diferentes
actividades de exploración de hidrocarburos.
Estas licencias, según explicó, deberían tramitarse y aprobarse en seis meses.
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 20/12/2012
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