El gobernador rionegrino, Miguel Saiz, destacó el alcance social del acuerdo para mejorar el precio del gas en boca de pozo, alcanzado entre la nación y las empresas productoras de hidrocarburos, al que se adhirieron las provincias petroleras.
El gobernador agregó que los nuevos precios establecidos para el gas con destino a usinas y para el área residencial, viabilizan el plan de inversiones de las firmas productoras de hidrocarburos.
Saiz señaló que los nuevos valores (de 40 a 46 centavos de dólar en boca de pozo de manera sostenida y paulatina) prácticamente duplican a los que se venían abonando hasta el momento, y con las nuevas inversiones se garantiza más producción y los puestos de trabajo. “También es cierto que las provincias productoras han resignado parte de sus recursos por regalías del sector, para que sean destinados por la nación al conjunto del país”, señaló Saiz. /Telam Fuente: www.eldeber.com.bo
jueves, 30 de julio de 2009
Liberan a más implicados de casos Sipsa y Catler
Fallo. La justicia paceña dispuso ayer la libertad de la ex asesora jurídica de YPFB Esther Carmona. Los fiscales Edward Mollinedo y César Romano han sido recusados por los imputados
El caso YPFB-Sipsa comienza a desinflarse. Ayer, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz dispuso la libertad de la ex asesora legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Esther Carmona, con ello sólo Santos Ramírez, ex titular de la petrolera, sigue detenido en el penal de San Pedro por la supuesta compra irregular de acciones de la empresa Full Industry y la formación de la compañía YPFB Sipsa.
Empero, Ramírez está preso por el contrato con Catler Uniservice, para la instalación de una planta separadora de licuables que no se llegó a efectuar en el campo de Río Grande, por un monto de $us 86,3 millones.
Los vocales no encontraron suficientes indicios de culpabilidad en Carmona, pero seguirá siendo investigada. Con este fallo, todos los ex ejecutivos de YPFB Sipsa están fuera de prisión: Misael Gemio (ex presidente con arresto domiciliario), Esther Carmona (ex vicepresidenta) y Rogelio Ashimine (ex gerente). También está con arresto domiciliario el ex súper de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa.
Sin embargo, el vocal de esa sala de la Corte de Justicia de La Paz, Ángel Aruquipa, votó contra la cesación de libertad de Carmona.
Los fiscales que son recusados permanentemente por los imputados explicaron que Carmona provocó un daño económico al Estado en la recalificación de garrafas de Bs 498.859, otros Bs 6.368.084 en el caso de YPFB Sipsa y Bs 7.872.766 en el caso del taladro para el campo Víbora de Andina.
Los fiscales aseguran que el ex titular de YPFB Santos Ramírez adquirió ilícitamente 218 acciones de la firma Full Industry S.A.
Por otra parte, en el caso YPFB-Catler Uniservice, en el que la justicia determinó hace tres meses la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de cinco imputados por las anomalías encontradas. En la actualidad, Miguel O’Connor salió de la cárcel y está con arresto domiciliario; entre tanto, Javier Navía Doria Medina, Gonzalo Aramayo Doria Medina, Mario Cossío McGalem y Luis Fernando Córdova están detenidos.
El 27 de enero, Jorge O’Connor D’Arlach -hermano de Miguel- fue asesinado en la puerta de la casa de Aramayo, donde le robaron $us 450.000, presuntamente destinados a una coima para Santos Ramírez.
Fejuve La Paz denuncia más corrupción
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Germán Arteaga, y el director de esa organización, Carlos Cutipa Barrón, denunciaron ayer que la estatal petrolera eliminó varios requisitos imprescindibles en la convocatoria para la compra de gabinetes de medición y regulación; adquisición de tuberías de acero y la adquisición de equipos de medición de gas natural.
Los denunciantes, que enviaron ayer una carta al presidente de YPFB, Carlos Villegas, sostienen que se pretende adquirir equipos inseguros y de baja calidad para beneficiar con la adjudicación a una empresa proveedora de insumos médicos o similares.
Por otra parte, la red Erbol informó de que, a causa de la millonaria corrupción descubierta a comienzos de este año en YPFB, la ejecución en inversiones en los primeros meses de 2009 en esta empresa fue cero, lo mismo que en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, según fuentes vinculadas al Gobierno. Fuente: www.eldeber.com.bo
Para buscar petróleo
Inician las exploraciones sísmicas en norte de La Paz
De acuerdo a denuncias de organizaciones no gubernamentales, en el norte del país ya empezó la perforación, en especial en el territorio indígena Mosetén, y en breve empezarán con las detonaciones.
Según las denuncias, la empresa norteamericana Geokinetics, subcontratada por Petroandina, ya está perforando las líneas sísmicas que atraviesan el territorio indígena Mosetén y hacia mediados del mes de agosto, empezará lo peor: las detonaciones masivas de dinamita que agravarán de manera irreversible el daño ambiental y social que ya está ocasionando el trabajo exploratorio.
Esta situación escandalosa, violatoria del conjunto de los derechos de este pueblo indígena, y que promoverá un punto de no retorno para la sobrevivencia del frágil ecosistema de la Amazonía Sur boliviana, fue constatada en el lugar por Pablo Cingolani y Patricia Molina, en un viaje que realizaron a las comunidades Mosetenés y sus territorios, en donde la empresa estadounidense está operando.
Invasión petrolera
“Lo que hemos visto son comunidades invadidas por los petroleros. Campamentos por todos lados, vagonetas y camionetas, buses y camiones de la empresa yendo y viniendo, hombres vestidos de naranja pululando como hormigas (el naranja es el color de los uniformes de la Geokinetics)”, señalan.
En su momento el gobierno indicó que habría organizaciones gubernamentales con asesores extranjeros que se oponían a los trabajos petroleros en el norte de La Paz, y que nunca se opusieron a emprendimientos similares en otras regiones del país.
Los denunciantes sostienen que hay equipos de trabajadores que ni siquiera han pedido permiso a los moradores de las comunidades y se han puesto a trabajar como si fueran de su propiedad, hasta el punto de que las líneas sísmicas son tendidas a través de las casas de las comunidades, pasan los patios, ¡donde juegan los niños!, los baños higiénicos y las canchas de fútbol. Fuente: www.eldiario.net
El Gobierno iraní aprueba crédito por $us 280 millones para Bolivia
Apoyos • El dinero será utilizado para proyectos que el Ejecutivo boliviano disponga.
Irán aprobó un crédito por 280 millones de dólares para Bolivia, el más grande desde que ambos países establecieron relaciones en 2007, para proyectos que el presidente Evo Morales disponga, informó el encargado de Negocios iraní en La Paz, Masoud Edrisi, según Erbol que cita a una agencia internacional.
Edrisi dijo que el crédito fue aprobado en febrero para proyectos que el Gobierno boliviano privilegie. Una de las posibilidades podría ser la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo, agrega la nota de Erbol.
La tasa de interés será baja y se definirá en negociaciones entre las partes así como el plazo para la amortización del fondo, explicó el diplomático.
Según la agencia mencionada por Erbol, Edrisi dijo que muchos proyectos de la cooperación iraní a Bolivia ya están en marcha.
El diplomático citó la venta de 700 tractores iraníes fabricados en Venezuela que Morales regaló a los municipios del país; la instalación de plantas lácteas y el apoyo financiero para una fábrica estatal de cemento.
Aunque aún no intercambiaron embajadores, Bolivia e Irán establecieron relaciones diplomáticas a finales de 2007. En septiembre de 2008 llegó a La Paz el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, y ofreció a Morales una cooperación de 1.000 millones de dólares en varios sectores, incluyendo los hidrocarburos.
Edrisi dijo —según la nota citada por Erbol— que a su gobierno le interesa ampliar sus relaciones económicas y comerciales con Latinoamérica por lo que ha establecido embajadas en 11 países, con una cantidad de personas que no pasa de la media centena.
La delegación más numerosa está en Caracas con 12 funcionarios. En Bolivia son tres, aseguró.
Irán afianzó sus vínculos sobre todo con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en el marco de su política de ampliar sus relaciones políticas y romper un aislamiento internacional.
Irán tiene especial interés en comprar quinua, soya, estevia (planta edulcorante), posiblemente textiles y otros productos agrícolas a Bolivia.
El diplomático rechazó informes recientes de los servicios secretos de Israel que afirmaron que Irán se aprovisiona de uranio de Bolivia y Venezuela para su programa nuclear. Fuente: www.la-razon.com
Irán aprobó un crédito por 280 millones de dólares para Bolivia, el más grande desde que ambos países establecieron relaciones en 2007, para proyectos que el presidente Evo Morales disponga, informó el encargado de Negocios iraní en La Paz, Masoud Edrisi, según Erbol que cita a una agencia internacional.
Edrisi dijo que el crédito fue aprobado en febrero para proyectos que el Gobierno boliviano privilegie. Una de las posibilidades podría ser la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo, agrega la nota de Erbol.
La tasa de interés será baja y se definirá en negociaciones entre las partes así como el plazo para la amortización del fondo, explicó el diplomático.
Según la agencia mencionada por Erbol, Edrisi dijo que muchos proyectos de la cooperación iraní a Bolivia ya están en marcha.
El diplomático citó la venta de 700 tractores iraníes fabricados en Venezuela que Morales regaló a los municipios del país; la instalación de plantas lácteas y el apoyo financiero para una fábrica estatal de cemento.
Aunque aún no intercambiaron embajadores, Bolivia e Irán establecieron relaciones diplomáticas a finales de 2007. En septiembre de 2008 llegó a La Paz el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, y ofreció a Morales una cooperación de 1.000 millones de dólares en varios sectores, incluyendo los hidrocarburos.
Edrisi dijo —según la nota citada por Erbol— que a su gobierno le interesa ampliar sus relaciones económicas y comerciales con Latinoamérica por lo que ha establecido embajadas en 11 países, con una cantidad de personas que no pasa de la media centena.
La delegación más numerosa está en Caracas con 12 funcionarios. En Bolivia son tres, aseguró.
Irán afianzó sus vínculos sobre todo con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en el marco de su política de ampliar sus relaciones políticas y romper un aislamiento internacional.
Irán tiene especial interés en comprar quinua, soya, estevia (planta edulcorante), posiblemente textiles y otros productos agrícolas a Bolivia.
El diplomático rechazó informes recientes de los servicios secretos de Israel que afirmaron que Irán se aprovisiona de uranio de Bolivia y Venezuela para su programa nuclear. Fuente: www.la-razon.com
Caciques dicen estar de acuerdo con exploración
HIDROCARBURO • Afirman que se les consultó sobre la búsqueda de petróleo en el norte paceño.
Las comunidades pertenecientes a los territorios Mosetén y Leco, en el norte paceño, aprueban la exploración hidrocarburífera iniciada en esa región, informaron sus caciques (dirigentes).
El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) informó el martes a La Razón que de las ocho comunidades del territorio Mosetén, cuatro están en contra de la búsqueda de petróleo realizada por la empresa Petroandina que, según ellas, afecta la actividad productiva de los indígenas y el ecosistema.
“Cada pueblo hizo la consulta (sobre la exploración) con sus bases y todas las comunidades participaron (...)”, señaló el cacique de la comunidad mosetén Cobendo, Enrique Arturo Romero.
Mientras que el coordinador del Consejo Regional del Pueblo Leco, José Tupa, afirmó que se cuentan con las actas de validación (de la consulta), con las firmas de los propios pobladores.
“Los hidrocarburos son recursos estratégicos para sacar adelante a nuestras comunidades”, complementó el dirigente.
Romero agregó que guías comunitarios y otros representantes indígenas realizan la tarea de fiscalización y control ambiental a la labor de Petroandina.
La Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP) acusó a Romero y a otros líderes del norte de La Paz de beneficiarse con el alquiler de sus parcelas a la empresa, a cambio de autorizar la exploración, y al Gobierno de manipular y dividir a la región, según reportó ANF.
EL PROYECTO
Sísmica • Petroandina inició en el bloque Lliquimuni del norte paceño la exploración sísmica, consistente en explosiones subterráneas que permitan identificar hidrocarburos.
Inversión • La empresa, conformada por la estatal YPFB y la venezolana PDVSA, destinará 244 millones de dólares a la búsqueda de petróleo en el bloque Lliquimuni.
Central pide nueva consulta
La Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz dijo que los pueblos indígenas del norte amazónico paceño demandan una nueva consulta para la exploración y explotación de petróleo en la zona, según el representante de los Mosetén, Vicente Moy.
Moy denunció que la consulta que realizó el Ministerio de Hidrocarburos durante la segunda fase de exploración fue irregular y que se recolectaron firmas con presiones.
´En mi comunidad habían estado recogiendo firmas de casa en casa y a quien no quería firmar, el cacique le decía: ‘Te vamos a disminuir tu parcela agrícola, te vamos a disminuir tu parcela urbana’. Para esta consulta hicieron parar las clases y llevaron a los niños al taller para llenar el acta´.
El representante participó ayer en La Paz de un encuentro que trató el tema y que contó con la presencia de representantes de otros pueblos indígenas. ANF Fuente: www.la-razon.com
Las comunidades pertenecientes a los territorios Mosetén y Leco, en el norte paceño, aprueban la exploración hidrocarburífera iniciada en esa región, informaron sus caciques (dirigentes).
El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) informó el martes a La Razón que de las ocho comunidades del territorio Mosetén, cuatro están en contra de la búsqueda de petróleo realizada por la empresa Petroandina que, según ellas, afecta la actividad productiva de los indígenas y el ecosistema.
“Cada pueblo hizo la consulta (sobre la exploración) con sus bases y todas las comunidades participaron (...)”, señaló el cacique de la comunidad mosetén Cobendo, Enrique Arturo Romero.
Mientras que el coordinador del Consejo Regional del Pueblo Leco, José Tupa, afirmó que se cuentan con las actas de validación (de la consulta), con las firmas de los propios pobladores.
“Los hidrocarburos son recursos estratégicos para sacar adelante a nuestras comunidades”, complementó el dirigente.
Romero agregó que guías comunitarios y otros representantes indígenas realizan la tarea de fiscalización y control ambiental a la labor de Petroandina.
La Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP) acusó a Romero y a otros líderes del norte de La Paz de beneficiarse con el alquiler de sus parcelas a la empresa, a cambio de autorizar la exploración, y al Gobierno de manipular y dividir a la región, según reportó ANF.
EL PROYECTO
Sísmica • Petroandina inició en el bloque Lliquimuni del norte paceño la exploración sísmica, consistente en explosiones subterráneas que permitan identificar hidrocarburos.
Inversión • La empresa, conformada por la estatal YPFB y la venezolana PDVSA, destinará 244 millones de dólares a la búsqueda de petróleo en el bloque Lliquimuni.
Central pide nueva consulta
La Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz dijo que los pueblos indígenas del norte amazónico paceño demandan una nueva consulta para la exploración y explotación de petróleo en la zona, según el representante de los Mosetén, Vicente Moy.
Moy denunció que la consulta que realizó el Ministerio de Hidrocarburos durante la segunda fase de exploración fue irregular y que se recolectaron firmas con presiones.
´En mi comunidad habían estado recogiendo firmas de casa en casa y a quien no quería firmar, el cacique le decía: ‘Te vamos a disminuir tu parcela agrícola, te vamos a disminuir tu parcela urbana’. Para esta consulta hicieron parar las clases y llevaron a los niños al taller para llenar el acta´.
El representante participó ayer en La Paz de un encuentro que trató el tema y que contó con la presencia de representantes de otros pueblos indígenas. ANF Fuente: www.la-razon.com
miércoles, 29 de julio de 2009
Exploración en el norte de La Paz divide a indígenas
Hidrocarburos • Según el Fobomade, hay cuatro comunidades que apoyan los trabajos de Petroandina y otras cuatro que lo rechazan.
Los trabajos de exploración hidrocarburífera que se iniciaron en el norte de La Paz (en Lliquimuni) están dividiendo a las comunidades indígenas del territorio Mosetén, informó la representante del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Mabel Mendoza.
De las ocho comunidades que componen la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosetén, cuatro están de acuerdo con la exploración iniciada este año por la empresa Petroandina y el resto está en contra, porque, según ellas, afecta la actividad productiva de los indígenas y por los impactos ambientales en áreas protegidas.
Petroandina es resultado de la sociedad entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las comunidades que favorecen la actividad exploratoria de esta compañía en la región son Santa Ana, Inicua, Muchanes y Simay, y las que se oponen son Villa Concepción, Cabenda, San Pedro de Cogotay y San José.
Mendoza denunció que la petrolera contrató una empresa estadounidense para realizar tra- bajos de sísmica que no estaría respetando las comunidades y opera sobre territorios ocupados por flora y fauna, viviendas, canchas, avenidas.
Agregó que la empresa, al utilizar dinamitazos para realizar sus tareas, está espantando a los animales, lo cual perjudica el modo de sustento de algunos comunarios, como la caza y pesca.
El presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), Vicente Moy, indicó que los trabajos de exploración pueden continuar, aunque con el acompañamiento de las organizaciones indígenas, a fin de que se pueda cuidar el medio ambiente y los intereses de los comunarios.
Mendoza se quejó porque la empresa y el Ministerio de Hidrocarburos no cumplen con la consulta a las organizaciones indígenas, y lo hacen de forma individual con los caciques de algunas comunidades, sin respetar la nueva CPE, la Ley 3058 y otras normas.
El representante de Fobomade no descartó que en la TCO ocurra un hecho similar al acaecido en Bagua (Perú), donde murieron 34 personas tras un enfrentamiento entre policías e indígenas que se oponían a la actividad petrolera.
Invertirán $us 1.036 millones
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, dijo que la inversión para actividad petrolífera en el norte de La Paz llegará a 1.036 millones de dólares durante los próximos cinco años.
La información, publicada el 14 de julio por La Razón, agrega que la sociedad entre Gas To Liquid International (GTLI) y YPFB invertirá inicialmente en el bloque río Beni 794 millones de dólares y la sociedad con Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petroandina, destinará 244 millones en cinco bloques de Lliquimuni. Ambas zonas están en el norte paceño.
Los montos responden a tareas de exploración y explotación. Además, Villegas adelantó que Petroandina tiene proyectado realizar actividad exploratoria simultánea en el bloque Sécure, entre los departamentos de Beni y La Paz.
En el caso de Lliquimuni, donde la exploración comenzó a principios del 2009, Villegas dijo que ya se ejecutó el estudio geológico y se entró a la etapa de sísmica 2D, que durará hasta fines de este año. Fuente: www.la-razon.com
Los trabajos de exploración hidrocarburífera que se iniciaron en el norte de La Paz (en Lliquimuni) están dividiendo a las comunidades indígenas del territorio Mosetén, informó la representante del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Mabel Mendoza.
De las ocho comunidades que componen la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosetén, cuatro están de acuerdo con la exploración iniciada este año por la empresa Petroandina y el resto está en contra, porque, según ellas, afecta la actividad productiva de los indígenas y por los impactos ambientales en áreas protegidas.
Petroandina es resultado de la sociedad entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las comunidades que favorecen la actividad exploratoria de esta compañía en la región son Santa Ana, Inicua, Muchanes y Simay, y las que se oponen son Villa Concepción, Cabenda, San Pedro de Cogotay y San José.
Mendoza denunció que la petrolera contrató una empresa estadounidense para realizar tra- bajos de sísmica que no estaría respetando las comunidades y opera sobre territorios ocupados por flora y fauna, viviendas, canchas, avenidas.
Agregó que la empresa, al utilizar dinamitazos para realizar sus tareas, está espantando a los animales, lo cual perjudica el modo de sustento de algunos comunarios, como la caza y pesca.
El presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), Vicente Moy, indicó que los trabajos de exploración pueden continuar, aunque con el acompañamiento de las organizaciones indígenas, a fin de que se pueda cuidar el medio ambiente y los intereses de los comunarios.
Mendoza se quejó porque la empresa y el Ministerio de Hidrocarburos no cumplen con la consulta a las organizaciones indígenas, y lo hacen de forma individual con los caciques de algunas comunidades, sin respetar la nueva CPE, la Ley 3058 y otras normas.
El representante de Fobomade no descartó que en la TCO ocurra un hecho similar al acaecido en Bagua (Perú), donde murieron 34 personas tras un enfrentamiento entre policías e indígenas que se oponían a la actividad petrolera.
Invertirán $us 1.036 millones
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, dijo que la inversión para actividad petrolífera en el norte de La Paz llegará a 1.036 millones de dólares durante los próximos cinco años.
La información, publicada el 14 de julio por La Razón, agrega que la sociedad entre Gas To Liquid International (GTLI) y YPFB invertirá inicialmente en el bloque río Beni 794 millones de dólares y la sociedad con Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petroandina, destinará 244 millones en cinco bloques de Lliquimuni. Ambas zonas están en el norte paceño.
Los montos responden a tareas de exploración y explotación. Además, Villegas adelantó que Petroandina tiene proyectado realizar actividad exploratoria simultánea en el bloque Sécure, entre los departamentos de Beni y La Paz.
En el caso de Lliquimuni, donde la exploración comenzó a principios del 2009, Villegas dijo que ya se ejecutó el estudio geológico y se entró a la etapa de sísmica 2D, que durará hasta fines de este año. Fuente: www.la-razon.com
martes, 28 de julio de 2009
La Contraloría auditará a las nueve prefecturas del país
El contralor general, Gabriel Herbas, informó de la realización de auditorías especiales a las nueve prefecturas del país, para analizar el manejo de los recursos económicos otorgados mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Herbas explicó que asumió la decisión tras recibir frecuentes denuncias de corrupción.
Agregó que ya se terminó la auditoría a la Prefectura de Santa Cruz y halló responsabilidades en contra del prefecto, Rubén Costas.
El estudio detectó un daño económico de 10 millones de bolivianos por la realización del referéndum autonómico del 4 de mayo del 2008.
Ratificó la denuncia sobre el mal manejo de recursos en la Prefectura de Tarija en la construcción de dos obras.Fuente: www.la-razon.com
Herbas explicó que asumió la decisión tras recibir frecuentes denuncias de corrupción.
Agregó que ya se terminó la auditoría a la Prefectura de Santa Cruz y halló responsabilidades en contra del prefecto, Rubén Costas.
El estudio detectó un daño económico de 10 millones de bolivianos por la realización del referéndum autonómico del 4 de mayo del 2008.
Ratificó la denuncia sobre el mal manejo de recursos en la Prefectura de Tarija en la construcción de dos obras.Fuente: www.la-razon.com
La recusación a fiscales dilata el caso Catler-YPFB
ESPERA • La Fiscalía pospuso la declaración de tres personas mientras el pedido se resuelve.
La indagación del presunto hecho de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sufre retrasos debido a que Luis Fernando Córdova, uno de los acusados, pidió el alejamiento de dos de los fiscales asignados al caso. Por esta razón, la comisión del Ministerio Público pospuso la declaración de tres personas hasta que el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, resuelva la solicitud del imputado.
“La investigación se ve perjudicada por esta situación (recusación), porque cada fiscal forma parte de de los hechos que están siendo investigados”, informó el fiscal Aldo Ortiz, miembro de la comisión que indaga el caso.
Explicó que por ello se suspendieron las declaraciones previstas para este lunes de Jiovanna Navía, esposa del ex presidente de YPFB Santos Ramírez; la ex secretaria de este personero, Liz Melina Saavedra Medina; y un ex funcionario de la actual administración, Goldy Villanueva Zapata.
Ortiz explicó que es necesario que todos los fiscales de la comisión estén presentes en las declaraciones, porque se trata de un trabajo en equipo en el que cada uno maneja información distinta.
“Esperamos que en el transcurso de la semana se resuelva la recusación”, manifestó.
Mollinedo y Romano tenían hasta ayer para responder el recurso, y el plazo para que Gutiérrez dé su parecer vence el jueves.
Ortiz agregó que Navía, Saavedra y Villanueva fueron convocados a prestar su declaración informativa el lunes 3 de agosto.
ANTECEDENTES
Contrato • El caso gira en torno al contrato firmado entre YPFB y el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Crimen • La indagación inició tras el asesinato, el 27 de enero, de Jorge O’Connor (ejecutivo del consorcio) y el volteo de $us 450 mil, un presunto soborno para Santos Ramírez. Fuente: www.la-razon.com
La indagación del presunto hecho de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sufre retrasos debido a que Luis Fernando Córdova, uno de los acusados, pidió el alejamiento de dos de los fiscales asignados al caso. Por esta razón, la comisión del Ministerio Público pospuso la declaración de tres personas hasta que el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, resuelva la solicitud del imputado.
“La investigación se ve perjudicada por esta situación (recusación), porque cada fiscal forma parte de de los hechos que están siendo investigados”, informó el fiscal Aldo Ortiz, miembro de la comisión que indaga el caso.
Explicó que por ello se suspendieron las declaraciones previstas para este lunes de Jiovanna Navía, esposa del ex presidente de YPFB Santos Ramírez; la ex secretaria de este personero, Liz Melina Saavedra Medina; y un ex funcionario de la actual administración, Goldy Villanueva Zapata.
Ortiz explicó que es necesario que todos los fiscales de la comisión estén presentes en las declaraciones, porque se trata de un trabajo en equipo en el que cada uno maneja información distinta.
“Esperamos que en el transcurso de la semana se resuelva la recusación”, manifestó.
Mollinedo y Romano tenían hasta ayer para responder el recurso, y el plazo para que Gutiérrez dé su parecer vence el jueves.
Ortiz agregó que Navía, Saavedra y Villanueva fueron convocados a prestar su declaración informativa el lunes 3 de agosto.
ANTECEDENTES
Contrato • El caso gira en torno al contrato firmado entre YPFB y el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Crimen • La indagación inició tras el asesinato, el 27 de enero, de Jorge O’Connor (ejecutivo del consorcio) y el volteo de $us 450 mil, un presunto soborno para Santos Ramírez. Fuente: www.la-razon.com
lunes, 27 de julio de 2009
El PIB creció menos por la caída del sector petrolero
CIFRAS • Hasta marzo la economía creció 2,11%, pero el rubro petrolero cayó en 20%
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó que el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año habría sido superior de no ser por la caída de la exportación de hidrocarburos.
El Instituto Nacional de Estadística señaló la semana pasada que hasta marzo el Producto Interno Bruto (PIB) del país (indicador del crecimiento económico) subió en 2,11%, pero que el sector hidrocarburífero cayó en 20%.
En entrevista con la gubernamental Patria Nueva, Arce sostuvo que la reducción de las importaciones (de gas) desde Brasil "está arrastrándonos a una tasa inferior de crecimiento".
El presidente de YPFB Transporte, Cyro Camacho, expresó el 21 de julio que Brasil redujo la importación de gas natural boliviano de 30 a 21 millones de metros cúbicos diarios.
El vecino país mantuvo sus nominaciones bajas hasta mayo, aunque en junio se observó una recuperación. Arce refirió que no cree que esa situación persista, y que en verano Brasil subirá su consumo del energético. Fuente: www.la-razon.com
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó que el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año habría sido superior de no ser por la caída de la exportación de hidrocarburos.
El Instituto Nacional de Estadística señaló la semana pasada que hasta marzo el Producto Interno Bruto (PIB) del país (indicador del crecimiento económico) subió en 2,11%, pero que el sector hidrocarburífero cayó en 20%.
En entrevista con la gubernamental Patria Nueva, Arce sostuvo que la reducción de las importaciones (de gas) desde Brasil "está arrastrándonos a una tasa inferior de crecimiento".
El presidente de YPFB Transporte, Cyro Camacho, expresó el 21 de julio que Brasil redujo la importación de gas natural boliviano de 30 a 21 millones de metros cúbicos diarios.
El vecino país mantuvo sus nominaciones bajas hasta mayo, aunque en junio se observó una recuperación. Arce refirió que no cree que esa situación persista, y que en verano Brasil subirá su consumo del energético. Fuente: www.la-razon.com
Yacimientos registra la menor inversión pública
INFORME • Según el ministro Noel Aguirre, el nivel de ejecución es el “más preocupante”
l ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, informó que la inversión pública de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la más baja entre las entidades estatales.
“Hasta ahora es una de las instituciones que menos ha ejecutado”, dijo la autoridad, cuyo despacho hace seguimiento a la ejecución presupuestaria en ministerios, empresas estatales y gobiernos departamentales.
Aseguró que la inversión pública en otras dependencias del Estado, como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). “está en un nivel aceptable” de ejecución, pero que la de Yacimientos “es la más preocupante”. El Banco Central de Bolivia (BCB) otorgó el año pasado un crédito de $us 1.000 millones a la estatal petrolera, recursos que aún no han sido empleados.
Gran parte del presupuesto de la entidad está destinado a la instalación de 100 mil nuevas conexiones de gas natural domiciliario en el país. Sin embargo, la compra de los materiales para el proyecto sufrió retrasos.
Aguirre aseguró que la estatal petrolera tomó previsiones para mejorar su nivel de inversión. “Sabemos que su cronograma de ejecución en el segundo semestre se va a acelerar”. Fuente: www.la-razon.com
l ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, informó que la inversión pública de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la más baja entre las entidades estatales.
“Hasta ahora es una de las instituciones que menos ha ejecutado”, dijo la autoridad, cuyo despacho hace seguimiento a la ejecución presupuestaria en ministerios, empresas estatales y gobiernos departamentales.
Aseguró que la inversión pública en otras dependencias del Estado, como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). “está en un nivel aceptable” de ejecución, pero que la de Yacimientos “es la más preocupante”. El Banco Central de Bolivia (BCB) otorgó el año pasado un crédito de $us 1.000 millones a la estatal petrolera, recursos que aún no han sido empleados.
Gran parte del presupuesto de la entidad está destinado a la instalación de 100 mil nuevas conexiones de gas natural domiciliario en el país. Sin embargo, la compra de los materiales para el proyecto sufrió retrasos.
Aguirre aseguró que la estatal petrolera tomó previsiones para mejorar su nivel de inversión. “Sabemos que su cronograma de ejecución en el segundo semestre se va a acelerar”. Fuente: www.la-razon.com
Uniservice dio cheques y giros a imputados del caso YPFB
La empresa hizo seis giros y seis cheques por un total de $us 612 mil y Bs 271 mil a Córdova, Cossío Mc Galem, Javier Navía y Gonzalo Aramayo.
Entre septiembre del 2008 y enero de este año, el consorcio Catler-Uniservice envió seis giros bancarios y emitió seis cheques a favor de cuatro de los principales imputados en el presunto caso de corrupción en YPFB. Los recursos salieron del fideicomiso de $us 45 millones que el Gobierno creó para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Datos oficiales a los que accedió La Razón revelan que la empresa Uniservice SRL, socia del consorcio, realizó transferencias de dinero por un total de $us 612.000 y Bs 271.000.
Los beneficiarios son Gonzalo Aramayo Doria Medina, Javier René Navía Doria Medina, Luis Fernando Córdova y Mario Cossío Mc Galem. La Fiscalía los implicó formalmente en el caso y en la actualidad están detenidos en forma preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
El 14 de julio del año pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió un contrato por $us 86,3 millones con el consorcio Catler-Uniservice para la instalación de la planta. Las presuntas irregularidades en torno al documento salieron a la luz tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, representante del consorcio, el 27 de enero del 2009.
Los presuntos asesinos le arrebataron $us 450.000, una comisión ilegal supuestamente destinada al entonces titular de YPFB, Santos Ramírez (MAS), por la adjudicación de la obra. El ex titular de la estatal fue alejado del cargo y está también preso.
Según los datos oficiales, los giros fueron realizados por la encargada de compras de Uniservice, Hilda Soto Cabello, a través de una cuenta en el Banco Bisa.
Las seis transferencias tuvieron como origen la cuenta Nº 2-3278252 que Uniservice abrió en el Banco Unión, entidad a cargo del fideicomiso. A esa cuenta se traspasaron $us 3,3 millones, de los $us 45 millones desembolsados por el Tesoro General de la Nación a favor de Yacimientos.
Javier Navía, hermano de la esposa de Ramírez (Jiovanna Navía), recibió tres giros. El primero se efectuó el 26 de septiembre del 2008 por $us 17.000. El 31 de octubre de ese mismo año, Soto le transfirió Bs 87.500 y el 19 de noviembre, Bs 21.000.
Aramayo, primo de Jiovanna, cobró un único giro por 87.500 bolivianos el 31 de octubre.
En cuanto a Cossío, ingeniero de sistemas de Uniservice, éste percibió un giro por Bs 70.000 el 20 de noviembre y otro por Bs 5.000, siete días después.
La documentación oficial a la que accedió este medio señala que los seis cheques también se originaron en la cuenta de Uniservice en el Banco Unión. Tres de ellos estaban a nombre de Cossío y los otros tres, a nombre de Córdova, implicado en el asesinato de O’Connor y en la contratación del consorcio.
Precisa que ambos cobraron, el 3 de diciembre del 2008, dos cheques por $us 110.000 cada uno. En un video encontrado en la celda de Miguel O’Connor (coimputado en el caso y hermano de Jorge), Córdova confirma esa operación y agrega que Jorge O’Connor retiró otros $us 580.000 ese mismo día.
El acusado afirma en la grabación que el dinero se entregó en esa fecha a Jiovanna Navía ($us 500 mil), y a Javier Navía y Gonzalo Aramayo ($us 300 mil).
De acuerdo con la documentación, Cossío y Córdova cobraron el 15 de enero del 2009 otros dos cheques, de $us 55.000 y $us 20.000, respectivamente. Mientras que el 27 de enero, cuando Jorge O’Connor fue victimado, cada uno sacó $us 150.000. La investigación dio cuenta que los restantes $us 150.000 fueron cobrados por el difunto.
El video
Extorsión • El imputado Luis Fernando Córdova dice en una grabación que Jorge O’Connor era obligado a entregar fuertes cantidades de dinero a ex funcionarios de YPFB e incluso a diputados que pedían el dinero para un senador de Pando.
Uso • El acusado afirma además que Gonzalo Aramayo y Javier Navía (parientes políticos de Santos Ramírez) compraron una flota de radiotaxis con el dinero recibido del empresario. Fuente: www.la-razon.com
miércoles, 22 de julio de 2009
El precio del gas domiciliario bajará a Bs 8 por metro cúbico
El precio del gas domiciliario bajará de 18,28 a 8 bolivianos por metro cúbico, anunció ayer el presidente Evo Morales durante el acto de traspaso de la Empresa Cochabambina de Gas (Emcogas) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Si antes Emcogas cobraba 18,28 bolivianos, ahora que hemos recuperado y está en Yacimientos, la tarifa, el costo será de ocho bolivianos para todo el país”.
El traspaso, en todo caso, afectará al número de conexiones domiciliarias. De las 15 mil prometidas para este año, en Cochabamba se llegará a siete mil.
“Estamos a medio año y quiero ser muy responsable; este año, en seis meses que restan hasta diciembre, vamos a cumplir sólo con 7.000 instalaciones; para el próximo año tenemos programado 20.000 en el departamento”, dijo el Presidente. Redacción Cochabamba Fuente: www.la-razon.com
( Aquí escribimos la parte de entrada que veremos extendida )
“Si antes Emcogas cobraba 18,28 bolivianos, ahora que hemos recuperado y está en Yacimientos, la tarifa, el costo será de ocho bolivianos para todo el país”.
El traspaso, en todo caso, afectará al número de conexiones domiciliarias. De las 15 mil prometidas para este año, en Cochabamba se llegará a siete mil.
“Estamos a medio año y quiero ser muy responsable; este año, en seis meses que restan hasta diciembre, vamos a cumplir sólo con 7.000 instalaciones; para el próximo año tenemos programado 20.000 en el departamento”, dijo el Presidente. Redacción Cochabamba Fuente: www.la-razon.com
( Aquí escribimos la parte de entrada que veremos extendida )
Inversión en hidrocarburos llegará a $us 5 mil millones
El Gobierno anunció que prevé invertir 5.000 millones de dólares en los próximos cinco años para consolidar la presencia del Estado en el sector petrolero, nacionalizado bajo el mandato de Evo Morales.
El ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, dijo en Cochabamba que, a partir de ahora, el Estado comenzará a invertir a "otro ritmo" diferente al que se tuvo en años previos al 2006, cuando el gobierno del presidente Morales inició la nacionalización del sector.
Dijo que en el próximo quinquenio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene como tarea invertir en exploración, explotación y distribución "más de 5.000 millones de dólares".
El funcionario anunció esta previsión de inversiones en un acto, donde Morales asistió al traspaso a manos del Estado de Emcogas, compañía de distribución de gas en redes para domicilios. Fuente: www.la-razon.com EFE
El ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, dijo en Cochabamba que, a partir de ahora, el Estado comenzará a invertir a "otro ritmo" diferente al que se tuvo en años previos al 2006, cuando el gobierno del presidente Morales inició la nacionalización del sector.
Dijo que en el próximo quinquenio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene como tarea invertir en exploración, explotación y distribución "más de 5.000 millones de dólares".
El funcionario anunció esta previsión de inversiones en un acto, donde Morales asistió al traspaso a manos del Estado de Emcogas, compañía de distribución de gas en redes para domicilios. Fuente: www.la-razon.com EFE
YPFB Transporte construirá el gasoducto a Argentina
Exportación • Bolivia venderá 20 millones de metros cúbicos diarios al vecino país.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte será la empresa que construya el gasoducto de exportación de gas natural a Argentina, luego que los gobiernos de ambos países definieron y establecieron un volumen de venta de 20,3 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), informó el presidente de la compañía, Cyro Camacho.
“Hay un avance (en la negociación) a nivel de gobiernos que está cerrando volúmenes, entiendo que ya los ha cerrado con Argentina, con Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), a 20,3 MMmcd de gas”, señaló ayer el Ejecutivo de YPFB Transporte.
El gasoducto se extenderá por 20 kilómetros, desde el campo gasífero de San Alberto (Tarija) hasta la frontera con Argentina, y tendrá entre 32 y 36 pulgadas de diámetro. Se estima que esté concluido hasta el 2013 y tenga un costo aproximado de 30 millones de dólares, reveló.
Cyro Camacho explicó que la construcción del gasoducto no será complicada, en comparación a lo que significó el gasoducto al Brasil, que tiene una longitud de 297 kilómetros.
Indicó que ya hay un avance técnico respecto a la ingeniería básica del proyecto y también en lo referido a la planta separadora de líquidos.
El 2006, YPFB y Enarsa suscribieron un contrato de compra y venta de gas por 20 años. El acuerdo entró en vigencia a partir del 2007 y establecía un mínimo de 7,7 MMmcd y un máximo, de 27,7 MMmcd a partir del 2010
Este contrato fue incumplido por la insuficiente producción de gas del país.
La Estrategia Nacional de Hidrocarburos del Gobierno, considerando los déficits de producción existentes en ese periodo, propuso la reprogramación de los volúmenes contractuales con el mercado de Argentina a través de la firma de una adenda al contrato suscrito entre YPFB-Enarsa.
Camacho dijo desconocer si se firmó la adenda para definir los nuevos volúmenes y plazos, pero manifestó estar convencido del avance que existe en esa negociación.
Aclaró que la capacidad del ducto se definirá con el análisis que se está realizando acerca de la disponibilidad de gas, y que dependerá de la estrategia de desarrollo que está planteando YPFB, casa matriz. Fuente: www.la-razon.com
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte será la empresa que construya el gasoducto de exportación de gas natural a Argentina, luego que los gobiernos de ambos países definieron y establecieron un volumen de venta de 20,3 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), informó el presidente de la compañía, Cyro Camacho.
“Hay un avance (en la negociación) a nivel de gobiernos que está cerrando volúmenes, entiendo que ya los ha cerrado con Argentina, con Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), a 20,3 MMmcd de gas”, señaló ayer el Ejecutivo de YPFB Transporte.
El gasoducto se extenderá por 20 kilómetros, desde el campo gasífero de San Alberto (Tarija) hasta la frontera con Argentina, y tendrá entre 32 y 36 pulgadas de diámetro. Se estima que esté concluido hasta el 2013 y tenga un costo aproximado de 30 millones de dólares, reveló.
Cyro Camacho explicó que la construcción del gasoducto no será complicada, en comparación a lo que significó el gasoducto al Brasil, que tiene una longitud de 297 kilómetros.
Indicó que ya hay un avance técnico respecto a la ingeniería básica del proyecto y también en lo referido a la planta separadora de líquidos.
El 2006, YPFB y Enarsa suscribieron un contrato de compra y venta de gas por 20 años. El acuerdo entró en vigencia a partir del 2007 y establecía un mínimo de 7,7 MMmcd y un máximo, de 27,7 MMmcd a partir del 2010
Este contrato fue incumplido por la insuficiente producción de gas del país.
La Estrategia Nacional de Hidrocarburos del Gobierno, considerando los déficits de producción existentes en ese periodo, propuso la reprogramación de los volúmenes contractuales con el mercado de Argentina a través de la firma de una adenda al contrato suscrito entre YPFB-Enarsa.
Camacho dijo desconocer si se firmó la adenda para definir los nuevos volúmenes y plazos, pero manifestó estar convencido del avance que existe en esa negociación.
Aclaró que la capacidad del ducto se definirá con el análisis que se está realizando acerca de la disponibilidad de gas, y que dependerá de la estrategia de desarrollo que está planteando YPFB, casa matriz. Fuente: www.la-razon.com
Brasil baja otra vez la demanda de gas natural
El vecino país está comprando 31 millones de metros cúbicos diarios del hidrocarburo, lo que incide directamente en la producción de líquidos, como gasolina y gas licuado de petróleo, para el consumo interno.
Brasil redujo la importación de gas natural boliviano de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a 21 MMmcd, lo cual incidirá negativamente en los ingresos del país y en la producción de combustibles líquidos para el mercado interno durante el invierno, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte, Cyro Camacho.
Bolivia ha exportado tradicionalmente al mercado brasileño un máximo de 31 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas natural y desde el 29 de diciembre del 2008 comenzó a bajar los volúmenes de venta debido al menor requerimiento del vecino país.
Brasil mantuvo sus nominaciones bajas hasta mayo del 2009, aunque en junio se observó una recuperación y se volvieron a enviar hasta 30 MMmcd.
“Nuevamente esta semana han demandado y programado sólo 21 MMmcd (...) Definitivamente hay baja de volúmenes de exportación importantes que no sólo afectan al gas sino también al líquido asociado como la gasolina y el gas licuado de petróleo (GLP) y compromete la producción nacional de carburantes en las refinerías”, dijo.
Camacho prestó ayer sus declaraciones informativas ante la Comisión de Desarrollo Sostenible del Senado sobre la nacionalización de Transredes, actual YPFB Transporte.
La primera disminución de envíos a Brasil ya afectó a los ingresos del Tesoro General de la Nación, de las prefecturas, municipios y universidades.
El mercado interno también se perjudicó, ya que el Gobierno se vio obligado a importar 18 mil metros cúbicos diarios de gasolina y 40 toneladas diarias de GLP, de acuerdo a anteriores declaraciones del presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Ahora la segunda reducción tendrá mayores efectos en el mercado interno, ya que se reducirá más aún la producción de los combustibles.
Los últimos datos de exportación de gas a Brasil hecha por YPFB Transporte reflejan que la demanda bajó poco a poco a partir del 1 de julio, cuando se vendieron 31,6 MMmcd, pero desde el 14 de este mes hasta ayer, la venta cayó a 21,6 MMmcd.
Brasil demanda menos energético porque bajó la producción de su industria, debido a la crisis económica y porque el vecino país está usando otras alternativas para generar energía eléctrica.
“Por cada 1 MMmcd que dejamos de exportar se deja de producir unos 1.200 barriles de condensado”, dijo Camacho. Fuente: www.la-razon.com
Un video da pistas de que el soborno a Santos era mayor
En un video, Luis Fernando Córdova cuenta a Miguel O’Connor que el 3 de diciembre del año pasado, Giovanna Navía (esposa de Santos Ramírez) recibió 500.000 dólares; y el hermano y primo de ésta, otros 300.000.
Dos de los implicados en el caso Catler-Uniservice dicen en un video que la comisión ilegal (coima) por la adjudicación del proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz) ascendía a 1,8 millones de dólares. El acuerdo para este pago lo habría firmado el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez con el titular de Catler Internacional, Agustín Melano.
La Fiscalía hizo ayer público uno de los dos videos encontrados el viernes en la celda del penal de San Pedro ocupada por Miguel O’Connor D’Arlach, uno de los principales acusados en el caso.
El fiscal César Romano informó que ambas grabaciones fueron remitidas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en La Paz para ser sometidas a las pericias correspondientes que demuestren su autenticidad.
La grabación presentada tiene una duración aproximada de 45 minutos y muestra a Miguel O’Connor sosteniendo, en el baño de su celda, una conversación con Luis Fernando Córdova (coimputado en el caso).
O’Connor está acusado por supuesta corrupción en el contrato para construir la planta, al igual que Córdova, quien además está imputado por el asesinato de Jorge O’Connor, el 27 de enero del 2009.
“El (documento) del millón ochocientos mil (dólares), ¿ha firmado el Santos (Ramírez)?”, pregunta O’Connor. Córdova responde: “No he visto hermano, lo que sé es que el acuerdo lo ha hecho el (Agustín) Melano con el Santos”. “¿Eso es antes de la licitación (de la planta)?”, cuestiona O’Connor; a lo que Córdova contesta: “mucho antes”.
El párrafo anterior es parte de la transcripción del video que, según el fiscal Edward Mollinedo, fue entregado por Miguel O’Connor el 14 de julio del 2009, junto a otras dos copias de la grabación, en la audiencia donde el juez Carlos Guerrero dispuso la cesación de la detención preventiva del acusado y ordenó su arresto domiciliario.
Melano es presidente de Catler Internacional, corporación argentina que se asoció a la boliviana Uniservice SRL para adjudicarse el proyecto gasífero.
El contrato con Catler-Uniservice fue firmado el 14 de julio del 2008 por $us 86,3 millones. Para su ejecución, se creó un fideicomiso por 45 millones, administrado por el Banco Unión.
Las presuntas irregularidades en torno al convenio salieron a la luz tras el asesinato, el 27 de enero, del empresario Jorge O’Connor, uno de los representantes del consorcio y hermano de Miguel. Los asesinos del ejecutivo se llevaron $us 450.000, presuntamente destinados a Santos Ramírez.
Córdova señala en el video que hubo una primera entrega de dinero el 3 de diciembre del año pasado. En esa fecha, cuenta, se otorgaron 800 mil dólares: 500 mil a Giovanna Navía Doria Medina (esposa de Ramírez) y los restantes a Gonzalo Aramayo Doria Medina y Javier René Navía Doria Medina (primo y hermano de Giovanna, respectivamente).
Córdova explica que ese día, por la mañana, Jorge O’Connor retiró $us 580.000 del Banco Unión; mientras al mediodía él y Mario Cossío McGalem (también implicado por el contrato) sacaron $us 110.000 cada uno.
“El doctor (Ramírez) nos ha citado en la (avenida) Saavedra (Miraflores)”, cuenta Córdova al referirse al lugar donde Giovanna Navía recogió su parte del dinero.
Según Córdova, la entrega a Aramayo y Javier Navía se realizó después, en cercanías del estadio Hernando Siles y “en la calle”. “Yo sé que el Santos (Ramírez) ha recibido plata, porque la (Giovanna) Navía le ha debido entregar”.
Mollinedo indicó que se espera una resolución de la Corte Suprema para que la Fiscalía vuelva a convocar a declarar a Giovanna Navía, quien se había acogido al derecho del silencio.
La autoridad cree que la mujer aún está en el país, a pesar de que Córdova dice en el video que Santos la envió a Estados Unidos.
La grabación también menciona que a la cuenta de Javier Navía se hicieron depósitos por 17.000, 36.000 y 20.000 dólares. Aramayo habría recibido 170.000 (no precisa la moneda) y Cossío $us 55.000 (el 15 de enero) y Bs 70.000 (en noviembre del 2008).
Córdova sostiene que Jorge O’Connor era extorsionado por muchas personas, entre las que menciona a Álvarez (Gantier), (Mauricio) Ochoa y Del Carpio (ex funcionarios de YPFB), quienes habrían recibido 20.000 dólares cada uno. Mollinedo señaló que los tres están involucrados en el proceso de contratación de Catler-Uniservice.
Además había “diputados (que) le pedían dinero para un senador de Pando”, relata en el video presentado este martes.
Analizan imputar a Melano
La comisión de fiscales que investiga el caso Catler-Uniservice evalúa si imputará o no a Agustín Melano, principal representante del consorcio.
“Estamos analizando su participación y su grado de responsabilidad (en el caso) para dictar una resolución de imputación”, informó el fiscal de materia Edward Mollinedo.
La autoridad recordó que, como presidente de la empresa argentina Catler Internacional, socia de Uniservice SRL., Melano firmó con Jorge O’Connor D’Arlach el contrato presuntamente irregular con Yacimientos para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Mollinedo recibió la declaración de Melano en el consulado de Bolivia en Buenos Aires (Argentina). “En esta semana nos pronunciemos sobre su situación jurídica”, complementó.
El fiscal adelantó que esta semana el Ministerio Público emitirá “nuevas imputaciones contra otros funcionarios públicos”. Ello debido a los indicios de responsabilidad que arrojan dos videos encontrados el viernes en la celda de Miguel O’Connor (hermano de Jorge y también implicado).
Agregó que la Fiscalía declaró en rebeldía a Yerko Soto y Ariel Montaño, prófugos de la justicia e involucrados en el asesinato de Jorge O’Connor y el volteo de 450 mil dólares, el 27 de enero.
Dos acusados pedirán libertad
Marcelo Ugarte, el abogado de Gonzalo Aramayo y Javier Navía, imputados en el caso Catler-Uniservice, indicó que esta semana volverá a solicitar la cesación de la detención preventiva para sus defendidos.
Ugarte explicó que, tomando en cuenta que la semana pasada el juez Carlos Guerrero otorgó el arresto domiciliario a Miguel O’Connor, otro de los acusados, ahora pedirá al magistrado que aplique el principio de igualdad jurídica.
O’Connor guardó hasta el martes 14 de julio detención preventiva por supuesta corrupción en la firma del contrato para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Ugarte aclaró ayer que en junio, antes de la vacación judicial, se había solicitado la cesación de detención preventiva a favor de Aramayo y Navía, pero que “por motivos ajenos a nuestra buena voluntad” el recurso no prosperó.
“Pedimos que el órgano jurisdiccional obre con la misma magnamidad que ha obrado con el señor Miguel O’ Connor”.
El abogado defensor también se refirió al trabajo de la Fiscalía y aseguró que la relación que ha mantenido con esta institución fue distante debido a que “hemos visto que el Ministerio Público en la audiencia de consideración de medidas cautelares ha perdido objetividad”. Fuente: www.la-razon.com
Dos de los implicados en el caso Catler-Uniservice dicen en un video que la comisión ilegal (coima) por la adjudicación del proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz) ascendía a 1,8 millones de dólares. El acuerdo para este pago lo habría firmado el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez con el titular de Catler Internacional, Agustín Melano.
La Fiscalía hizo ayer público uno de los dos videos encontrados el viernes en la celda del penal de San Pedro ocupada por Miguel O’Connor D’Arlach, uno de los principales acusados en el caso.
El fiscal César Romano informó que ambas grabaciones fueron remitidas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en La Paz para ser sometidas a las pericias correspondientes que demuestren su autenticidad.
La grabación presentada tiene una duración aproximada de 45 minutos y muestra a Miguel O’Connor sosteniendo, en el baño de su celda, una conversación con Luis Fernando Córdova (coimputado en el caso).
O’Connor está acusado por supuesta corrupción en el contrato para construir la planta, al igual que Córdova, quien además está imputado por el asesinato de Jorge O’Connor, el 27 de enero del 2009.
“El (documento) del millón ochocientos mil (dólares), ¿ha firmado el Santos (Ramírez)?”, pregunta O’Connor. Córdova responde: “No he visto hermano, lo que sé es que el acuerdo lo ha hecho el (Agustín) Melano con el Santos”. “¿Eso es antes de la licitación (de la planta)?”, cuestiona O’Connor; a lo que Córdova contesta: “mucho antes”.
El párrafo anterior es parte de la transcripción del video que, según el fiscal Edward Mollinedo, fue entregado por Miguel O’Connor el 14 de julio del 2009, junto a otras dos copias de la grabación, en la audiencia donde el juez Carlos Guerrero dispuso la cesación de la detención preventiva del acusado y ordenó su arresto domiciliario.
Melano es presidente de Catler Internacional, corporación argentina que se asoció a la boliviana Uniservice SRL para adjudicarse el proyecto gasífero.
El contrato con Catler-Uniservice fue firmado el 14 de julio del 2008 por $us 86,3 millones. Para su ejecución, se creó un fideicomiso por 45 millones, administrado por el Banco Unión.
Las presuntas irregularidades en torno al convenio salieron a la luz tras el asesinato, el 27 de enero, del empresario Jorge O’Connor, uno de los representantes del consorcio y hermano de Miguel. Los asesinos del ejecutivo se llevaron $us 450.000, presuntamente destinados a Santos Ramírez.
Córdova señala en el video que hubo una primera entrega de dinero el 3 de diciembre del año pasado. En esa fecha, cuenta, se otorgaron 800 mil dólares: 500 mil a Giovanna Navía Doria Medina (esposa de Ramírez) y los restantes a Gonzalo Aramayo Doria Medina y Javier René Navía Doria Medina (primo y hermano de Giovanna, respectivamente).
Córdova explica que ese día, por la mañana, Jorge O’Connor retiró $us 580.000 del Banco Unión; mientras al mediodía él y Mario Cossío McGalem (también implicado por el contrato) sacaron $us 110.000 cada uno.
“El doctor (Ramírez) nos ha citado en la (avenida) Saavedra (Miraflores)”, cuenta Córdova al referirse al lugar donde Giovanna Navía recogió su parte del dinero.
Según Córdova, la entrega a Aramayo y Javier Navía se realizó después, en cercanías del estadio Hernando Siles y “en la calle”. “Yo sé que el Santos (Ramírez) ha recibido plata, porque la (Giovanna) Navía le ha debido entregar”.
Mollinedo indicó que se espera una resolución de la Corte Suprema para que la Fiscalía vuelva a convocar a declarar a Giovanna Navía, quien se había acogido al derecho del silencio.
La autoridad cree que la mujer aún está en el país, a pesar de que Córdova dice en el video que Santos la envió a Estados Unidos.
La grabación también menciona que a la cuenta de Javier Navía se hicieron depósitos por 17.000, 36.000 y 20.000 dólares. Aramayo habría recibido 170.000 (no precisa la moneda) y Cossío $us 55.000 (el 15 de enero) y Bs 70.000 (en noviembre del 2008).
Córdova sostiene que Jorge O’Connor era extorsionado por muchas personas, entre las que menciona a Álvarez (Gantier), (Mauricio) Ochoa y Del Carpio (ex funcionarios de YPFB), quienes habrían recibido 20.000 dólares cada uno. Mollinedo señaló que los tres están involucrados en el proceso de contratación de Catler-Uniservice.
Además había “diputados (que) le pedían dinero para un senador de Pando”, relata en el video presentado este martes.
Analizan imputar a Melano
La comisión de fiscales que investiga el caso Catler-Uniservice evalúa si imputará o no a Agustín Melano, principal representante del consorcio.
“Estamos analizando su participación y su grado de responsabilidad (en el caso) para dictar una resolución de imputación”, informó el fiscal de materia Edward Mollinedo.
La autoridad recordó que, como presidente de la empresa argentina Catler Internacional, socia de Uniservice SRL., Melano firmó con Jorge O’Connor D’Arlach el contrato presuntamente irregular con Yacimientos para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Mollinedo recibió la declaración de Melano en el consulado de Bolivia en Buenos Aires (Argentina). “En esta semana nos pronunciemos sobre su situación jurídica”, complementó.
El fiscal adelantó que esta semana el Ministerio Público emitirá “nuevas imputaciones contra otros funcionarios públicos”. Ello debido a los indicios de responsabilidad que arrojan dos videos encontrados el viernes en la celda de Miguel O’Connor (hermano de Jorge y también implicado).
Agregó que la Fiscalía declaró en rebeldía a Yerko Soto y Ariel Montaño, prófugos de la justicia e involucrados en el asesinato de Jorge O’Connor y el volteo de 450 mil dólares, el 27 de enero.
Dos acusados pedirán libertad
Marcelo Ugarte, el abogado de Gonzalo Aramayo y Javier Navía, imputados en el caso Catler-Uniservice, indicó que esta semana volverá a solicitar la cesación de la detención preventiva para sus defendidos.
Ugarte explicó que, tomando en cuenta que la semana pasada el juez Carlos Guerrero otorgó el arresto domiciliario a Miguel O’Connor, otro de los acusados, ahora pedirá al magistrado que aplique el principio de igualdad jurídica.
O’Connor guardó hasta el martes 14 de julio detención preventiva por supuesta corrupción en la firma del contrato para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Ugarte aclaró ayer que en junio, antes de la vacación judicial, se había solicitado la cesación de detención preventiva a favor de Aramayo y Navía, pero que “por motivos ajenos a nuestra buena voluntad” el recurso no prosperó.
“Pedimos que el órgano jurisdiccional obre con la misma magnamidad que ha obrado con el señor Miguel O’ Connor”.
El abogado defensor también se refirió al trabajo de la Fiscalía y aseguró que la relación que ha mantenido con esta institución fue distante debido a que “hemos visto que el Ministerio Público en la audiencia de consideración de medidas cautelares ha perdido objetividad”. Fuente: www.la-razon.com
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