Aunque las políticas públicas previstas para el sector minero cooperativizado se hallan pendientes y sujetas  a la promulgación de la nueva Ley Minera, el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio decidió otorgarle “una mayor participación” en las áreas mineras en función a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Se acordó la liberación de espacios que la Comibol tenía reservados para sí misma, siempre y cuando no se afecten los intereses del Estado. En eso se ha quedado con los cooperativistas y eso es lo que se está haciendo”, reveló a La Razón el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova.

El levantamiento o “liberación” de las reservas fiscales para la suscripción de contratos de arrendamiento de áreas mineras con empresas estatales, privadas o sociedades cooperativas es potestad exclusiva de la Comibol.

Según el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Albino García, el sector tiene “sólo el 4%” de las áreas mineras identificadas del país, por lo que éste buscará obtener una distribución “más equitativa” de estos recursos. “El Estado (a través de Comibol) tiene a su cargo más del 55% de las áreas mineras y nosotros queremos por lo menos un 30%”, dijo.

Para el exministro de Minería, Dionisio Garzón, mientras no se tenga plenamente identificados los recursos existentes en las reservas fiscales mineras, la Comibol no debería levantar la “inmovilización” de las mismas, de lo contrario “limitaría” su potencial de ejecución de proyectos.

“Si se liberan más áreas fiscales, todo el mundo va a querer ser cooperativista e informal —sin pagar impuestos ni asumir cargas sociales— (...). Además, habría que tratar de parar el crecimiento de las cooperativas, porque su control se convertirá en un problema para el Estado”, advirtió.

De acuerdo con datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, actualmente, el sector concentra el 85% del empleo generado por la actividad minera del país con “aproximadamente 100 mil cooperativistas aglutinados en más de 1.300 cooperativas”.

A decir de Córdova, “a las cooperativas se les daría aproximadamente unas 400 cuadrículas (1.200 hectá-reas) de áreas mineras para que hagan su trabajo”. Sin embargo, también se les pedirá que lleven adelante tareas de prospección para ampliar las reservas mineras del país. “Si uno quiere tener un buen yacimiento minero tiene que trabajar en exploración (...). La Comibol explora para   realizar proyectos de explotación del Estado, aunque hay instancias donde se puede cooperar a las cooperativas con la exploración”, manifestó.

“Comibol ha ido inmovilizando todas las áreas mineras sin realizar exploración o tener proyectos de explotación preparados para éstas, por lo que pediremos (a la empresa) conocer cuáles son las reservas en las que ellos tienen interés. En esa medida, podremos decir si es que las áreas de Comibol están afectando las áreas de las cooperativas”, sostuvo el presidente de Fencomin. Apuntan a inversión privada

Proyectos

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Albino García, reveló que el sector buscará, a través de la Ley Minera, captar inversión privada para la ejecución de proyectos de explotación.

Gestión

“La nueva Ley Minera tiene que dejar en claro la forma en la que se constituirán los contratos de asociación entre cooperativas; entre cooperativas y empresas privadas; y entre cooperativas y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)”, remarcó García.