Actualmente (y luego de la aprobación de la Ley 100), los operativos de control de contrabando y desvío de diésel oil, gasolina especial y gas licuado de petróleo (GLP), principalmente en las fronteras del territorio nacional, son coordinados entre la ANH, la Policía Boliviana y los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas (FFAA).

De acuerdo con datos oficiales, sólo la Agencia se incautó en los últimos tres años 420.445 litros de combustibles: 49.182 litros en 2009 (entre diésel, gasolina y kerosén); 309.556 litros en 2010; y 61.707 litros en 2011 (diésel y gasolina). La cifra de 2011 no toma en cuenta los decomisos realizados por la Aduana y otras entidades, los cuales llegan a casi 189 mil litros.

“Lo que más se consume en los mercados de Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Chile es el diésel no la gasolina. La matriz energética de estos países tiene un volumen mucho mayor de diésel y los precios de este combustible, sobre todo en el Perú, son muy elevados. Por ende, (para los contrabandistas) es mucho más negocio vender diésel”, explicó el exministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres.  

Estrategia. En 2011, el Ejecutivo inició el fortalecimiento de las FFAA en infraestructura y equipamiento para que —además de sentar presencia en las fronteras del país— contribuyan a la ejecución de planes específicos del Estado, como la lucha contra el contrabando (Ley 100 del 4 de abril de 2011).

“El brazo operativo de la ANH son los comandos conjuntos (de las FFAA) y la presencia militar en el control fronterizo ha disuadido y frenado en gran parte el contrabando ‘hormiga’ de diésel y gasolina del país”, informó ayer a La Razón el director ejecutivo de la ANH, Gary Medrano. Asimismo, precisó, las incautaciones de combustible realizadas en la anterior gestión sumaron “casi 250 mil litros”, tomando en cuenta también los decomisos efectuados por otras entidades de control como la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

Para Torres, el contrabando “continuará” mientras el precio del diésel y la gasolina sigan subsidiados. “En cualquier parte del mundo, donde se haya mantenido el combustible a precios subvencionados, habrá contrabando, aunque se meta policías o militares en el control de las fronteras. La única forma de frenar esta situación es la nivelación de precios”, indicó.

Según datos de la ANH, los principales puntos donde se efectuaron las incautaciones de diésel, gasolina o GLP son las poblaciones de Desaguadero, Escoma, Copacabana, Collana, Charaña, Chama, Achacachi, El Alto, entre otros, (en el departamento de La Paz); y en otras zonas fronterizas de Santa Cruz, Oruro, Tarija y Beni.

Preparan rastreo GPS a cisternas 

Como parte del control de la comercialización de combustibles en territorio nacional “ya contamos con 700 aparatos GPS (Global Positioning System) de control satelital que van a ir a cada cisterna” de transporte de carburantes, anunció el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano. La instalación será gradual.

Hasta junio, el sistema B-Sisa  regirá en todas las gasolineras

Hasta junio, la ANH implementará el sistema de control de venta de combustibles B-Sisa en todas las estaciones de servicio del país. La medida, junto a un seguimiento inicial a 700 cisternas vía GPS, promete eliminar el contrabando de carburantes en frontera.

“Actualmente, tenemos 20 estaciones de servicio que están usando a nivel piloto el sistema B-Sisa (Bolivian System Autoidentification) que utiliza la tecnología RFID (Radio Frecuency Identification) que nos permitirá saber quién compra combustibles, cuánto y dónde, con lo que ya no habrá acopiadores ni contrabandistas”, informó ayer el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano.

Ven amenazas al sector energético

El desarrollo y fortalecimiento hidrocarburífero se ve amenazado por aspectos de abastecimiento y seguridad energética que pondrían en riesgo la generación de excedentes y divisas, la consolidación  de la soberanía sobre los recursos naturales y el cambio de la matriz energética.

Así lo señala el Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), que tiene como objetivo que el sector se constituya en el “motor estratégico fundamental” de la economía; y que el Estado asuma un rol protagónico en toda la cadena de hidrocarburos.

Las amenazas detectadas para la ejecución del plan se concentran en “el incremento de la demanda interna de gas; retrasos en la industrialización y sostenibilidad del proceso; deficiencia en la producción de hidrocarburos; subvención de los combustibles; la centralización de actividades hidrocarburíferas por parte de YPFB (‘el MHE debe dar directrices claras’); rotación de personal e inestabilidad laboral; presupuesto insuficiente; ausencia de nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad (‘que limitan el buen fortalecimiento sectorial’); y no contar con el Plan de Desarrollo Energético del Sector”, se cita.

La evaluación identificó también debilidades como una “deficiente coordinación y articulación con las entidades bajo tuición y con los viceministerios; no se tienen identificadas las responsabilidades y atribuciones de las empresas y entidades bajo tuición (YPFB, ENDE, ANH, etc.); y existencia de dos carteras grandes (hidrocarburos y energía) dentro de un mismo ministerio”.

Según el documento, la ejecución de este plan requiere de una inversión de $us 249,35 millones que serán financiados vía Tesoro General de la Nación (TGN), transferencias y donación externa.