La inminente ejecución por parte del Gobierno de la segunda boleta de
garantía de $us 18 millones de Jindal Steel Bolivia (JSB) significaría
su salida del país. La última reunión entre la siderúrgica india y el
Ejecutivo habría terminado en “ruptura” y sellado el destino del
proyecto. El 12 de abril, el director general de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), Juan Carlos
Carrasco, explicó a este medio que la boleta de Jindal puede ser
ejecutada no sólo ante un eventual incumplimiento de inversiones, sino
también por su falta de renovación. El Ejecutivo, agregó, esperará para
cobrar la boleta hasta el 1 de mayo.
El 17 de abril,
JSB y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciaron las
negociaciones para la firma del contrato de suministro de 2,5 millones
de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para la industrialización
del hierro del Mutún a partir de 2014.
En la
siguiente reunión (20 de abril), Jindal y YPFB ya habían iniciado la
conformación de dos comisiones (para la elaboración “por tiempo y
materia” del contrato de suministro de gas en un plazo de una semana y
para la reconfiguración del proyecto y los niveles de inversión en base a
los 2,5 MMmcd), cuando la intervención del ministro de Minería, Mario
Virreira, suspendió las negociaciones, aduciendo la imposibilidad de
cualquier modificación en el proyecto.
Así lo
revelaron a La Razón fuentes que participaron del encuentro y que
prefirieron mantener su nombre en reserva. Virreira, indicó una de las
fuentes, espera conocer los resultados de las dos auditorías que se
realizan a las inversiones de Jindal. “Si Jindal demuestra que ha
cumplido con la inversión de $us 600 millones, continuará en el
proyecto; si no lo ha hecho, habrá que buscar otras alternativas”, había
advertido días antes la autoridad.
Situación. Los
resultados de la auditoría a cargo de la Empresa Siderúrgica del Mutún
(ESM) ya habrían sido entregados al presidente de la empresa estatal,
Sergio Alandia, mientras que el informe de auditoría que impulsa Jindal
estará listo en aproximadamente “unos 15 días”. La ejecución de la
boleta de $us 18 millones por falta de renovación “implicaría” para la
subsidiaria de Jindal Steel & Power (JSP) una “ruptura definitiva”
con el Estado boliviano.
“Si Jindal no renueva la
boleta, por ley hay que ejecutarla”, sentenció el 17 de abril el
Ministro de Minería. Otra de las fuentes señaló que Jindal habría
propuesto la renovación de la boleta, pero sólo por un periodo de seis
meses y mientras se llega a un acuerdo con YPFB para la firma del
contrato de provisión de gas natural para el proyecto reconfigurado.
“No consideramos ni legal ni lógico que nos obliguen a seguir
invirtiendo en las mismas condiciones cuando la ESM o el Estado no están
cumpliendo con su parte”, lamentó. La Razón se comunicó vía telefónica
con Alandia para conocer su posición sobre el tema, pero el ejecutivo no
pudo atender al requerimiento, porque estaba en una reunión.
“Encontrar una solución para seguir con la negociación del contrato de
gas sería un milagro”, expresó otra de las fuentes. Según Jindal, hasta
el momento sus inversiones en el Mutún sobrepasaron los $us 600
millones, de los cuales $us 583,47 millones fueron invertidos en la
adquisición de dos plantas industriales y la construcción de obras
civiles en el complejo.
Cívicos se declaran en emergencia
Posición
Los cívicos de la provincia cruceña Germán Busch (región donde se
encuentra el yacimiento de hierro del Mutún) se declararon ayer en
estado de emergencia debido a una posible postergación del proyecto de
industrialización del Mutún.
Reunión
“Autoridades municipales, asambleístas y cívicos se encuentran reunidos
en Santa Cruz para recibir una explicación de la situación del proyecto
por parte de Jindal”, informó el presidente del Comité Cívico de Puerto
Suárez, José Luis Santander.
Jindal no tuvo ningún riesgo en el contrato - Jorge Lema Patiño
El incumplimiento de Jindal en los plazos e inversión de $us 600
millones establecidos en el contrato permite legalmente al Ministerio de
Minería la cancelación del mismo, o su renegociación. En la práctica,
el contrato con la Jindal ha resultado peor que los contratos aplicados
durante el proceso de capitalización del sector petrolero, en los que el
inversionista asumía el riesgo en los altos costos de exploración en
búsqueda y comprobación de reservas. El contrato del Mutún no conlleva
ningún riesgo a Jindal. Las reservas están localizadas y probadas, y la
empresa tuvo el tiempo necesario para ejecutar sus inversiones.
Las demoras en el cumplimiento del contrato con el Estado quieren ser
legalmente justificadas con las recientes exigencias para la entrega de
gas en el área de extracción del hierro por parte de YPFB, lo que
amenaza inclusive con postergar el proyecto por otros seis años. Este
requerimiento, que exige de grandes inversiones por parte de la
petrolera estatal, no podrá ser cumplido.
En efecto,
invertir millones sólo para construir el gasoducto y entregar gas
subvencionado a Jindal —costo estimado en $us 400 millones por año— para
producir pelets y hierro esponja y para la planta de energía térmica
del Mutún, que generará electricidad para la producción de aceros,
resultará en un costo que Bolivia no puede asumir.
Cuando el Estado firmó el contrato garantizando en el mismo el
suministro de gas, se asumía que las reservas del energético eran
suficientes para cumplir este compromiso, y no se prestó atención al
costo de cumplir con estas exigencias. Se pensó que el gas representaba
cerca del 20% del costo final del hierro esponja, por lo que el Estado
recuperaría parte de esa subvención con los impuestos a la exportación
de ese producto y de los concentrados. Pero si la subvención cubre
además toda la cadena, hasta la producción de aceros que serán
exportados, la operación no es conveniente para el país (...). Cualquier
negociación con Jindal debe suspender la entrega de gas a precios
subvencionados.
Jorge Lema Patiño es experto en temas mineros.
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