El
presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Saturnino
Ramos, sostuvo este sábado que el Gobierno carece de capacidad de
imponer un estado de derecho y garantías que permitan desarrollar las
actividades mineras privadas. Refirió
que desde el 2004 a la fecha se dieron cerca de 200 avasallamientos, la
mayor parte de los avasallamientos se produjeron en el gobierno del
presidente Evo Morales que demostró una “debilidad” frente a las
comunidades.
“Ahora
hay más avasallamientos porque más poder tiene el comunario y el
campesino que el Gobierno; el Ejecutivo no tiene capacidad, no tiene
opción de imponer el estado derecho, ya no tiene principio de autoridad y
esto se vio claramente en Mallku Q’ota”, afirmó Ramos, en declaraciones
a Erbol.
Señaló
que la toma de predios a la minería chica hasta la fecha suma a más de
100 operaciones de parte de comunidades originarias, aclaró que los
avasallamientos también se dan por parte del sector cooperativista
minero, que gozan del privilegio del actual gobierno.
“Las
cooperativas también avasallan como el caso de Colquiri, son cosas que
hacen mutuamente con los comunarios, se disputan las vetas porque tienen
el respaldo del gobierno que les da cobertura”, apuntó.
Vladimir
Díaz, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia
(CEDIB), manifestó que fruto de estos hechos se dieron dos reversiones
en el actual Gobierno, Huanuni y Colquiri, y la futura nacionalización
del mega yacimiento de Mallku Q’ota.
Explicó
que más que las reversiones, el gobierno otorgó concesiones de nuevas
áreas de trabajo a las cooperativas mineras, que hasta el momento
cuentan con más de 300 mil hectáreas asignadas.
“Desde
el 2008 al 2012 que se modificó el sistema jurídico por el cual se
entregaron derechos mineros, se entregaron más de 300 mil hectáreas y
más de la mitad de esta cantidad se entregó a sectores cooperativistas”,
sostuvo.
Fuente: periódico digital "ERBOL" 23/07/2012
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