Esa superficie pertenece al Estado a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Una cuadrícula equivale a tres hectáreas. Mediante un decreto supremo, se declarará tierra fiscal minera a todo el territorio nacional. Se establecerá un régimen de protección de determinadas zonas. “Existen dos tipos de áreas, nacionalizadas y tierras fiscales, de las que el 42 por ciento está inactiva y nosotros queremos tomar en arrendamiento esos sectores”.
Según García, el sector tiene “sólo el 4 por ciento” de las áreas mineras identificadas en el país, por lo que éste buscará obtener una distribución más equitativa de ellas.
“El Estado tiene a su cargo más del 46 por ciento de las áreas mineras y nosotros queremos por lo menos un 30 por ciento”.
Indicó que actualmente el 54 por ciento de estas tierras es operado por empresas privadas.
Una de las principales atribuciones de Comibol es el levantamiento o “liberación” de las reservas fiscales para la suscripción de contratos de arrendamiento de áreas mineras con empresas estatales, privadas o sociedades cooperativas.
Los acuerdos. El 7 de febrero, en el llamado Encuentro Plurinacional, se decidió otorgar una mayor participación a las cooperativas en las áreas mineras en función de lo establecido en la Constitución Política del Estado.
El presidente de la Comibol, Héctor Córdova, indicó que “se acordó la liberación de espacios que la Comibol tenía reservados para sí misma, siempre y cuando no se afecten los intereses del Estado. En eso se quedó con los cooperativistas. Eso es lo que se está haciendo”.
Desde el 22 de febrero de 2008, la Comibol administra la reserva fiscal minera y otorga áreas de trabajo a cooperativas y operadores privados mediante contratos. “Ése no es el papel de la corporación y cuando se pretende que ésta ingrese con más fuerza al terreno productivo (...) Estas labores interfieren con su trabajo”.
La autoridad dijo que se prevé que la Comibol se quede con una parte menor del territorio, 33.500 cuadrículas, a fin de que las explore y encare nuevas operaciones. Sólo éstas deberían ser consideradas reservas fiscales; el resto tendría que quedar libre y ser administrado por la autoridad jurisdiccional.
El 83 por ciento de los Cooperativistas mineros operan en áreas de trabajo desahuciadas. En lo referente al tema laboral, la minería chica brinda el 2,8 por ciento de empleo; la mediana, el 6,9 por ciento, y la estatal, el 6,8 por ciento, mientras que el sector cooperativizado absorbe el 83 por ciento de la fuerza laboral del sector minero en el territorio nacional.
Fuente: periódico "La Prensa" La Paz-Bolivia - 11/07/2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario