Corrieron muchos millones por litio del Salar de Uyuni

EL INTERÉS NO ES RECIENTE
La Ley que redujo la reserva fiscal fue aprobada por malos parlamentarios a cambio del pago de cantidades no determinadas de dinero.

La explotación del litio del Salar de Uyuni todavía es un proyecto pero, en virtud al interés que despierta, no sólo ha motivado múltiples conflictos, judiciales y regionales, sino también la inversión de sumas no determinadas de dinero ya sea en concesiones, juicios e incluso supuestos sobornos a los parlamentarios que ayudaron a reducir su reserva fiscal.

En junio de 2004, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la Central Obrera Departamental y el Concejo Municipal protagonizaron una huelga de hambre en carpas instaladas frente a la Prefectura del Departamento exigiendo que se anulen las concesiones existentes entonces en el Salar de Uyuni. El resultado de esa presión fue que el gobierno del presidente Carlos Mesa promulgó el Decreto Supremo 27589 que anulaba las concesiones pero, al mismo tiempo, inauguraba un período de juicios que todavía no termina.

Y mientras el Estado iniciaba su propia lucha, los cívicos proseguían la suya. Una vez que el conflicto regional fue superado, Comcipo se reunió en un consejo consultivo para evaluar los resultados de su movilización y aprobó una resolución expresa que señalaba que los responsables del loteo del Salar de Uyuni debían ser investigados y procesados.

El entonces presidente de Comcipo, René Navarro, admite que esa resolución no se ha cumplido y, por tanto, "la mafia que loteó el Salar de Uyuni" permanece impune y las sospechas de que cobraron fuertes sumas de dinero por esa acción son ahora mayores que nunca.

Los loteadores
Hasta el 8 de abril de 1998, la reserva fiscal del Salar de Uyuni; es decir, la zona reservada para su explotación por parte del Estado, abarcaba 2.362.000 hectáreas de ese reservorio que incluían las zonas más ricas para la explotación de bórax, ulexita y el litio que, según los entendidos, podría reemplazar al petróleo cuando se acaben las reservas de ese carburante.

En la mencionada fecha se promulgó la Ley 1854 que en su artículo único delimita la reserva fiscal en el perímetro que corresponde a la costra salina. Como se comprobó casi inmediatamente después, cuando llovieron los trámites para concesiones en el Salar, esa Ley había reducido la reserva fiscal a 1.344.000 hectáreas.
En el área que quedaba fuera de la reserva fiscal estaba el delta del Río Grande y zonas ricas en no metálicos, incluido el litio.

"No había ninguna razón para disminuir la reserva fiscal", dijo el ex director del Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, Daniel Howard.
Navarro acusó directamente al ex senador Gonzalo Valda Cárdenas de haber proyectado la ley que presentó al Congreso mediante terceros. "Dibujó la nueva reserva cuando estaba con tres personas más. Lo hizo en una servilleta", detalló.

El nombre de Valda no figura en la Ley 1854 pero sí de dos ex parlamentarios potosinos, Edgar Lazo Loayza y Jhonny Plata Chalar. Lazo fue el escudero de Valda en el MIR e incluso lo acompañó en su tránsito a la UCS mientras que Plata era diputado de Condepa y actualmente es dueño de la radio "Gente" de La Paz.

Además de ellos, los firmantes de la ley son Walter Guiteras Denis, Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Gonzalo Molina Ossio y Guido Roca Villavicencio. Curiosamente, por el Poder Ejecutivo apenas firman tres ministros de entonces, Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner pero, además, está la firma del presidente de ese momento, Hugo Banzer Suárez.

Según Navarro, todos ellos son los loteadores del Salar de Uyuni porque, al reducir la reserva fiscal, permitieron que varias empresas, entre ellas la chilena Quiborax, se adjudiquen concesiones en la zona más rica del reservorio y posteriormente, cuando estas fueron anuladas sobre la base del decreto de Carlos Mesa, le iniciaron juicios al Estado que aún no han terminado.

Hitos del Salar
Estos son los sucesos que giraron en torno a la reducción de la reserva fiscal del Salar de Uyuni:
Ley 719- Fue promulgada el 15 de febrero de 1985. Crea el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni.
DS 21260- Emitido el 16 de mayo de 1986, fija la reserva fiscal del Salar de Uyuni en 2.326.000 hectáreas.

Ley 1854- Es conocida como "Ley Valda" porque fue proyectada por el ex senador Gonzalo Valda. Fue promulgada el 8 de abril de 1998 y redujo la reserva fiscal del Salar a sólo 1.344.000 hectáreas. Un consejo consultivo de Comcipo aprobó una resolución que señala que, además de Valda, los firmantes de esta ley deben ser procesados. Dos de ellos son potosinos: Edgar Lazo y Jhonny Plata.

DS 26574- Emitido el 3 de abril de 2002, durante el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, fija un nuevo perímetro para la reserva fiscal pero consolida las concesiones que ya existían, incluyendo las de empresas chilenas. Los cívicos consideran que Quiroga tendrían que ir a juicio por esto.

Huelga de 2004- Entre el 17 al 25 de junio se realizó una huelga de hambre tanto en Potosí como en la Brigada Parlamentaria Potosina, en La Paz. En nuestra ciudad, los ayunadores fueron dirigentes cívicos, de la COD y el Concejo Municipal y se instalaron en carpas frente a la Prefectura. La presión se levantó cuando el presidente Carlos Mesa anunció la anulación de las concesiones.

Ley 2564- Abroga la Ley Valda y el Decreto Supremo 26574, restituye la reserva fiscal del Salar de Uyuni y declara la nulidad de las concesiones.

Fuente: periódico "El Potosí" Potosí-Bolivia - 28/04/2009