Las cooperativas mineras de cuatro departamentos
del país adeudan desde 1997 a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)
$us 12,12 millones por concepto de la compra de equipos y maquinaria a
plazos, y por el arrendamiento de éstos.
Datos
oficiales a los que accedió La Razón, referidos a los estados de cuenta
de las cooperativas mineras al 31 de diciembre de 2011, dan cuenta del
monto de esas obligaciones que corresponde a 121 organizaciones de los
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras
(Fencomin), Albino García, reconoció que sus afiliados tienen esa deuda,
la cual se arrastra desde el periodo de la capitalización (1997). “Son
deudas que lamentablemente se han heredado por las campañas electorales
que realizaron los gobiernos neoliberales sin hacernos conocer cuáles
serían las consecuencias”.
Dádivas. En esa línea,
precisó que la deuda por concepto de compra de maquinaria y equipos
surgió cuando los partidos políticos llegaban a los centros mineros con
las herramientas de trabajo como si fuesen regalos que salían de los
recursos de los candidatos que postulaban a un cargo.
Meses después de las campañas electorales, las cuentas recaían en los
cooperativistas, porque llegaban notificaciones de la Comibol
mencionando: “Este equipo de maquinaria cuesta tanto y tanto”, dijo
García. Entre los equipos entregados había volquetas, carros metaleros,
máquinas perforadoras y otros que eran distribuidos entre las
cooperativas donde se hacía campaña electoral.
En el
caso de las cuentas a pagar por el arrendamiento de la maquinaria,
recordó que “los equipos eran ofrecidos como préstamo”, también durante
campañas electorales. Las cuentas por arrendamiento surgieron a su vez
cuando la Comibol entregó áreas de trabajo a los cooperativistas, en
cuyos yacimientos la empresa estatal también dejó compresoras, líneas
caudiles para los carros metaleros, además de instalaciones eléctricas y
cañerías, añadió. “Como la cooperativa empezó a trabajar e hizo uso de
esos instrumentos, inmediatamente eso pasó a ser como deuda, pero en
condiciones de alquiler”, señaló el dirigente.
Explicó que muchos de los insumos de trabajo que dejó la Comibol en los
yacimientos se destrozaron por el deterioro que sufrieron en las minas.
Algunos de éstos se han corroído y se convirtieron en fierro chatarra.
“Hay una deuda por el hecho de que hemos empezado a utilizar el
yacimiento que ya era de nuestra responsabilidad”, argumentó García. El
19 de marzo de 1997, durante la primera gestión de gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada, se emitió la Ley 1786 que autorizó a la Comibol la
enajenación (disolución de patrimonio) de sus activos.
Ley permitió enajenación de equipos
La Ley 1786 autorizó a la Comibol la enajenación de maquinaria, equipo,
herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes, existentes
en los almacenes o fuera de ellos, y demás dependencias, así como de
los otorgados en contratos de arrendamiento, que no sean necesarios para
sus operaciones.
Destino de los bienes enajenados
Los bienes de la Comibol debían ir en favor de cooperativas mineras,
mineros chicos, artesanos, e incluso agricultores, pequeños industriales
y arrendatarios. Dicha enajenación se efectuó a precios de mercado,
mediante arrendamiento financiero o venta directa, al contado o plazo de
acuerdo a la Ley 1786.
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 05/10/2012
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