La
Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero Lagos Uru-Uru y
Poopó (Coridup) envió las observaciones al informe de la Auditoría
Ambiental realizada a la operación minera Kori Kollo de la empresa
minera Inti Raymi, al Viceministro de Medioambiente, Biodiversidad
Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal.
“El
documento incorpora más de medio centenar de observaciones a pesar de
que el plazo era muy corto (15 días) y la negativa de las autoridades de
ampliar el mismo, se hizo lo que se pudo” aseguró Felix Laime,
presidente de la Coridup.
Indicó
que la presentación de los resultados está por debajo de lo que se
considera profesionalmente apropiado y aceptable. Dijo que el informe
sobre un asunto tan importante es un documento mal escrito, plantea
serias dudas sobre su validez y puso en duda la capacidad de los autores
de la auditoría para comunicar con precisión y adecuadamente los
métodos, los resultados y las referencias científicas.
“La
empresa siempre ha dicho y asegurado a las comunidades que no están
utilizando mercurio en sus operaciones. Nos sorprende la gran cantidad
de mercurio que ha contaminado el aire en solamente un año, al respecto
el Auditor no dice nada”, aseveró.
La
publicación “Ahora y en el Futuro 2005. Informe de sustentabilidad.
INTI RAYMI Bolivia”, menciona: “En 2005, Kori Kollo informó de 82
emanaciones o accidentes, de nivel 1 o 2 ¿Quién determina estos niveles?
La mayoría de las emanaciones guardaba relación con derrames de
petróleo y soluciones de cianuro. Limpiamos todos los derrames e
informamos la emanación de cianuro de nivel 2 a las autoridades
ambientales, ¿y porque no se informó sobre el nivel 1?, si la norma
establece que se debe informar a la Autoridad Ambiental Competente sobre
los incidente acaecido”.
Laime
afirmó que estos datos corresponden a un solo año, por lo que exigió al
auditor informar sobre los incidentes que han ocurrido durante el
tiempo de explotación y si éstas son de conocimiento de la Autoridad
Ambiental competente.
“La
empresa dice que el incidente con cianuro nivel 2 en 2005 ha sido
informado a las autoridades ambientales, si esto es así, qué
determinaron las autoridades. Lo mismo debe hacerse para otros
eventuales incidentes o accidentes ocurridos”, manifestó.
Denunció
que el análisis socio-económico del informe sólo es un análisis parcial
en el sentido de que la valorización económica de pérdidas y ganancias
incluye solamente costos ‘calculables’, ni siquiera todos, sin integrar
otros valores intrínsecos a todos los elementos que constituyen el
entorno de la comunidad.
“El
análisis incompleto es resultado de un conocimiento pobre de ciertos
elementos clave en la organización comunitaria. Así, en páginas 4-31
hasta 4-35, el auditor muestra un conocimiento menos que básico del
sistema de tenencia de tierra y cómo se ha constituido históricamente
(¿cómo es que la encomienda colonial de repente se ‘convierte’ en
hacienda bajo la Republica?), aparentemente sugiriendo que el sistema de
tierras comunitarias es un “invento” de la reforma de 1953 sin dedicar
una palabra alguna a la preservación -aunque con transiciones y
limitaciones- de estructuras de organización colectiva, entre otros del
acceso a la tierra (el ayllu, las sayañas, etc.) desde antes de la
colonia”, cuestionó Laime.
Estas
son algunas de las observaciones que realizaron profesionales externos e
internos que colaboran con la Coridup, que en menos de 10 días,
revisaron rápidamente el informe de la Empresa PCA, encargada de
realizar la auditoría ambiental, que duró cerca a tres años, a pesar de
que el plazo estaba programado a menos de dos años.
“La
auditoria está fuera de la solicitud que hicieron las comunidades que
denunciaron ser afectadas por la operación minera Kori Kollo, no están
las respuestas a las más de 900 denuncias que presentamos en su momento,
no especifica sobre los efectos del tajo de Kori Kollo, ¿qué pasará con
los pasivos ambientales?”, dijo Laime, cualificando el trabajo como
“una versión superficialmente descriptiva y preocupante”.
Laime
lamentó que el plazo no haya podido ser ampliado, para realizar un
estudio más minucioso del informe de auditoría ambiental. Según el
Viceministerio de Medio Ambiente, los quince días, están establecidos
por norma.
También
existe la opción de hacer conocer estas acciones, al Ministerio de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Contraloría General del
Estado, “quienes pueden ver si realmente está bien lo que están
haciendo, porque para nosotros está completamente mal, porque no es como
nosotros hemos pedido, mas bien es como la empresa ha pedido”,
puntualizó.(Con información de Lidema).
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