El
Gobierno aprobó la disposición legal en cumplimiento al acuerdo
establecido el sábado entre los mineros asalariados y cooperativistas de
Colquiri que divide la veta Rosario para ambos sectores.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que la Empresa Minera
Colquiri (EMC) puede iniciar inmediatamente sus operaciones en el
yacimiento. Desde el 30 de agosto, fecha en la que iniciaron su protesta
los sindicalizados, la EMC dejó de percibir $us 200 mil por día de
paro. El Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida, pero luego la
revirtió por presión de los mineros.
En el caso de
los cooperativistas, la Comibol deberá suscribir un contrato de
arrendamiento con la Cooperativa minera 26 de Febrero, para lo cual se
hará una pericia de campo que delimite las áreas de trabajo para este
sector.
Decreto. Según el artículo 2, inciso a) del
Decreto 1368, la división de la veta Rosario está definida por la línea
de referencia 82N en todos los niveles de la mina. Hacia el sur es para
la Comibol y, hacia el norte de la línea de referencia, para la
cooperativa minera.
“El transformador (punto 2) queda
en poder de la Comibol, la rampa (punto 3) queda en poder de la
Cooperativa minera 26 de Febrero, como punto de ingreso entre el nivel
325 al nivel 365 ubicado en la línea 82N”, recordó Romero, con relación
al inciso b) del anterior artículo mencionado. Además, el inciso c)
señala que el ramal Rosario “N” queda en su integridad a favor de la
Cooperativa 26 de Febrero. El ramal Rosario D queda para la Comibol,
hasta la línea de referencia 87N en todos los niveles. De ahí en
adelante, hacia el norte, la veta Rosario “D” queda en manos de los
cuentapropistas (ver infografía).
El presidente de la
Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García,
pidió a la Comibol operativizar la norma promulgada con la presencia de
sus técnicos en el lugar para delimitar sus áreas de trabajo a fin de
evitar “inconvenientes” con los mineros asalariados. “Esperamos ahora
que las partes cumplan este decreto”, afirmó.
El
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la EMC, Severino
Estallani, expresó sus dudas de que el decreto pueda solucionar el
conflicto en Colquiri y responsabilizó al Gobierno de lo que pueda
ocurrir a futuro. Ambos sectores están enfrentados desde mayo por el
control de la veta Rosario en Colquiri, rica en estaño y zinc. El 18 de
septiembre, mineros cooperativistas que marchaban frente a la sede de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en La
Paz arremetieron con dinamitas contra los asalariados, lo que derivó en
la muerte del trabajador Héctor Choque.
Mineros no permitirán ingreso de dirigentes
Pese al acuerdo, persisten los rencores entre mineros de uno y otro
sector en el distrito de Colquiri. El Sindicato de Trabajadores de la
EMC ratificó que los dirigentes de la Cooperativa 26 de Febrero no
podrán ingresar a la mina hasta que se castigue al responsable de la
muerte del minero Héctor Choque. Los cooperativistas pidieron ayer al
Gobierno garantías para ingresar al centro minero de Colquiri.
“Los dirigentes de la cooperativa que han organizado el ataque a la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia no van a ingresar
a Colquiri”, afirmó ayer el secretario general del sindicato de la EMC,
Severino Estallani. “¿Cómo puedes entrar de la mano con el asesino de
tu hermano? ¿Podrías vivir en la misma casa con el que mata a tu
familiar?”, añadió Orlando Gutiérrez, otro dirigente de los asalariados.
Mientras, el presidente de la Cooperativa minera 26 de Febrero,
Florentino Mamani, anunció que los cerca de 700 afiliados a esa
organización se concentrarán hoy en Caracollo (Oruro) para ingresar a
Colquiri y pidió al Gobierno garantías para no ser agredidos por los
asalariados. “Esperemos que mañana (hoy) a más tardar los compañeros de
base estén retornando al distrito minero”, afirmó.
Las concesiones mineras ociosas serán revertidas
Las áreas mineras que no tengan ninguna actividad operativa serán
revertidas al Estado, así como las que no hayan sido registradas en el
Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin). Por
otra parte, se sancionará penalmente los avasallamientos. Así lo
establece el “Proyecto de Ley de Adecuación de Derechos Mineros a la
Constitución Política del Estado (CPE) y Reversión por Inexistencia de
Actividades” que fue aprobado ayer por el gabinete de ministros.
El ministro de Minería, Mario Virreira, explicó ayer que los titulares
de autorizaciones transitorias especiales mineras o de contratos mineros
que registren sus concesiones en Sergeotecmin en el plazo de cuatro
meses, a partir de la publicación de la ley, deberán adjuntar un plan de
implementación y de desarrollo de actividades mineras.
“El artículo 3 establece la pérdida de derechos sobre recursos
naturales mineros sin desarrollo de actividades mineras. La inexistencia
verificada de actividades mineras en áreas otorgadas mediante
autorizaciones transitorias especiales es causal de caducidad y causal
de resolución contractual en las áreas otorgadas mediante contratos
sobre recursos naturales mineros, conforme lo dispuesto en la presente
ley”, señaló el ministro.
El expresidente de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol) Héctor Córdova señaló que en la
gestión 2011 se tenían registrados en la entidad estatal al menos 9.000
concesiones mineras privadas. Córdova no precisó qué áreas estaban
inactivas. “La mayoría de las concesiones están entre La Paz y Potosí.
En La Paz, por las zonas auríferas sobre todo, y en Potosí para todo
tipo de minerales”, afirmó.
Según el extitular de
la Comibol, el proyecto de ley tiene como objetivo el cumplimiento de la
Función Económica Social (FES) en el sector minero, conforme lo
dispuesto en la CPE. Virreira manifestó, asimismo, que el proyecto de
ley sanciona penalmente a las personas que cometan el delito de
asentamientos o avasallamientos no autorizados de centros mineros.
“Se constituye delito de allanamiento y destrucción o deterioro de
bienes del Estado y de la riqueza nacional tipificado en los artículos
223 y 298 del Código Penal los asentamientos no autorizados,
avasallamiento y/o desarrollo de trabajos ilegales en áreas mineras”,
detalló.
Comibol cuenta con 26 áreas
El gabinete de ministros aprobó ayer el Decreto 1369 que establece el
uso exclusivo de 26 áreas mineras a favor de la Comibol. El ministro de
Minería, Mario Virreira, explicó que con el decreto la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) subirá sus cuadrículas de 13.500 a 47.064.
“El decreto prevé consolidar a favor de la Comibol para que pueda operar
con 47 mil cuadrículas a nivel nacional, además de dar continuidad a
los contratos de arrendamiento y el levantamiento parcial de la reserva
fiscal”, añadió.
Con el decreto, aclaró, el sector
privado contará con 62.200 cuadrículas y las cooperativas alcanzarán a
16 mil si consolidan sus contratos. En un plazo de 30 días, el
Ministerio de Minería emitirá una resolución ministerial reglamentando
el procedimiento para la ampliación de áreas y el levantamiento de la
reserva fiscal.
Cooperativa toma la mina
El 30 de mayo, unos 1.000 afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero
tomaron el yacimiento arrendado por la Comibol a la firma Sinchi Wayra,
subsidiaria de la suiza Glencore. Los cuentapropistas reclamaron nuevas
áreas de trabajo con el argumento de que se agotaron los parajes que
explotaban. El 8 de junio, la Compañía Minera Colquiri, operada por
Sinchi Wayra, transfirió la veta Rosario a tres cooperativas. La
decisión tuvo la aprobación de la Comibol.
Gobierno revierte concesión
El 20 de junio, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 1264 que revierte
la concesión de la Compañía Minera Colquiri. Con esta medida, la
Comibol tomó el control del yacimiento minero, otorgado mediante
contrato de arrendamiento a la empresa Sinchi Wayra. Además, el Órgano
Ejecutivo determinó arrendar la parte norte de la veta Rosario a la
Cooperativa 26 de Febrero. El centro minero de Colquiri es rico en
estaño, zinc y plata.
Entregan vetas
El 29 de agosto, el Gobierno promulgó el Decreto 1337 que otorga en
arrendamiento a la Cooperativa 26 de Febrero las vetas Rosario, Rosario
“N” y Rosario “D”. Un día después, los asalariados toman Colquiri
demandando al Ejecutivo la nacionalización del 100% de la mina.
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 04/10/2012
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