La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se incautó de 1.800 litros de diésel el pasado lunes en un operativo realizado cerca de las tres de la mañana en el altiplano paceño, donde se detuvo a un vehículo que transportaba el combustible y se dirigía rumbo a Perú, informaron ayer autoridades de esa repartición estatal.
Los conductores de dos motorizados, al percatarse de la presencia del personal de la ANH, emprendieron la fuga, pero uno de ellos fue atrapado tras recibir un impacto en un vidrio lateral, mientras que su cómplice aún está siendo rastreado por la Policía.
Después de la detención del chofer y la requisa del minibús atrapado, los funcionarios hallaron nueve turriles repletos de diésel oil. Una vez hecho el cálculo se confirmó que se trata de 1.800 litros, los que iban a ser vendidos hasta en 11 bolivianos en la frontera con Perú, cuando el precio local establecido es de tan sólo 3,74.
El director de Odeco de la ANH, Eduardo Canedo, informó que el operativo, ejecutado en pleno feriado de Carnaval, obedece al trabajo de seguimiento que hace la ANH para detectar este tipo de casos en los que se ha empezado incluso a acondicionar los vehículos para proceder al contrabando de combustibles líquidos.
El minibús incautado, que podría ser transferido a YPFB en caso de existir un requerimiento fiscal, fue desprovisto de 12 de sus asientos pero además reforzado en su sistema de muelles, amortiguadores y llantas.
Respecto al producto, se seguirán los pasos que establece el procedimiento. Los 1.800 litros de combustible pasarán a custodia de la oficina regional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que, después de un procedimiento legal, pondrá nuevamente el diésel dentro del mercado para el consumo interno.
Canedo recordó que en el país están vigentes leyes que castigan hasta con 25 años de cárcel a aquellos que trafiquen con combustibles y explicó que la actividad del contrabando ya es considerada delito comparable con el narcotráfico porque su desvío, ocultamiento o tenencia ilícita podrá ser penada en el marco de la Ley 1008 y la aplicación del Plan Puño de Hierro.
Fuente: periódico "Cambio" La Paz-Bolivia - 17/2/2010
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