La tala ilegal de árboles en todos los bosques del mundo continúa menoscabando los esfuerzos por promover la equidad social, la conservación ambiental y el crecimiento económico sostenible en muchas naciones. Sólo en los países en desarrollo, se considera que la tala ilegal podría generar pérdidas de activos y de ingresos por más de 10.000 millones de dólares anuales.
Para tratar el problema de la tala ilegal, Rainforest Alliance (Alianza para Bosques) lanzó la semana pasada normas actualizadas para la verificación de legalidad, para ayudar a las empresas a proteger sus cadenas de abastecimiento y cumplir con nuevas leyes.
Aunque es difícil cuantificar con exactitud la verdadera magnitud de la tala ilegal, las estimaciones realizadas en algunos países indican que la cantidad de madera producida ilegalmente excede la cantidad de origen legal.
Su impacto social es significativo y contribuye al aumento de la pobreza y a la distribución desigual de los recursos, al tiempo que pone en peligro los recursos naturales de los cuales dependen muchas personas.
Los esfuerzos a nivel internacional, nacional y privado para lidiar con el problema de la tala ilegal van en aumento. En los Estados Unidos, el gobierno ha enmendado la Ley Lacey para incluir una veda a la madera y los productos de madera de procedencia ilegal.
El plan de acción de la Unión Europea (UE) sobre aplicación de las leyes, gobernabilidad y comercio forestales (FLEGT, por las siglas en inglés de “European Commission’s Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade”), se ha enfocado en promover la disponibilidad, la utilización y el comercio de productos forestales legales importados por la UE.
Actualmente se desarrollan nuevos reglamentos para definir los requerimientos para los importadores que colocan madera y productos de madera en los mercados de la UE.
Cada vez más, las empresas comprometidas que quieren eliminar los productos forestales ilegales de sus cadenas de abastecimiento, establecen políticas de compra y buscan verificaciones de legalidad y monitoreo forestal independientes.
“Para que estas iniciativas voluntarias tengan credibilidad, es determinante la auditoría por parte de terceros”, comentó Christian Sloth, gerente de servicios de verificación de Rainforest Alliance. “Hemos desarrollado normas para que la verificación de legalidad responda a la creciente necesidad de que las empresas brinden seguridad a los clientes, propietarios, inversionistas o al público en general – que responda las preguntas sobre el estado de legalidad de las fuentes de la madera”.
El enfoque de Rainforest Alliance hacia la legalidad incluye un proceso, paso a paso, que comienza con dos niveles para garantizar la legalidad; el primer nivel es la Verificación de Origen Legal (VLO, “Verification of Legal Origin”), cuyas normas verifican que la madera provenga de una fuente que tenga el derecho legal documentado de cosecharla, de conformidad con las leyes y reglamentos del gobierno local. Los proveedores de madera VLO deben seguir y mantener sistemas documentados de cadena de custodia.
El segundo nivel se denomina Verificación de Cumplimiento Legal (VLC, “Verification of Legal Compliance”), que va un paso más allá del componente básico de VLO, al comprobar que las empresas que aprovechan la madera cumplan con todos los reglamentos y leyes aplicables a las actividades forestales, incluyendo las relacionadas con protección ambiental, vida silvestre, conservación de agua y de suelo, reglas de aprovechamiento, salud y seguridad de los trabajadores y un trato justo a las comunidades.
Fuente: periodico "El Diario" La Paz-Bolivia - 10/2/2010
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