¿El retorno del conflicto del TIPNIS?

La construcción de una carretera a través del TIPNIS, para unir Cochabamba y Beni, otra vez gana palestra en los medios. Las declaraciones de autoridades del Gobierno actualizaron el tema, tras más de tres años de la intervención policial que sufrió la VIII marcha indígena que buscó -y logró- detener la construcción de la vía en 2011. 

El 4 de junio pasado, el presidente Evo Morales -durante la sesión de honor conjunta que congregó a representantes de  la Asamblea Legislativa Departamental y del Concejo Municipal de Villa Tunari-  anunció  que la vía se iba a concretar.   
"En el tema de integración, buenas voces de los nuevos gobernadores de Beni y Cochabamba. El camino Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, ese camino se realiza; primero va a liberar al departamento de Beni; segundo, va a haber mayor integración entre (los) departamentos. Estamos convencidos de ese tema”, aseguró Morales.  
Pero este tema toca muchas aristas. En el historial de esta controversia está la intervención policial que sufrió la marcha indígena en septiembre de 2011 en Chaparina (Beni), caso que aún no se esclarece. Y también está la consulta que desde el Estado se realizó, pero que fue cuestionada por un trabajo de verificación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, junto a la Federación Internacional de los Derechos Humanos.  
El tema también atañe al apoyo de la ciudadanía a la causa. Ya en 2011, después de  la intervención a la caravana, la sociedad civil expresó muestras de apoyo y solidaridad a los marchistas. Y hay que añadir que a raíz del tema se generaron  canciones, carteles,  danzas y hasta poesías que se inspiraron en la causa.
La reciente declaración de Morales sobre la carretera  sucede 45 meses después de aquel  incidente.  Sin embargo,  la pregunta que sale a relucir es ¿por qué la insistencia de construir una vía que en su momento llegó a perjudicar de gran manera al Ejecutivo?  
Investigadores y analistas sostienen que hay al menos tres razones por las que  pese a ese antecedente  el Gobierno persiste  en que la carretera se construya.   
"En realidad, nunca pensaron en dejar el proyecto. Yo creo que hicieron un compás de espera para ver nuevas condiciones. Hay mucho cálculo electoral para no haber presionado y ahora que la situación relativamente está dada, y bajo la presión de haber ganado la Gobernación de Beni y tener la Gobernación de Cochabamba tienen el escenario político ‘ideal’ para poder encarar este proyecto”, sostiene la investigadora Sarela Paz. 
En el proceso electoral subnacional reciente, el MAS ganó las gobernaciones de Cochabamba, con Iván Canelas, y la de  Beni, con Alex Ferrier. En el caso del departamento beniano, el representante del partido oficialista  triunfó en  segunda vuelta.
  
   Los motivos 
El investigador Roger Cortez identifica al menos tres razones a las que atribuye que el Gobierno insista en la construcción de la carretera.  
La primera es que el país ingresó en "una coyuntura de escasez”, en la que se han disminuido los recursos y los ingresos disponibles para el Estado.  "El Gobierno entiende que es un imperativo porque debe satisfacer la presión creciente de una de las corporaciones más poderosas, y que es la de los cocaleros, quienes tienen una demanda de ingresar y ejercer soberanía sobre el TIPNIS”, sostiene Cortez.  
Rafael Puente, exviceministro del Interior,  coincide y considera que es evidente que desde hace años "hay una decisión de las organizaciones cocaleras del trópico de ampliar su territorio de producción”. La exautoridad agrega: "Es la decisión tomada y por eso se insiste en carretera”.
 Sin embargo, contrario a lo que  en primera vista  se percibiría, al parecer la principal razón no es la de ampliar los cultivos de coca, explica Cortez. "No al menos como principal objetivo”, afirma. 
Este investigador sostiene que la meta principal es la búsqueda de un proceso de diversificación de las actividades económicas de  los cultivadores, en actividades que van desde el comercio de tierras hasta el alquiler de tierras a soyeros (extranjeros principalmente).  
"Esto ha sido compensado de otras maneras, pero es cada vez mayor la impaciencia de este grupo, los cocaleros; repito, no para cultivar coca. El TIPNIS tiene 1.200.000 hectáreas. Con las  20.000 de coca que tenemos, los productores, que son sumamente astutos, saben que si avanzan mucho más en producción los precios se les desmoronarían”, explica.

 ¿Quieran o no?
"Tenemos los recursos económicos; pero aparecen algunos supuestos defensores del medioambiente,  mediante ONG que usan a nuestros hermanos para que no se construya este camino. Quieran o no quieran, vamos construir este camino y lo vamos a entregar en esta gestión”, afirmó el presidente  Morales en junio de 2011.
Precisamente la segunda razón por la que el Ejecutivo estaría empeñado en la construcción de  la carretera tiene que ver -según Cortez- con el  "funcionamiento político del Gobierno, que exige que una orden impartida por el jefe debe cumplirse tarde o temprano. Es un problema de carácter simbólico, lo que no significa que por eso pierda importancia”. 
Y el tercer factor es que desde el Estado se busca que se incluya al TIPNIS en las zonas de prospección de hidrocarburos, según este investigador.
  
Las reacciones
Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, sostiene que el Estado debe respetar los derechos de los pueblos indígenas;   y  considera que la discusión al respecto debe tomar en cuenta otros criterios más allá del económico.  
"Nos parece fundamental que este debate supere el ámbito del análisis económico y más bien se centre en lo que significa el derecho genuino que tienen los pueblos indígenas a su cosmovisión de desarrollo”, afirma Herrera.
Así el panorama, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde encontrar las respuestas para evitar un conflicto? Puente afirma que el Gobierno debe buscar otras alternativas de vinculación entre Cochabamba y Beni. 
"Una de ellas sigue siendo la vía férrea”, comenta, antes de añadir que otra es la de  cambiar el trazado de la carretera.  
Mientras que Cortez manifiesta  que "la salida es la continuidad de la resistencia” para que se cumpla la Constitución "que se ha violentado sistemáticamente a partir del contrato que se firmó con OAS, la adquisición de un crédito, la consulta póstuma, trucada, amañada que se llevó a cabo después de los planes y sobre todo el comportamiento de un Gobierno que se ha comportado como un enemigo a muerte de la autonomía indígena”.
Más allá de todo, la "contradicción fundamental” que identifica Cortez en torno al asunto tierra-territorio es que hay pueblos amparados por la Constitución, los cuales "luchan y exigen su derecho al territorio”, mientras que por el otro lado están "las presiones modernistas capitalistas”, que  fijan su atención "en el suelo y en el subsuelo” de ese territorio.   

"Creo que este problema es central, precisamente porque el Presidente es cocalero y su gobierno incumplió de forma sistemática su principal compromiso con los cocaleros, que es el de industrializar la coca”, expresa.

 "Mantenemos nuestra postura:   debe haber una consulta, un pleno conocimiento por parte de las personas que viven en ese lugar de la Amazonia”.
Yolanda Herrera, presidenta de  la APDHB

"Nunca dejaron el proyecto. Creo que hicieron un compás de espera para ver  nuevas condiciones... tienen el escenario político ‘ideal’ para poder encarar este proyecto”.

Sarela Paz, investigadora

"La salida es la continuidad de la resistencia. En primer lugar para que se cumpla la Constitución que violentó  sistemáticamente a partir del contrato que se firmó con OAS”.

 Roger Cortez, investigador

 "Desde hace años es evidente que  lo que hay ahí es una decisión de las organizaciones cocaleras del trópico de ampliar su territorio de producción. Es la decisión tomada”.
Rafael Puente, exviceministro

Fuente;: periódico "Página Siete"