El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó ayer que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 2366, que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país.
"El Defensor del Pueblo es una autoridad cuya finalidad no es pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma (ley o decreto), él tiene la finalidad de defender a la sociedad. La labor de juzgar la constitucionalidad o no de una norma es del Tribunal Constitucional Plurinacional”, declaró en entrevista con radio Panamericana.
Arce argumentó que la norma, aprobada el pasado 20 de mayo, pretende desarrollar las bases constitucionales establecidas en los artículos 306 y 316 de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la exploración y explotación de recursos naturales en beneficio de los bolivianos, dado su carácter eminentemente estratégico para el desarrollo del país.
Agregó que el decreto no contradice la consulta a los pueblos indígenas sobre la explotación de los hidrocarburos.
Fuente:periódico "Página Siete"
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