Ante el anuncio de la Defensoría del Pueblo de interponer recursos legales en contra de la norma que permite labores hidrocarburíferas en áreas protegidas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que el decreto no elimina dichas zonas del país.
“He revisado el decreto (2366) y bajo ningún concepto están desapareciendo las áreas protegidas, ésa es una falsedad; lo único es que se está readecuando el procedimiento y los mecanismos en caso de que en un área protegida se pueda llevar adelante la exploración”, declaró la diputada por el MAS.
La Defensoría del Pueblo hizo conocer que en la norma existen serias contravenciones a la normativa jurídica nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.
Montaño explicó que en las áreas protegidas siempre ha habido la posibilidad de hacer exploraciones en el ámbito hidrocarburífero. “Lo que se ha modificado son los mecanismos, la metodología”, explicó en una nota de prensa .
El Decreto Supremo 2366, del 20 de mayo de 2015, según el procurador general del Estado, Héctor Arce, busca desarrollar las bases constitucionales establecidas en los artículos 306 y 316 de la Constitución Política del Estado, sobre exploración y explotación de recursos naturales en beneficio de los bolivianos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prepara la firma de contratos para explorar las áreas de San Telmo y Astillero, ubicadas en el Parque Nacional Tariquia, de Tarija.
Fuente: periódico "La Razón"
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