En 2014 se autorizaron 6.192 planes de desmonte (PDM), es decir 81 por ciento más que los 3.418 aprobados en 2013, según la rendición de cuentas final 2014 de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Según las leyes bolivianas, el desmonte está definido como “el corte y desalojo de la vegetación arbustiva y arbórea, realizado en forma mecanizada y manual (...) con el propósito de limpiar una superficie de tierra para dedicarla a usos agropecuarios, infraestructura caminera, petrolera y otros usos diversos”.
La Ley 337, conocida como Ley de Desmontes, justifica las autorizaciones en pos del incremento de la producción de alimentos y el beneficio al pequeño productor; sin embargo, un análisis del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) señala que esos objetivos no se cumplen.
La Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, aprobada en enero de 2013, permite el saneamiento de predios con desmontes realizados sin autorización entre 1997 y 2011, y obliga a los propietarios a acogerse a un programa de cumplimiento.
Cuando, en mayo de 2013, el vicepresidente Álvaro García la entregó al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, se informó que permitiría la incorporación de 4.098 millones de hectáreas adicionales a los 3,5 millones de hectáreas de tierra productiva con las que cuenta el país.
Roda dijo entonces que la ley beneficiaría a más de 25 mil productores de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, La Paz y Tarija, los departamentos con mayor superficie de desmonte.
Pero según un análisis del Cedib, que cita al biólogo y ecologista Marco Ribera, el beneficio al pequeño productor es escaso, puesto que puede haber desmontado ilegalmente o sin autorización una o dos hectáreas. El beneficio mayor es para el gran productor, que desmontó sin autorización (en su predio o en tierras fiscales) cientos o hasta miles de hectáreas.
El documento de la ABT detalla que, por tipo de usuario, la mayor cantidad de PDM fue aprobada para comunidades campesinas (33.128), le siguen propietarios privados (1.682) y comunidades y pueblos indígenas (1.382).
Pero cuando se trata de la superficie aprobada, la mayor cantidad fue para propietarios privados, con 71.614 hectáreas; le siguen comunidades campesinas, con 12.861 hectáreas aprobadas; y comunidades y pueblos indígenas con 4.011 hectáreas. La superficie total aprobada fue de 88.486 hectáreas, 64 por ciento más que en 2013.
El otro justificativo de la ley es incentivar la producción de alimentos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de bosques; pero el investigador del Cedib, Pablo Villegas, hizo notar que, en cuanto a la producción de alimentos, el presidente Evo Morales dijo “si me garantizan productos orgánicos, eliminamos los transgénicos”, lo que para Villegas significa que el Gobierno no tiene otro plan alimentario.
Por tipo de actividad, la superficie aprobada “que garantiza el apoyo a la seguridad alimentaria” se incrementó en un 204 por ciento, señala el documento de la ABT.
Deforestación sin datos
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no cuenta con datos actualizados sobre deforestación en el país.
La información más reciente, brindada a este medio, es el documento “Deforestación y regeneración de bosques en Bolivia y en sus áreas protegidas nacionales para los periodos 1990-2000 y 2000-2010”, que señala que en 1990 Bolivia tenía 56,7 millones de hectáreas de bosque.
En el periodo 1990-2000 se perdieron principalmente por deforestación 1,5 millones de hectáreas, quedando la superficie de bosque reducida a 55 millones de hectáreas. Esta superficie se redujo a 52,5 millones de hectáreas en el periodo 2000-2010, principalmente por la deforestación ocurrida en un área de 2,1 millones de hectáreas.
En los cálculos, 2 millones de hectáreas quedan sin registrar.
FALTA DE REGISTROS
En cuanto a la reforestación, la ley obliga a reponer 10 por ciento de los predios deforestados, algo que para Ribera tiene poco significado ecológico y aún en su pequeñez este objetivo es de dudosa aplicación por falta de registros detallados de desmonte y limitaciones operativas de la ABT.
En la pasada Cumbre del Agro de Santa Cruz se consolidó la decisión del Gobierno de expandir la frontera agrícola con el objetivo de elevar el PIB agropecuario a 10.000 millones de dólares hasta el 2020.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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