lunes, 22 de junio de 2015

El 90% de la producción agrícola argentina viene de manos bolivianas

“¿Por qué no te has quedado en Argentina? ¿No te ha ido bien?”, preguntamos, y la respuesta no se deja esperar “No, he sufrido mucho. He ido a trabajar en un taller textil y apenas he salido, no me podía ni sentar a comer, menos podía dormir”, responde Federico, quien sólo se anima a decirnos estas palabras sobre una experiencia que aún le duele.
Él fue llevado a Argentina, por una vecina, y cuando llegó al lugar se le arrebataron los documentos y comenzó su suplicio; pues se vio obligado a trabajar más de 16 horas en duras condiciones. Gracias a un allanamiento realizado por la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo del vecino país, Federico pudo retornar a Bolivia.
Como este caso hay muchos otros; pues un reciente estudio, “Explotación laboral y sexual”, realizado por la ONG, “Vínculos en Red” revela que en Argentina hay alrededor de 500 mil esclavos; de éstos, 250 mil son ciudadanos bolivianos. Así lo confirmó la coordinadora de esta ONG, Alicia Peressutty. Añadió además que estas personas son víctimas de trata y tráfico.
La experta  resaltó que el 85 por ciento de las víctimas de trata en Argentina son mujeres, por los delitos de abuso sexual. El otro delito es el referente al abuso laboral, siendo los más conocidos los esclavos de las confecciones textiles en Buenos Aires, “quienes son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas”, explicó Peressutty.
Añadido a esto la Fundación Alameda (una organización que lucha contra el  trabajo esclavo) denuncia que funcionan 3.000 talleres textiles clandestinos tan solo en Buenos Aires y sus alrededores, con 10 empleados promedio y que explotan a 30.000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes bolivianos, pero también peruanos y migrantes internos argentinos.
Pero más allá de esto, en entrevista exclusiva con El País eN, el Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires, Ramiro Tapia, dijo que  la colectividad de bolivianos en Argentina es muy grande y está dedicada a diferentes rubros pero principalmente a la agricultura y al sector textil; así manifestó que el  90% de lo que consumen los argentinos en estos ámbitos es producto de manos bolivianas.
Sin embargo, el Cónsul no es el único que sostiene este dato; pues el portavoz de Alameda, Lucas Schaerer, afirmó que las fábricas textiles clandestinas son el último eslabón de una cadena de la industria del vestido. “Casi un 80 por ciento del sector se nutre de ellos (migrantes bolivianos)”, aseguró.
Recopilando cifras, en la misma línea, un dato del investigador de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires, Diego Palacios, sostiene que alrededor del 80% de lo que se  produce y comercia, en cuanto a agricultura, en Buenos Aires es trabajo de bolivianos y bolivianas con más de cinco años de residencia en ese país.

Agricultura “Made in Bolivia”
Manos morenas y fuertes, se camuflan en la tierra con tal tesón que se hacen imprescindibles; sobre todo en un sector que ahora depende de ellas. “El boliviano es metedor, sin importar las horas ni el clima, le mete al trabajo con fuerza” bromean los argentinos al referirse a la labor que los compatriotas realizan en el sector agrícola.
Llegar al campo en los alrededores de La Plata es como trasladarse imaginariamente hacia la campiña tarijeña, sobre todo por la gente que habla con ese tono cantado tan característico del chapaco. Los niños corren cerca de las casas, los perros abundan y cuidan las propiedades. En la zona hay animales de granja, y hasta un típico horno de barro al lado de la casa; todo esto hace sentir que se está en Tarija.
Una mujer comenta que deben tener listas 40 docenas de atados de rúcula (un vegetal poco conocido en Bolivia), y otras tantas cajas de lechuga manteca y morrones que tienen que recoger de la otra quinta.
En el partido de la Plata se tienen alrededor de 11 mil hectáreas productivas, propiedad de 5 mil personas y con más de 20 mil trabajadores bolivianos. De acuerdo a datos recabados por El País eN, la producción frutihortícola se concentra en las zonas de Arana, Los Olmos, Hornos, Abasto, Etcheverry, Romero, Colonia Urquiza y El Peligro, y se calcula que anualmente los quinteros locales producen unas 77 mil toneladas de diversas hortalizas.
Sobre el tema, la investigación “Migrantes bolivianos” sostiene que entre los años 1998 y 2010, la cantidad de agricultores bolivianos aumentó de 72% a 82%. También se detalla que el 66% de estos productores oscila entre los cinco y 15 años de permanencia en ese país.
“Llegué a la Argentina  a la provincia de Córdoba  en el año 1988 cuando tenía 13 años, primero  yo pensé que era lindo, pero no, porque cuando uno llega viene a sufrir con el laburo sin descanso,  pero como luego  nos fue bien junto a mi hermano mayor, tras tres años de trabajo, fuimos y buscamos a mis padres y a mis ocho hermanos”, relata con nostalgia Omar Gutiérrez, un residente tarijeño en Buenos Aires.
Como este testimonio hay muchos otros, por lo que en la actualidad los mercados manejados, directamente, 100% por bolivianos en el norte y oeste de Buenos Aires son: Escobar, Pilar, Luján y Moreno. Este dato fue expresado en una investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Empero, éste no es el único sector, donde las manos bolivianas se han hecho imprescindibles.

Esclavos de una máquina
Sentada detrás de una máquina de coser está Claudia (nombre ficticio) afirma que ella y sus compañeros trabajan más de 17 horas, por lo que son expertos en producción en serie; sin embargo añade que son pocas horas las que duerme y revela que cuando concilia el sueño el “zapatear de la máquina resuena en su cabeza”. “Es difícil el trabajo pero no podría regresar a Bolivia, ya que debo enviar dinero a mis hijos”, expresa.
De acuerdo a cálculos de organizaciones como Alameda un 90 por ciento de los migrantes bolivianos trabajan en los sectores agropecuario y textil. Según estos datos, los compatriotas víctimas de trata y tráfico trabajan para pequeñas o grandes marcas. De esta manera, sus prendas se exponen en ferias populares, pasarelas de grandes diseñadores, boutiques de moda, mercados de piratería o incluso en uniformes de organismos oficiales.
La Fundación Alameda en su afán de resolver este problema propuso alternativas como cooperativas textiles en talleres confiscados o recuperados por sus trabajadores. También propuso un sello obligatorio que garantice a los  consumidores que lo que compran no es fruto del trabajo esclavo. Sin embargo, sólo una marca textil optó por colocar este sello de manera voluntaria.
De acuerdo a una nota publicada por el Diario de España (diario.es) se calcula que existen unos 3.000 talleres textiles clandestinos en la capital y sus alrededores, detrás de un negocio que crece al mismo ritmo desaforado. “La Salada, la feria denunciada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) como el mercado negro más grande del continente, tiene unos 40.000 puestos que venden ropa y zapatos a precios bajos, muchos de ellos son falsificaciones de marcas conocidas”, señala la nota.

Trabajo “que se naturaliza”
Los bolivianos que van a trabajar a la Argentina, se exponen a horas de trabajo excesivas y aunque se denunciaron, cientos de veces, situaciones laborales infrahumanas este modo de trabajo parece ya no alarmar ni a argentinos ni a residentes bolivianos.
“Está muy naturalizado y ni siquiera tiene que ver con un rasgo cultural. Cuando mi mamá abrió su taller no pensaba: `ahora voy a ser la explotadora y sacarles dinero´. Ella había aprendido cómo era el sistema. Había naturalizado el trabajar 16 horas, en esas condiciones”, le dijo un migrante a IPS (Inter Press Service).
En esta línea, varios estudios sostienen que el contacto lo realizan los mismos bolivianos; pues son éstos quienes sirven de conducto para la contratación de otros bolivianos en estos lugares.
De acuerdo a la representante de Trata y Tráfico de Personas en el departamento de Tarija, Martha Pérez, en el año 2009 una denuncia fue presentada por un padre de familia en sentido de que su hijo de 13 años habría sido trasladado, por un compatriota, hasta la Argentina.
El joven se vio impedido de comunicarse con su familia, el patrón lo maltrataba y las condiciones donde vivía no eran buenas, el compatriota se quedó con los documentos del muchacho y lo sumergió en una “tortura”. Relató así que la vivienda era el mismo lugar donde se lo explotaba, se le hacía pagar impuestos y comía en el mismo cuarto (arroz y menudencias) en condiciones inhumanas.
Añadido a esto, la alimentación era descontada del salario y se sometía a altos riesgos de contraer tuberculosis.  “La mayoría llega a Argentina engañada. Les dicen que les van a pagar en dólares y cuando llegan acá les dan 200 pesos y encima les cobran el billete y el alquiler”, cuenta un hombre que solía trabajar en estos talleres y que ahora colabora con La Alameda.

Legales y no esclavos
En Argentina, con 41 millones de personas y 1,8 millones de extranjeros, la Ley Migratoria garantiza la permanencia, el acceso al trabajo, a la educación y a la salud del migrante sudamericano, pero muchos de estos “esclavos” están en condición ilegal. “Muchos no quieren blanquearse (legalizarse) porque piensan que volverán (a su país)”, dijo a IPS el presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol), Alfredo Ayala.
Sobre el tema, en una entrevista con El País eN, el Cónsul de Bolivia en Buenos Aires, Ramiro Tapia, admitió el problema que se presenta en el vecino país con la comunidad boliviana y resaltó que su unidad trabaja dentro del ámbito legal para frenar este tipo de atropellos. Dijo que sólo legalizando a esta población se puede “matar” la esclavitud.
Explicó así que en los allanamientos que realizaron junto a la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo del vecino país, encontraron muchos migrantes que a pesar de todo deciden quedarse. Resaltó que éstos  deben regularizar sus papeles, ya que es precisamente esto lo que les brindará mejores condiciones laborales.
Por otra parte, detalló que muchos otros deciden retornar, por lo que el Consulado de Bolivia en Argentina colabora con su regreso. “Hemos hablado con la organización mundial de migrantes y a los que deciden quedarse les estamos ayudando a conseguir un trabajo digno y honesto”, le dijo a El País eN.
Destacó que el objetivo principal es que todo boliviano tenga su documentación al día. “Antes los compatriotas tardaban diez años en tener DNI (Documento Nacional de Identidad) y ahora lo sacan en dos o tres meses”, manifestó.
Agregó que para que esto suceda el Consulado está realizando un trabajo conjunto con instituciones argentinas. De esta manera, dijo que se reunieron con la Cámara de Diputados del vecino país, con la central de trabajadores de la Argentina y parte del Senado, puntualmente con la Comisión de Solidaridad con Bolivia. El objetivo es trabajar en una norma.
“Se está haciendo una Ley de Protección del Trabajo Eventual, esto va a entrar al Parlamento, con el objetivo de que se dé la seguridad legal pertinente a los bolivianos”, manifestó y agregó que la norma contempla una  jubilación digna, seguridad laboral, seguridad industrial y guarderías para niños.

¿Allanamientos disfrazados?
Los allanamientos a talleres clandestinos se realizan de manera regular; sin embargo una especie de sombra se teje en torno a éstos, pues son muchas las organizaciones que aseguran que no hay verdaderos juicios para los dueños de grandes empresas.
En 10 años, Alameda recibió unas 5.000 denuncias que incluyen también trabajo infantil, maltrato y abuso sexual. Pero aunque hay 110 marcas textiles, algunas internacionales muy famosas, denunciadas judicialmente, la fundación afirma que sólo una fue condenada.
Para Alameda el gobierno nacional argentino, es el responsable por no fiscalizar y amparar a marcas textiles denunciadas.
Respecto a este punto el Cónsul le dijo a El País eN que “lamentablemente cuando hay sanciones, éstas vienen a la gente más pobre y humilde pero no a los grandes empresarios que usufructúan las manos de los laburantes”.
 Las denuncias a las calles
Debido a la duda sobre los allanamientos y las sanciones fallidas, El País eN constató que la colectividad boliviana en Buenos Aires, salió a las calles en los últimos días y repartió un comunicado en el que repudian “el trabajo esclavo, la reducción a la servidumbre y el empleo no registrado”.
El comunicado, que llegó a manos de El País eN, señala textualmente que: “Todo esto se da por la impunidad de la que gozan los fabricantes de indumentaria, de parte del gobierno nacional, local y provincial”. “Con esta clara permisividad sin controles de ninguna índole, se configuran claras violaciones a  los derechos humanos de miles de familias”, añade.
Continúa: “En forma contradictoria y estigmatizante se culpa a miles de trabajadores que se encuentran ejerciendo sus labores al amparo de la Ley 12713. Es inadmisible que se explote a obreros. Acabar con esta situación es deber de todos. Pero el Estado lo que hace es presumir la culpabilidad de los que trabajan en talleres de confección de indumentaria, implantando socialmente la denominación de Talleres Clandestinos”.
 El comunicado agrega: “Esto genera una serie de sospecha de complicidad del gobierno nacional. Nadie se pregunta cómo estos contratan los servicios. Ya sea mediante relación laboral o contratos civiles”.
Finalmente el texto concluye sosteniendo “A los trabajadores, absurdamente los inspecciona el Ministerio de Trabajo, Protección al Trabajo GCABA, la Administración Federal de Ingresos Públicos Afip y otros organismos, a sabiendas que éstos trabajan en relación de dependencia de los grandes empresarios, dadores de trabajo”.  “El trabajo debe dignificarse no criminalizarse”, concluye.
El comunicado está firmado por los representantes de la Acifebol, Mutual Casa, Central Aroma, Asamblea Avellaneda, entre otras organizaciones.

La trata presente en Tarija
En el 2013 y primer semestre de 2014, se registraron en Tarija 42 casos de trata y 13 de tráfico de personas, según datos del Ministerio Público, Defensorías de la Niñez y Policía. La mayoría de los casos se registraron en la ciudad de Tarija, seguida de Yacuiba. En más de la mitad de los casos (65%) las víctimas tenían entre 14 y 18 años, y, la mayoría fueron mujeres (65%), provenientes de comunidades campesinas (41%). Se estima que su principal destino es Argentina.
Recomendaciones
-Dudar de las personas aunque sea gente conocida que hacen grandes ofertas de trabajo.
- Está prohibido que los menores de 18 años vayan a trabajar al exterior, ya que la Defensoría no puede hacer un control sobre el empleador.
- Si deciden irse a trabajar, de todas maneras, primero no den su documento a nadie, es preferible hacer los trámites de forma personal. Ahora si ven que sus derechos son vulnerados deben denunciar en gendarmería  y en los consulados de Bolivia.
Fuente: periódico "El País-Tarija"

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