Los pueblos guaraníes de Bolivia, luego de sostener dos reuniones en Santa Cruz y Chuquisaca donde analizaron el contenido y los alcances del Decreto Supremo 2366 que autoriza la exploración y explotación en áreas protegidas, decidieron trabajar un contra propuesta a la normativa, además de llevar adelante una serie de acciones legales y jurídicas contra el Gobierno.
Estas acciones serán presentadas en la tercera reunión del sector a desarrollarse en Tarija la próxima semana.
Según los dirigentes guaraníes, la promulgación del DS 2366 del 20 de mayo es una norma más en contra de las reservas biológicas, que es parte de un paquete de acciones desarrolladas desde hace tiempo atrás, para vulnerar los derechos de las zonas de protección ecológica.
El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT) Tomas Arayay, dijo que los indígenas se encuentran en Estado de Emergencia, tras constatar que el decreto supremo afectará directamente, en las diferentes reservas del país, la fauna, la flora, reservas ecológicas y afluentes de agua. Dijo que lo más preocupante es la contaminación ambiental que esto dejará, como ocurre con los pasivos ambientales en el Chaco.
Ante este panorama, el mburubicha del pueblo guaraní informó que ya trabajaron una contrapuesta a la normativa, entre la dirigencia guaraní de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca; además de un conjunto de acciones legales y jurídicas para evitar la aplicación del decreto 2366.
Para este cometido, los representantes de los tres pueblos guaraníes del país, se reunirán nuevamente en un encuentro nacional en Tarija, el próximo 2 y 3 de julio, para presentar de manera oficial la contrapuesta. Luego de esto, convocarán a una audiencia a los diferentes ministerios, autoridades departamentales e instituciones involucradas en el tema.
Por su parte, el asambleísta departamental por el pueblo tapiete Vicente Ferreira, informó que su sector también analiza minuciosamente el contenido del decreto, para emitir un pronunciamiento posterior como pueblo originario.
Mientras esa la postura de los indígenas, el geólogo tarijeño y miembro del directorio cívico, Daniel Centeno, afirmó que el Decreto Supremo 2366 es una normativa inconstitucional que viola la propia constitución política y otras leyes que protegen la reservas biológicas en Bolivia.
Sin embargo y ante la eminente aplicación, plantea a las autoridades departamentales trabajar en una propuesta para demandar compensaciones económicas por los posibles daños ambientales.
Según los dirigentes guaraníes, la promulgación del DS 2366 del 20 de mayo es una norma más en contra de las reservas biológicas, que es parte de un paquete de acciones desarrolladas desde hace tiempo atrás, para vulnerar los derechos de las zonas de protección ecológica.
El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT) Tomas Arayay, dijo que los indígenas se encuentran en Estado de Emergencia, tras constatar que el decreto supremo afectará directamente, en las diferentes reservas del país, la fauna, la flora, reservas ecológicas y afluentes de agua. Dijo que lo más preocupante es la contaminación ambiental que esto dejará, como ocurre con los pasivos ambientales en el Chaco.
Ante este panorama, el mburubicha del pueblo guaraní informó que ya trabajaron una contrapuesta a la normativa, entre la dirigencia guaraní de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca; además de un conjunto de acciones legales y jurídicas para evitar la aplicación del decreto 2366.
Para este cometido, los representantes de los tres pueblos guaraníes del país, se reunirán nuevamente en un encuentro nacional en Tarija, el próximo 2 y 3 de julio, para presentar de manera oficial la contrapuesta. Luego de esto, convocarán a una audiencia a los diferentes ministerios, autoridades departamentales e instituciones involucradas en el tema.
Por su parte, el asambleísta departamental por el pueblo tapiete Vicente Ferreira, informó que su sector también analiza minuciosamente el contenido del decreto, para emitir un pronunciamiento posterior como pueblo originario.
Mientras esa la postura de los indígenas, el geólogo tarijeño y miembro del directorio cívico, Daniel Centeno, afirmó que el Decreto Supremo 2366 es una normativa inconstitucional que viola la propia constitución política y otras leyes que protegen la reservas biológicas en Bolivia.
Sin embargo y ante la eminente aplicación, plantea a las autoridades departamentales trabajar en una propuesta para demandar compensaciones económicas por los posibles daños ambientales.
Campesinos analizarán en congreso el DS 2366
El movimiento campesino del Estado Plurinacional de Bolivia se reunirá los días 24, 25 y 26 de junio en el departamento de Pando, para llevar adelante el XV congreso ordinario de La Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), donde además de elegir al nuevo directorio de la organización, debatirán varios temas productivos, políticos y también los alcances del Decreto Supremo 2366.
El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) Pánfilo Guzmán, informó que las familias campesinas de los 9 departamentos analizarán el decreto en el congreso, tanto de contenido, como de sus alcances, para posteriormente emitir una postura como sector agrícola.
“Nosotros como organización vamos a analizar el mismo decreto como normativa, al mismo tiempo vamos analizar la situación de las reservas y las licencias ambientales que en algunos casos perjudica el desarrollo, es por eso que tenemos que analizar lo positivo y negativo para emitir un pronunciamiento”, dijo el dirigente.
El delegado al congreso campesino, Juan Carlos Gutiérrez, manifestó que este tema no debe ser sólo una preocupación de campesinos y los pueblos originarios, sino también de las autoridades departamentales, municipales y los legisladores, para poder hallar una solución conjunta.
“Vamos a solicitar que también las autoridades departamentales y municipales de involucren en este tema, para que de entre todos logros salidas viables al tema de la explotación y exploración” dijo el dirigente.
El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) Pánfilo Guzmán, informó que las familias campesinas de los 9 departamentos analizarán el decreto en el congreso, tanto de contenido, como de sus alcances, para posteriormente emitir una postura como sector agrícola.
“Nosotros como organización vamos a analizar el mismo decreto como normativa, al mismo tiempo vamos analizar la situación de las reservas y las licencias ambientales que en algunos casos perjudica el desarrollo, es por eso que tenemos que analizar lo positivo y negativo para emitir un pronunciamiento”, dijo el dirigente.
El delegado al congreso campesino, Juan Carlos Gutiérrez, manifestó que este tema no debe ser sólo una preocupación de campesinos y los pueblos originarios, sino también de las autoridades departamentales, municipales y los legisladores, para poder hallar una solución conjunta.
“Vamos a solicitar que también las autoridades departamentales y municipales de involucren en este tema, para que de entre todos logros salidas viables al tema de la explotación y exploración” dijo el dirigente.
Fuente: periódico "El País-Tarija"
No hay comentarios:
Publicar un comentario