“He tenido reuniones con algunos operadores, hay observaciones que serán subsanadas en los próximos días fundamentalmente en lo referido a resoluciones ministeriales...las empresas tienen el reto y la oportunidad de trabajar con seguridad jurídica y de seguir avanzando y construyendo el futuro de este país para consolidar el crecimiento de Bolivia. Todos somos parte de esta familia, todos tenemos que aportar con un granito de arena para construir ese gran castillo de la economía que es hidrocarburos y energía”, sintetizó Sánchez.
Sin dar detalles de las observaciones de las petroleras privadas, el hombre fuerte de hidrocarburos se comprometió a atender las sugerencias planteadas por los privados.
Las estrategias para incentivar la exploración y explotación a las que apunta la política energética, según explicó Sánchez, consisten en la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera; el Reglamento de la Ley de Incentivos; la ley que posibilita la continuidad de operaciones de las empresas después de finalizado su contrato; ampliación de superficies exploratorias; posibilidad de exploración en áreas protegidas; reglas claras para los contratos petroleros, etc.
El ministro insistió en destacar que se ha avanzado en el diseño de una política segura y confiable para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, tomando en cuenta la coyuntura internacional de caída de precios del petróleo que, sin duda, ha afectado a los precios de exportación de gas y a los ingresos por renta petrolera.
Corazón energéticoLa presidenta de la CBHE, Claudia Cronenbold, indicó a la conclusión del IX Congreso Internacional Bolivia Gas y Energía 2016 que comparten el criterio gubernamental de ser el centro energético regional en un periodo de transición sectorial.
“El escenario en el cual nos toca actuar está definido por una caída prolongada de los precios internacionales del petróleo, los nuevos compromisos y las metas de mitigación para el cambio climático y una desaceleración de la economía mundial de lenta recuperación”, dijo la ejecutiva.
En ese marco, durante la conclusión de la cita indicó que todo está determinado por una fase de estabilización de los precios internacionales, los que en las proyecciones podrían escalar por encima de los $us 50 el barril, según los análisis de los expositores.
Refirió que los años por venir serán vitales para delinear el futuro del contrato de compraventa de gas con Brasil y Argentina.
Destacó los planes de expansión en el sector eléctrico y de gas y auguró que los volúmenes de inversión presentados por el Gobierno hacen que Bolivia comience a palpitar con un nuevo corazón energético de la región.
YPFB garantiza inversiónGonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, indicó que la estatal mantendrá sus inversiones, junto al inicio del proceso de industrialización, lo que permitirá a la petrolera diversificar sus mercados para hidrocarburos y productos petroquímicos, que a su vez se traducirá en la internacionalización de las actividades de YPFB y permitirá que Bolivia consolide aún más su presencia en la región.
El ejecutivo de la estatal, que asistió al foro en reemplazo del presidente Guillermo Achá, garantizó que se generarán mayores ingresos para el país gracias a las futuras inversiones que se avecinan en el sector.
Controversias
Iver von Borries, experto en Derecho de Gas y Petróleo y Arbitraje Comercial y presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, en su disertación Nuevas tendencias del arbitraje energético mostró medios alternativos de solución de controversias (arbitraje y conciliación) como útiles herramientas al momento de zanjar diferendos no solamente entre el Estado y las empresas del Upstream, sino además entre empresas de servicios.
El experto incluso adelantó que en legislaciones extranjeras se está normando para que los pueblos indígenas y comunidades campesinas -que cuenten con personería jurídica reconocida- puedan optar a hacer reclamaciones mediante la vía arbitral y lograr compensaciones y acuerdos con el Estado y las empresas privadas.
Fuente: periódico "El Deber"
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