Los
datos muestran que existe una diferencia sustancial en la recaudación
de ambos productos pese a que el valor de la producción de hidrocarburos
es solamente mayor al de los minerales en 8 por ciento.
Si
bien la renta que se grava a cada sector debe ser de acuerdo con las
características propias de la actividad, como son los costos de
explotación, precios de venta y otros, queda claro que el aporte del
sector minero al Estado es notablemente reducido.
Mejores precios, renta baja
Los
sectores de hidrocarburos y minería han sido bastante favorecidos en
los últimos años por el incremento de los precios internacionales, sin
embargo el sector minero no aumentó en todo este tiempo su aporte al
Estado; por el contrario, se le liberó de pagar impuestos a las
utilidades, sobre todo al sector cooperativista.
En los sectores de los cooperativistas existe una presión y oposición para conservar privilegios y mantener los bajos tributos.
De
acuerdo a los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, las
cooperativas mineras son las que menos tributan por la explotación de
metales.
“Sólo
pagan el 60 por ciento de la Alícuota cuando se realiza
comercialización interna; además no pagan IUE (Impuesto a las Utilidades
de las Empresas) ni la alícuota adicional al IUE”, señala el documento
sobre el proyecto minero Mallku Qota.
Es
por esta razón el gobierno prefieren entregar el yacimiento a la
transnacional canadiense South American Silver por considerarla más
rentable.
En
2011, la minería mediana (San Cristóbal y otros) generó para el Estado
ingresos por 115 millones de dólares, el sector estatal (COMIBOL con
Huanuni y otros) 9,5 millones y las cooperativas mineras 34 millones,
pese a ser 1.200 unidades productivas.
La
Ley 3787, de 24 de noviembre de 2007, creó para el sector minero una
alícuota adicional de 12,5 por ciento al Impuesto a las Utilidades de
las Empresas (IUE), determinación que excluye a las cooperativas.
La
Constitución establece que los recursos naturales son propiedad del
pueblo boliviano, de carácter estratégico e interés público para el
desarrollo del país, y el Estado debe garantizar el desarrollo mediante
la redistribución equitativa de los excedentes económicos; sin embargo,
los grandes beneficios por la explotación y venta de estas fuentes no
renovables benefician a pocos.
Fuente: periódico digital "ERBOL" - 05/06/2012
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