El constitucionalista José Antonio Rivera asegura sí debe aplicarse la consulta previa a los pueblos del norte de La Paz y parte de Beni, donde se ubicará la hidroeléctrica El Bala.
Recientemente, el presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Eduardo Paz, reveló a ANF que no se prevé realizar la consulta previa, sino socializar el proyecto.
Consultado por Los Tiempos, Rivera se respaldó en el artículo 343 de la Constitución Política del Estado (CPE) donde se establece la obligación del Gobierno de realizar una consulta previa en casos como: “la ejecución de un proyecto hidroeléctrico, de gran envergadura, que ponga en riesgo o amenace el medio ambiente”, dijo.
Según Paz, en 15 meses se tendrá el informe final sobre cómo impactarán en la región las represas El Bala y el Chepete, aunque adelantó que las inundaciones afectarán al 0,7 por ciento del Parque Nacional Madidi y al 1,2 por ciento de la Reserva Biosfera y Territorio Indígena Pilón Laja, ambos en el norte de La Paz.
Ante esta situación, Rivera dijo que, por doble partida, el Gobierno tiene la obligación de consultar, por un lado, a los pueblos cuyos territorios serán inundados y, por otro lado, a todos los bolivianos porque la ejecución del proyecto tendrá un impacto que afectará a áreas protegidas.
Según una publicación de ANF, al menos cuatro artículos de la CPE protegen los derechos de los pueblos indígenas y prevén el “uso exclusivo” de los recursos naturales renovables.
El numeral 15 del artículo 30 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. Este artículo está reforzado por el 403, que “reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables”.
En el artículo 343 se hace referencia a que “la población tiene derecho a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.
Mientras que el artículo 352 es más preciso al hacer referencia a la explotación de recursos naturales que “en determinados territorios estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre e informada” y que, en el caso de los pueblos indígena-originario-campesino, la “consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
SENADOR PLANTEA CONSULTA A TODA LA ZONA
El senador opositor Yerko Núñez, de Unidad Demócrata, recordó que la Carta Magna vela por los derechos de los pueblos indígenas y de la población susceptible de ser afectada por proyectos como El Bala y pidió al Gobierno cumplir los cuatro artículos de la CPE que protegen los derechos de los pueblos indígenas para el “uso exclusivo” de los recursos naturales y la consulta.
“No sólo las comunidades indígenas deben ser consultadas sino quienes habitan cerca de la zona, como ser Rurrenabaque en el Beni y el Beni en general y la provincia Iturralde, San Buenaventura y La Paz”, declaró a ANF. Según el presidente de ENDE, Eduardo Paz, la consulta corresponde sólo en proyectos de hidrocarburos, en electricidad sólo socialización. El Gobierno prevé invertir unos 6.000 millones de dólares en la represa.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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