El presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), Eduardo Paz, garantizó, por primera vez, que habrá consulta pública a los afectados del proyecto hidroeléctrico de El Bala y El Chepete, una vez que concluya el estudio a diseño final.
“Hemos sido claros, la ley boliviana y los compromisos que tiene Bolivia a nivel internacional establece la socialización y consulta pública, y la consulta a los afectados habrá una vez que esté el diseño final”, aseguró.
Eduardo Paz dijo el 20 de septiembre, cuando fue consultado por ANF sobre la consulta previa, pública e informada a los pueblos indígenas involucrados en el proyecto de El Bala y El Chepete: “le pido por favor que quede claro -de acuerdo a la Constitución y a las leyes bolivianas - la consulta es sólo para el área de hidrocarburos, en el área de electricidad solo hacemos un proceso de socialización”.
A poco más de una semana de esa declaración, Paz dijo visiblemente molesto: “Yo no ando diciendo cosas que son mentiras, he dicho claro, que algunos medios de comunicación estén diciendo cosas que son falsas, y mal interpretándolo lo que uno dice en la búsqueda de alarmar a la gente, es su responsabilidad, no la mía”.
“La Ley 1333 (de Medioambiente) establece que hay que hacer la consulta pública, sino, no me van a dar licencia para trabajar, y obviamente estuve el jueves con los afectados de Rositas, boliviano por boliviano los visito y no voy alarmando a la gente”, aseguró después de participar en un acto público en la Cancillería.
ENDE sostiene que la hidroeléctrica de El Bala sólo afectará con inundaciones al 0,7% del Parque Nacional Madidi y al 1,2% de la Reserva Biósfera y Territorio Indígena Pilón Laja del norte del departamento de La Paz y anunció que en 15 meses se contará con un informe final al respecto.
El estudio preliminar prevé que como consecuencia de la hidroeléctrica del norte de La Paz, 773 kilómetros cuadrados (Km2) de 29.773 Km2 se verán afectados con embalses.
El inciso 15 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado señala que “las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.
Fuente: Agencia de noticias Fides "ANF"
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