“Estamos en un proceso de socialización y explicación a la sociedad, del proyecto. Todos los supuestos daños ambientales que va a haber, estarán determinados una vez se concluya el estudio a diseño final. Yo no trabajo sobre supuestos, trabajo sobre hechos concretos. Yo no ando diciendo qué es lo que va a pasar. Soy una persona seria. La Ley 1333 y los compromisos que tiene Bolivia a nivel internacional, establecen la socialización, la consulta pública y la consulta a los afectados una vez esté el diseño final”, dijo la autoridad, muy molesto por las informaciones a las que calificó de “infundadas”, que dan cuenta de un daño ambiental cuando se ejecute el proyecto.
El gobierno informó del estudio de identificación de los proyectos hidroeléctricos El Bala y Chepete con un potencial de cerca de 3.700 megavatios (MW). Estas hidroeléctricas se encuentran en el norte de La Paz. Para su construcción, se estima una inversión de $us 6.000 millones. El estudio preliminar considera 773 kms2 de los 29.773 kms2 que tiene el parque Madidi; es decir, 0,7%, según Paz.
El presidente de Ende señaló que ya se inició el proceso de socialización del proyecto en la población de Rurrenabaque (Beni) y continuará con ese trabajo hasta llegar a todos los afectados por la obra.
Las normativas
En lo que se refiere a los derechos indígenas en Bolivia, el artículo 30 de la Constitución Políitica del estado (CPE), establece que el sector tiene derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”
En ese marco, añade que “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
El artículo 352 complementa que “la explotación de recursos naturales en determinado territorio, estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada”.
“Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”, determina.
Fuente: periódico "El Deber"
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