El ministro César Navarro intenta poner orden en la actividad cooperativista minera del país. Conoce los riesgos pero dice estar dispuesto a racionalizar un sector donde estén identificados los cooperativistas verdaderos y los empresarios mineros.
_ Luego del conflicto de los cooperativistas mineros y la muerte del viceministro de Régimen Interno, Rodolfo Illanes, hace un mes ¿qué acercamiento hubo con el sector?
Han enviado notas, pero consideramos que su representación aún no tiene un nivel de representatividad. Ellos tienen que tener su propio saneamiento interno porque han equivocado de manera drástica el camino de su reivindicación. Prefirieron el bloqueo y la violencia para obligarnos a dialogar.
_ ¿Y qué piden en sus notas?Quieren discutir, analizar y paralizar la persecución política a los dirigentes. No existe ninguna persecución política. Lo que existe desde el Ministerio Público, es una investigación para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato del viceministro Illanes y de la golpiza que le dieron al edecán. Los compañeros no pueden confundir esto. También nos acusan de que estamos perjudicando la actividad productiva porque no hay combustible ni explosivos. Pero su comercialización es normal. Lo que está haciendo el Ministerio de Defensa es verificar el uso correcto del explosivo.
_ ¿Qué avances tiene para el cumplimiento de los decretos 2889, 2890, 2891 y 2892 para el control de la actividad minera cooperativista?Lo primero es verificar los contratos existentes que han sido autorizados por la Comibol (Corporación Minera de Bolivia), los enviados a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y si existen otros contratos entre cooperativas y privados que no han sido registrados por Comibol o AJAM.
_ ¿Qué han podido constatar hasta ahora?Hay cooperativas como la Poopó que firmó contrato con Sinchi Wayra en Oruro, de un área que le pertenece a Comibol. Pero ese contrato ya no está vigente desde febrero. Hay otros contratos que tienen vigencia de 25 años que son para el tratamiento de desmontes, pallacos y sucus que están en la superficie de las faldas del cerro de Potosí, vigentes por 25 años. Comibol está certificando la situación jurídica y productiva de esos contratos.
_ ¿Cuántos tipos de contratos se han identificado?Lo que tenemos por ahora, es que hay 7 contratos vigentes entre cooperativas mineras con la empresa Manquiri, con una vigencia hasta 2027 y 2030. Se les ha entregado hectáreas en el cerro de Potosí y en las faldas existe una acumulación de carga de interior mina, pallacos y sucus (rocas mineralizadas). Ahí no existe una afectación o intervención en la actividad productiva.
En cambio, existen otros tipos de contratos no vigentes, como los de Poopó o Litoral con Jacha Uru, en Potosí. No se están tocando los contratos que tienen que ver con la actividad productiva, sino que se verifican los contratos donde han entregado a terceros particulares como en Manquiri. Hay cooperativas que recibieron de Manquiri desde el 2008 hasta esta fecha, cerca de $us 10 millones por transferencia que representa el 1,5% del valor neto de producción a la cooperativa. Hay cooperativas que se han beneficiado con varios millones de dólares sin equidad.
_ ¿Hasta cuándo se va a hacer toda la verificación?Hemos concluido. El lunes tenemos una reunión con Comibol para ver la situación de cada uno de los contratos. Pero además, hacemos una revisión sobre la situación productiva de las cooperativas. La próxima semana tendremos un informe casi completo de la actividad productiva de las cooperativas en La Paz, Oruro y de cooperativas auríferas. Estamos viendo la producción de la cooperativa y la venta del producto. Vamos a cruzar la información con las comercializadoras que tienen que estar legalmente constituidas.
_ ¿Cómo están trabajando las comercializadoras?Por esta revisión, encontramos algunas comercializadoras ilegalmente establecidas en regiones del país, pero además, fomentan la producción ilegal.
_ ¿Son muchas?Solo en Potosí hay cerca de 65 ingenios que son los compradores del mineral. En el caso de los minerales tradicionales, que son fundamentalmente complejos (plomo, plata y zinc). Para que exista una homogenización, automáticamente tiene que entrar a la fase de la molienda y la concentración y eso solo se hace en los ingenios, que son los intermediarios entre el productor y el exportador. Estamos haciendo la verificación de la existencia de los ingenios pero además, su tratamiento.
_ ¿Acaso estos comercializadores no son cooperativistas?Algunos. Hay cooperativistas que alquilaron ingenios, pero hay otros que son netamente comercializadores y exportadores. El 95% de los mineros cooperativistas son productores para los compradores del mercado interno. Éstos, en un 100%, son exportadores al mercado externo. Esos son los intermediarios.
_ Con lo que han podido ver hasta ahora ¿se van a revertir áreas mineras?Estamos en fase de evaluación. Sí, se van a revertir porque inclusive se ha creado la figura del arrendamiento, que es una aberración jurídica y constitucional. Las cooperativas han creado otra figura que es la del subarriendo. Así, las cooperativas se volvieron intermediarios. Eso también se está evaluando y por lo tanto, esos contratos vigentes van a pasar a manos del Estado boliviano.
Fuente: periódico "El Deber"
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