No es que aún falte hacer las auditorías. Éstas ya fueron realizadas el año 2006 como parte del mandato establecido en el Decreto Supremo 28701, de nacionalización de hidrocarburos. Lo pendiente es la publicación y aplicación de sus resultados. A más de ocho años, el Gobierno todavía las mantiene guardadas, en franco incumplimiento del decreto nacionalizador, ya que la negociación de nuevos contratos con las petroleras debía tener como base los resultados de estas auditorías. Según el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, en un artículo de mayo de 2008, “las auditorías detectaron beneficios ilegales de las empresas por 1.740 millones de dólares”. Estos resultados hubiesen sido más que suficientes para que Bolivia recuperase el control total de las empresas capitalizadas a favor de YPFB, sin temor a juicios, arbitrajes internacionales o indemnizaciones de ningún tipo.
Por el contrario, YPFB y los Ministerios de Defensa Legal y de Hidrocarburos, en aquel entonces a cargo de Héctor Arce Zaconeta y del ahora difunto Carlos Villegas, respectivamente, prefirieron negociar casi en secreto con las petroleras los contratos que hoy en día están en vigencia.
Ante la negativa de las autoridades nacionales de hacer públicas las auditorías, el semanario DÍA D, a través de una profunda investigación, logró obtener en 2010 parte de esta información, que demuestra irregularidades cometidas por las transnacionales Repsol, Transredes y Petrobras.
De trampas y favores
La investigación de DÍA D, llevada a cabo por el ahora codirector de El País eN, Rafael Sagárnaga, resalta primero los “paradigmáticos” casos de Transredes y Repsol. Transredes, fue fundada en 1997 sobre la base de activos de YPFB que en aquel entonces estaban valuados a precios de mercado en 263,5 millones de dólares. Las transnacionales Enron y Shell formaron el consorcio TR Holding, a través del cual debían “capitalizar” la empresa con ese mismo monto, convirtiéndose en socias del 50 por ciento del paquete accionario de Transredes.
Las auditorías petroleras revelaron que TR Holding realizó la transferencia de los 263,5 millones de dólares a la cuenta de Transredes el 16 de mayo de 1997, pero ese mismo día se reporta una transacción por 263,2 millones de dólares desde la cuenta de Transredes al Citibank Treasury Nassau, Bahamas. “¿Se aportó por un día y luego se esfumó el dinero en ese paraíso financiero?”, cuestiona DÍA D.
Posteriormente, Transredes y la Shell International Ltd. (una de las capitalizadoras, miembro de TR Holding) suscribieron un Acuerdo de Administración de Inversiones, por el cual Transredes S.A. designa a Shell International Investment Ltd. (una subsidiaria de su socia), como “Administrador” de un fondo de Mercado de Dinero (un fondo de Mercado de Dinero es una cartera de títulos - valores de corto plazo). En abril de 1998, Shell International Investment Ltd. comenzó a administrar los fondos traspasados del Grupo Citibank por un monto de 210 millones de dólares.
Todo esto, según el análisis de DÍA D, significa que el socio “capitalizador” se quedó con el dinero de la sociedad “en virtud de un artificio” ilegal y que además contrariaba el contrato suscrito entre el Estado boliviano y Enron/Shell, que prohibía expresamente esta práctica.
Para empeorar las cosas, resultaba que “los ‘rendimientos’ generados por esa suma administrada por Shell simplemente fueron irrisorios. Los Estados Financieros de Transredes reflejan sucesivas pérdidas en las primeras gestiones. Si ese dinero se hubiese puesto en depósitos a Plazo Fijo en bancos bolivianos, los intereses percibidos hubiesen reportado ingentes ganancias a Transredes y, por ende, al Fondo de Capitalización Colectiva”, como detalla la investigación de DÍA D.
Según detalles contenidos en los informes trimestrales de inversiones, los 210 millones de dólares que se encargó administrar a Shell International Investment Ltd. sirvieron para beneficiar exclusivamente a los socios capitalizadores y no a Transredes.
Todos estos hechos constituyen “motivo y causal suficiente para la desvinculación societaria de hecho, por deslealtad probada”, explica DÍA D, y agrega que “la información y documentación obtenida debió ser utilizada por el Estado boliviano para recuperar, sin costo alguno, el 50% del paquete accionario detentado por Ashmore, sucesora de TR Holding”.
Sin embargo, estos hallazgos fueron ignorados por los negociadores del Gobierno de Evo Morales, quienes por el contrario decidieron pagar a Ashmore la suma de 240 millones de dólares por la “nacionalización”. La investigación de DÍA D agrega además que “la auditoría a Transredes ha obtenido otros hallazgos que pudieron y debieron ser utilizados para que YPFB recupere el control absoluto del paquete accionario y enfrente, sin temor, cualquier tipo de juicios o arbitrajes en cualquier escenario”.
Otro caso paradigmático es el de Repsol, empresa que todavía opera en el país. Repsol fue quien se encargó de la capitalización de Andina S.A. el año 1999, al comprar los derechos y acciones en YPF, Pérez Companc y Pluspetrol.
El valor de “capitalización” de Andina era de 265 millones de dólares, pero la auditoría petrolera reveló que no cumplió los compromisos de inversión, que apenas alcanzaron a 63 millones de dólares de los 292.2 millones que declaró haber invertido hasta el año 2001.
Adicionalmente, el año 2001 Repsol firmó un contrato con Petrobras a espaldas de YPFB, denominado contrato Hedging, “en virtud al cual, entre ese año y el 2003, devolvió 300 millones de dólares a Petrobras por gas que la estatal petrolera exportó al Brasil, provenientes de los campos explotados por Andina/Repsol. De esa suma, al menos 150 millones de dólares le pertenecían al Fondo de Capitalización Colectiva”, reveló la investigación de DÍA D.
Estos hechos, sumados a la aceptación de la propia Repsol YPF que no cumplió con la inversión de los 265 millones de dólares, muestran que no se produjo el aporte de capital para detentar el 50% de las acciones de Andina.
Todo ello ha llevado al investigador a preguntarse “¿por qué no recuperó YPFB el control accionario equivalente al monto no pagado por la ‘capitalizadora’?, ¿por qué el Gobierno no utilizó estos hallazgos para recuperar el control de esas estratégicas empresas (Andina controla el 50% de los megacampos San Alberto y Sábalo) a favor de YPFB? y ¿por qué las autoridades de gobierno hasta el presente no han brindado una explicación clara y pormenorizada sobre todos estos casos?”.
¿Mal hechas?
El único argumento que ha intentado usar el Gobierno para justificar el apolillamiento de las auditorías petroleras ha sido el desprestigio. Las auditorías estuvieron a cargo de Enrique Mariaca, un ingeniero petrolero y geólogo altamente especializado y con vasta experiencia en la gestión de empresas hidrocarburíferas tanto dentro como fuera del país, al ser, entre otras cosas, uno de los forjadores de YPFB junto con su generación del Chaco.
El año 2006 fue nombrado Coordinador de la Unidad de Fiscalización, con base en Santa Cruz (UFSC), de las auditorías a las empresas petroleras, según fue ordenado por el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos. De esta manera, Mariaca encabezó la labor de siete firmas especializadas en auditorías petroleras para evaluar la labor de nueve transnacionales que operaban en Bolivia.
La información que empezaron a generar revelaba graves delitos cometidos por las petroleras, pero fue cuestionada por el Gobierno, principalmente a través de Guillermo Aruquipa Copa, quien ocupó altos cargos en el Ministerio de Hidrocarburos y en YPFB. Aruquipa acusó a Mariaca de haber “realizado mal su labor”, aunque no quiso debatir públicamente con él cuando Mariaca lo retó. Aruquipa finalmente fue acusado en 2009 por tráfico de influencias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Pero mientras tanto, y aunque el Gobierno consideraba a las auditorías como mal hechas, las presiones sobre Mariaca se multiplicaban. Un incidente fue el que, por razones de salud le obligó a alejarse del cargo. Una noche, Enrique Mariaca salía de su departamento en Santa Cruz, cuando se apagaron las luces. “Un individuo brasileño lo empujó precipitando su caída y que ruede sobre las gradas. La hemorragia generada por las heridas le causó anemia y lo forzó a retornar a La Paz”, describe una investigación del semanario DÍA D.
El relato de Jorge Mariaca, hermano de Enrique, en una entrevista realizada por Rafael Sagárnaga, acerca de otro incidente, sólo aumenta la sospecha de presiones del Gobierno: “Nos avisó (Enrique) que había enviado un material referido a las auditorías con alguien en quién él confiaba. Este personaje lo traicionó y nunca apareció. Nos remitió la valija en un radio taxi. Cuando la abrimos todos los papeles estaban removidos, muchos estaban destrozados y varios habían desaparecido”.
Tras su alejamiento, Mariaca ha instado reiteradamente al expresidente de YPFB, Carlos Villegas, y al vicepresidente García Linera a hacer públicas las auditorías petroleras y a explicar su contenido, en cumplimiento de las normas dispuestas por el Gobierno. Y durante los últimos años de su vida continuó dando conferencias, planteando propuestas y cuestionando políticas.
Finalmente, un 9 de marzo de 2010, Enrique Mariaca falleció.
De trampas y favores
La investigación de DÍA D, llevada a cabo por el ahora codirector de El País eN, Rafael Sagárnaga, resalta primero los “paradigmáticos” casos de Transredes y Repsol. Transredes, fue fundada en 1997 sobre la base de activos de YPFB que en aquel entonces estaban valuados a precios de mercado en 263,5 millones de dólares. Las transnacionales Enron y Shell formaron el consorcio TR Holding, a través del cual debían “capitalizar” la empresa con ese mismo monto, convirtiéndose en socias del 50 por ciento del paquete accionario de Transredes.
Las auditorías petroleras revelaron que TR Holding realizó la transferencia de los 263,5 millones de dólares a la cuenta de Transredes el 16 de mayo de 1997, pero ese mismo día se reporta una transacción por 263,2 millones de dólares desde la cuenta de Transredes al Citibank Treasury Nassau, Bahamas. “¿Se aportó por un día y luego se esfumó el dinero en ese paraíso financiero?”, cuestiona DÍA D.
Posteriormente, Transredes y la Shell International Ltd. (una de las capitalizadoras, miembro de TR Holding) suscribieron un Acuerdo de Administración de Inversiones, por el cual Transredes S.A. designa a Shell International Investment Ltd. (una subsidiaria de su socia), como “Administrador” de un fondo de Mercado de Dinero (un fondo de Mercado de Dinero es una cartera de títulos - valores de corto plazo). En abril de 1998, Shell International Investment Ltd. comenzó a administrar los fondos traspasados del Grupo Citibank por un monto de 210 millones de dólares.
Todo esto, según el análisis de DÍA D, significa que el socio “capitalizador” se quedó con el dinero de la sociedad “en virtud de un artificio” ilegal y que además contrariaba el contrato suscrito entre el Estado boliviano y Enron/Shell, que prohibía expresamente esta práctica.
Para empeorar las cosas, resultaba que “los ‘rendimientos’ generados por esa suma administrada por Shell simplemente fueron irrisorios. Los Estados Financieros de Transredes reflejan sucesivas pérdidas en las primeras gestiones. Si ese dinero se hubiese puesto en depósitos a Plazo Fijo en bancos bolivianos, los intereses percibidos hubiesen reportado ingentes ganancias a Transredes y, por ende, al Fondo de Capitalización Colectiva”, como detalla la investigación de DÍA D.
Según detalles contenidos en los informes trimestrales de inversiones, los 210 millones de dólares que se encargó administrar a Shell International Investment Ltd. sirvieron para beneficiar exclusivamente a los socios capitalizadores y no a Transredes.
Todos estos hechos constituyen “motivo y causal suficiente para la desvinculación societaria de hecho, por deslealtad probada”, explica DÍA D, y agrega que “la información y documentación obtenida debió ser utilizada por el Estado boliviano para recuperar, sin costo alguno, el 50% del paquete accionario detentado por Ashmore, sucesora de TR Holding”.
Sin embargo, estos hallazgos fueron ignorados por los negociadores del Gobierno de Evo Morales, quienes por el contrario decidieron pagar a Ashmore la suma de 240 millones de dólares por la “nacionalización”. La investigación de DÍA D agrega además que “la auditoría a Transredes ha obtenido otros hallazgos que pudieron y debieron ser utilizados para que YPFB recupere el control absoluto del paquete accionario y enfrente, sin temor, cualquier tipo de juicios o arbitrajes en cualquier escenario”.
Otro caso paradigmático es el de Repsol, empresa que todavía opera en el país. Repsol fue quien se encargó de la capitalización de Andina S.A. el año 1999, al comprar los derechos y acciones en YPF, Pérez Companc y Pluspetrol.
El valor de “capitalización” de Andina era de 265 millones de dólares, pero la auditoría petrolera reveló que no cumplió los compromisos de inversión, que apenas alcanzaron a 63 millones de dólares de los 292.2 millones que declaró haber invertido hasta el año 2001.
Adicionalmente, el año 2001 Repsol firmó un contrato con Petrobras a espaldas de YPFB, denominado contrato Hedging, “en virtud al cual, entre ese año y el 2003, devolvió 300 millones de dólares a Petrobras por gas que la estatal petrolera exportó al Brasil, provenientes de los campos explotados por Andina/Repsol. De esa suma, al menos 150 millones de dólares le pertenecían al Fondo de Capitalización Colectiva”, reveló la investigación de DÍA D.
Estos hechos, sumados a la aceptación de la propia Repsol YPF que no cumplió con la inversión de los 265 millones de dólares, muestran que no se produjo el aporte de capital para detentar el 50% de las acciones de Andina.
Todo ello ha llevado al investigador a preguntarse “¿por qué no recuperó YPFB el control accionario equivalente al monto no pagado por la ‘capitalizadora’?, ¿por qué el Gobierno no utilizó estos hallazgos para recuperar el control de esas estratégicas empresas (Andina controla el 50% de los megacampos San Alberto y Sábalo) a favor de YPFB? y ¿por qué las autoridades de gobierno hasta el presente no han brindado una explicación clara y pormenorizada sobre todos estos casos?”.
¿Mal hechas?
El único argumento que ha intentado usar el Gobierno para justificar el apolillamiento de las auditorías petroleras ha sido el desprestigio. Las auditorías estuvieron a cargo de Enrique Mariaca, un ingeniero petrolero y geólogo altamente especializado y con vasta experiencia en la gestión de empresas hidrocarburíferas tanto dentro como fuera del país, al ser, entre otras cosas, uno de los forjadores de YPFB junto con su generación del Chaco.
El año 2006 fue nombrado Coordinador de la Unidad de Fiscalización, con base en Santa Cruz (UFSC), de las auditorías a las empresas petroleras, según fue ordenado por el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos. De esta manera, Mariaca encabezó la labor de siete firmas especializadas en auditorías petroleras para evaluar la labor de nueve transnacionales que operaban en Bolivia.
La información que empezaron a generar revelaba graves delitos cometidos por las petroleras, pero fue cuestionada por el Gobierno, principalmente a través de Guillermo Aruquipa Copa, quien ocupó altos cargos en el Ministerio de Hidrocarburos y en YPFB. Aruquipa acusó a Mariaca de haber “realizado mal su labor”, aunque no quiso debatir públicamente con él cuando Mariaca lo retó. Aruquipa finalmente fue acusado en 2009 por tráfico de influencias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Pero mientras tanto, y aunque el Gobierno consideraba a las auditorías como mal hechas, las presiones sobre Mariaca se multiplicaban. Un incidente fue el que, por razones de salud le obligó a alejarse del cargo. Una noche, Enrique Mariaca salía de su departamento en Santa Cruz, cuando se apagaron las luces. “Un individuo brasileño lo empujó precipitando su caída y que ruede sobre las gradas. La hemorragia generada por las heridas le causó anemia y lo forzó a retornar a La Paz”, describe una investigación del semanario DÍA D.
El relato de Jorge Mariaca, hermano de Enrique, en una entrevista realizada por Rafael Sagárnaga, acerca de otro incidente, sólo aumenta la sospecha de presiones del Gobierno: “Nos avisó (Enrique) que había enviado un material referido a las auditorías con alguien en quién él confiaba. Este personaje lo traicionó y nunca apareció. Nos remitió la valija en un radio taxi. Cuando la abrimos todos los papeles estaban removidos, muchos estaban destrozados y varios habían desaparecido”.
Tras su alejamiento, Mariaca ha instado reiteradamente al expresidente de YPFB, Carlos Villegas, y al vicepresidente García Linera a hacer públicas las auditorías petroleras y a explicar su contenido, en cumplimiento de las normas dispuestas por el Gobierno. Y durante los últimos años de su vida continuó dando conferencias, planteando propuestas y cuestionando políticas.
Finalmente, un 9 de marzo de 2010, Enrique Mariaca falleció.
El resentimiento del Gobierno contra Mariaca
El director del Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, señaló recientemente que “Mariaca murió denostado por el Gobierno en el que creyó y por el que trabajó auditando a las petroleras para allanar el camino de la tercera nacionalización que nunca se produjo porque (Carlos) Villegas y los otros prefirieron renegociar los contratos obviando lo más básico del problema: sin dichas auditorías se legalizarían y perdonarían los graves delitos cometidos por las transnacionales desde la privatización-capitalización. Seriamos socios de delincuentes”.
A su entierro asistieron dirigentes sindicales, activistas de izquierda, empresarios, intelectuales, beneméritos de la Guerra del Chaco, catedráticos universitarios, estudiantes, compañeros de lucha y rivales ideológicos, pero ninguna autoridad del Gobierno.
Esto ha contrastado con los días de duelo declarados por el Gobierno por el fallecimiento de Carlos Villegas, quien incluso ha recibido como último homenaje que la Planta Separadora de líquidos del Chaco lleve su nombre.
¿Por qué se mostró el Gobierno resentido con Mariaca hasta el día de su muerte?
Gandarillas señala que Mariaca hizo méritos más que suficientes para recibir por lo menos un mínimo reconocimiento de parte de las altas autoridades nacionales. “Fundó, con su generación del chaco, YPFB como una entidad de expresión de la soberanía nacional, su gran logro: el autoabastecimiento interno. Villegas, junto a S. Ramirez, M. Morales y otros, erigieron YPFB Corporación, una pseudo-empresa que terciariza gran parte de sus actividades y promueve masivas exportaciones lideradas por transnacionales sin importar el desabastecimiento interno”.
“Cuando murió, sus amigos/as y compañeros/as le rendimos homenajes a lo largo y ancho del país, ninguna autoridad, presidente o pseudo-dirigente de YPFB se hizo presente. Soslayaron su intachable trayectoria porque les hacía sombra. Su obra maestra, Mito y realidad del petróleo boliviano, no ha sido superada”, recuerda Gandarillas.
A su entierro asistieron dirigentes sindicales, activistas de izquierda, empresarios, intelectuales, beneméritos de la Guerra del Chaco, catedráticos universitarios, estudiantes, compañeros de lucha y rivales ideológicos, pero ninguna autoridad del Gobierno.
Esto ha contrastado con los días de duelo declarados por el Gobierno por el fallecimiento de Carlos Villegas, quien incluso ha recibido como último homenaje que la Planta Separadora de líquidos del Chaco lleve su nombre.
¿Por qué se mostró el Gobierno resentido con Mariaca hasta el día de su muerte?
Gandarillas señala que Mariaca hizo méritos más que suficientes para recibir por lo menos un mínimo reconocimiento de parte de las altas autoridades nacionales. “Fundó, con su generación del chaco, YPFB como una entidad de expresión de la soberanía nacional, su gran logro: el autoabastecimiento interno. Villegas, junto a S. Ramirez, M. Morales y otros, erigieron YPFB Corporación, una pseudo-empresa que terciariza gran parte de sus actividades y promueve masivas exportaciones lideradas por transnacionales sin importar el desabastecimiento interno”.
“Cuando murió, sus amigos/as y compañeros/as le rendimos homenajes a lo largo y ancho del país, ninguna autoridad, presidente o pseudo-dirigente de YPFB se hizo presente. Soslayaron su intachable trayectoria porque les hacía sombra. Su obra maestra, Mito y realidad del petróleo boliviano, no ha sido superada”, recuerda Gandarillas.
Fuente: periódico "El País-Tarija"
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