El Gobierno plantea ajustes a la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, con el objetivo de atraer "fuertes” inversiones de hasta 500 millones de dólares en exploración y de esa manera elevar el nivel de producción de gas natural y líquidos.
La medida está incluida en el proyecto de ley que ajusta la disposición final única de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación. El documento fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
"Se exceptúa del plazo de los cinco años estipulados en el párrafo tercero del presente artículo a los titulares con contratos vigentes y en fase de explotación y con producción comercial regular al 11 de diciembre de 2016, que comprometan y ejecuten nuevas inversiones iguales o superiores a los 350 millones de dólares en actividades de exploración o 500 millones de dólares en actividades de exploración y su desarrollo”, expresa el artículo único.
Expertos del área anticiparon que la futura norma puede alcanzar a los contratos que Bolivia tiene con Repsol, Total, Pluspetrol, Panamerican, Petrobras, YPFB Andina, Chaco y British Gas, entre otras.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, YPFB justifica la necesidad de acelerar proyectos exploratorios, brindando facilidades que permitan un incremento de la producción en el corto plazo en los campos que actualmente están en etapa de explotación. "Por lo cual se requiere complementar la disposición final única de la Ley 767, con el objetivo de generar fuertes compromisos de inversiones”, precisa.
De esta forma se busca incrementar la producción de gas natural y líquidos (petróleo y condensado) para alcanzar niveles acordes con las necesidades de los mercados interno y externo.
El proyecto de ley remarca que se debe garantizar que las actividades de exploración se hagan dentro del área prospectable, con el fin de confirmar el potencial hidrocarburífero.
También subraya que las inversiones deberán ser ejecutadas en el marco de un plan de inversiones dentro de los próximos cinco años, computados a partir de la promulgación de la presente ley.
La Ley 767 dispone la creación de un fondo para los incentivos, que se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), antes de su distribución. Fue promulgada el 11 de diciembre de 2015.
El análisis de expertos
Francesco Zaratti, experto en el sector, opinó que la modificación busca flexibilizar el plazo para que una empresa que opera un campo comercial y cuyo contrato concluye pueda seguir operándolo.
"La Ley 767 decía que la adenda respectiva debía suscribirse por lo menos cinco años a la finalización del contrato, pero el proyecto elimina ese requisito con la condición de que la empresa realice inversiones para subir la producción, el mayor problema a corto plazo que enfrenta YPFB”, dijo.
Agregó que en el caso de que las petroleras acepten la cláusula, garantizarán la continuidad de la explotación del campo. "Eso es bueno para Bolivia, aunque los frutos no serán inmediatos”.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que la medida es un nuevo incentivo para operadores que tienen contratos en producción en áreas que están por vencer y que no están dentro de los cinco años de la culminación de su contrato.
Explicó que en varios de los compromisos vigentes hay prospectos que pueden ser perforados y desarrollados, y lo que se busca es que esto se acelere.
"El país necesita mucha exploración si quiere retener el mercado de gas de Brasil, de Argentina y el mercado interno, y seguir gozando de los ingresos de estas exportaciones. Nos parece pertinente hacerlo”, evaluó.
Ambos coincidieron en afirmar que la modificación de la norma 767 seguramente fue consensuada con una o más empresas, para que ejecuten las inversiones comprometidas.
En los últimos tres años, las inversiones en exploración y explotación hidrocarburífera oscilaron entre 1.008 millones y 2.226 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos (ver gráfica).
YPFB no halló grandes pozos en 10 años, según Jubileo
En 10 años de nacionalización, YPFB aún no logró encontrar pozos gasíferos de la magnitud de San Alberto o San Antonio, descubiertos en los 90, antes de la capitalización de la compañía, señala un análisis de Jubileo.
"A la fecha, las empresas YPFB Andina y YPFB Chaco no han podido realizar descubrimientos de reservas de la magnitud de Sábalo (San Antonio) o San Alberto (Tarija), como lo hiciera YPFB a inicios de los 90”, precisa el documento A 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos, entre aciertos y contradicciones.
La entidad destaca, como logros del Decreto Supremo 28701 o de nacionalización, la recuperación de la producción petrolera a favor del Estado y la propiedad mayoritaria en las empresas que fueron capitalizadas.
Además, la norma obligó a las empresas petroleras a renegociar sus contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y les otorgó seis meses para la adecuación.
En octubre de 2006 se suscribieron 44 contratos con todas las empresas petroleras que operaban en Bolivia, sin que ninguna compañía se fuera del país.
Según datos oficiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en 2000 hubo más perforaciones de pozos exploratorios y de desarrollo, unos 24 en total.
En los últimos tres años el ritmo disminuyó entre 10 y 13 pozos (ver cuadro).
La producción de gas natural se elevó de 33,91 millones de metros cúbicos día (MMmcd) en 2006 hasta 60 MMmcd en la gestión pasada.
Fuente: periódico "Página Siete"
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