Hugo Del Granado, experto en hidrocarburos, sostiene que el Gobierno debe entender que en el mundo se vive un nuevo ciclo petrolero, el cual se expresa en una apertura a la inversión privada y en "la ruptura de las trabas estatistas que impidieron un desarrollo moderno de la industria petrolera”.
Del Granado, quien analiza el decreto 28701, del 1 de mayo de 2006, afirma que de los nueve artículos de esa norma, cinco están referidos a lo que establecía la Ley de Hidrocarburos, puesta en vigencia un año antes; dos, son declarativos; uno, hace referencia a disposiciones que son derogadas; y dos artículos pueden ser calificados como "novedosos” respecto a la ley indicada.
"El primero está referido a la creación de un impuesto extraordinario del 32% sobre los campos que hubieran producido el año 2005 más de 100 millones de pies cúbicos por día. Es un impuesto transitorio por 180 días, que grava únicamente a los campos San Alberto y San Antonio, de Petrobras, ambos, los únicos campos que habían producido más de 100 millones de pies cúbicos por día, el año 2005 (...); y el segundo artículo que es nuevo está referido a la nacionalización de las acciones de las empresas capitalizadas y privatizadas, de tal manera que YPFB tenga el 50+1 de las acciones”, explica.
El experto concluye que no se hubiera necesitado de ese decreto, sino de una norma para reglamentar la ley de hidrocarburos que estaba vigente desde un año antes. "Claro, había un fin político y ese fin político ha sido muy bien aprovechado porque la gente esperaba una nacionalización como se había visto el año 69, cuando hubo una expropiación. En realidad, por el contenido del decreto supremo, de lo que se trata es de una compra de acciones”.
¿Cómo resumiría lo que pasó el 1 de mayo de 2006?
Podemos decir en resumen, y líneas generales, que el decreto del 1 de mayo de 2006 es un decreto cuyos articulados, en su mayoría -estamos hablando de siete de los nueve artículos- estaban contenidos en la Ley de Hidrocarburos de un año antes; y lo que se tiene, desde entonces, los 10 años a los que ustedes hacen referencia, es un periodo en el que se utiliza el impacto político del decreto aquel para resaltar la acción del Gobierno en lo que se refiere a la recuperación de los recursos naturales.
¿Cuáles fueron las repercusiones de aquella medida?
Hay un sesgo altamente estatista, no sólo en el decreto aquel, sino en todas medidas que posteriormente va sacando el propio Gobierno para fortalecer y hacer que YPFB sea juez y parte en todos los procesos de la cadena de hidrocarburos; y esto tiene varias consecuencias.
Primero, desde el propio decreto se nota la subordinación de la agencia reguladora; antes se llamaba Superintendencia de Hidrocarburos, ahora es la Agencia Nacional de Hidrocarburos que se ha convertido en los hechos en una especie de filial de YPFB, cuando en la economía petrolera moderna de lo que se trata es de que en todos los países -no es una idea ni una genialidad del gobierno de Sánchez de Lozada- la creación de un ente regulador que tenga independencia política es central para la tranquilidad de los inversores que quieren operar en el país.
Entonces, a partir de eso es que la secundarización del ente regulador ha fortalecido el papel de juez y parte de YPFB. Lo que le hace un daño tremendo a la seguridad jurídica, porque los inversores necesitan de un ente imparcial a quien puedan acudir para la resolución de conflictos. Eso se ha borrado a partir de entonces.
Este carácter estatista se manifiesta también en el hecho de que al concentrar todas las decisiones en manos de YPFB se crean inseguridades a los inversores. Entonces, hay un sesgo que se ha profundizado respecto a que se ha ahuyentado a las inversiones. Por eso es que en estos 10 años de gestión del Gobierno ha habido grandes descuidos en lo que son las inversiones, especialmente en exploración.
¿Cómo evalúa las inversiones que hubo en exploración?
Esta sequía de inversiones, originada por la política del Gobierno, que viene desde el decreto del 1 de mayo de 2006, hace que las inversiones hayan sido efectuadas básicamente por YPFB, si nos vamos a referir a lo que han sido estos 10 años en materia de inversiones en exploración. El 64% de las inversiones en exploración han sido realizadas por YPFB y sólo el 36% por parte de las privadas.
Antes de aquello, el 100% hacían las privadas; YPFB, como era empresa residual, no invertía en exploración. El capital de riesgo estaba en manos de las empresas que estaban interesadas en hacer exploración.
¿La percepción externa de una carencia de seguridad jurídica cómo se tradujo en el país?
Los resultados los estamos viendo hoy día, porque la falta de inversiones en exploración ha hecho que nuestras reservas se hayan mantenido en statu quo, no se hayan desarrollado por diferentes razones que pueden explicarse.
Uno de los elementos que se resaltan desde el oficialismo son los ingresos que se generaron a partir de la nacionalización. ¿Cuál es su lectura al respecto?
El Gobierno ha dicho que del año 2006 al 2015 la renta petrolera ha sido de 31.574 millones de dólares. De esos 31.000 millones de dólares, el 42,7% proviene del IDH. El IDH no es obra de la nacionalización. El IDH está establecido en la ley de hidrocarburos de un año antes.
O sea casi la mitad de la renta petrolera se origina en el IDH. Y las regalías y participaciones, que también es no solamente de la Ley 3058, sino de anteriores gestiones, representan el 24,5%.
Lo único que se ha incrementado en favor del Estado, de la renta petrolera, es la participación de YPFB en los contratos; pero nuevamente esto no es resultado del decreto del 1 de mayo de 2006. La participación de YPFB se da en la negociación de los contratos de enero, porque los contratos se firman en enero, febrero de 2007. Esto es resultado de una renegociación de los contratos, donde se establece una participación para YPFB.
Esa participación para YPFB es del 18% y eso sí está gestado por este Gobierno aunque no es parte del decreto de nacionalización.
Chile comenzó a vender gas a Argentina. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos?
Hace 10 años que deberíamos estar preocupados. El trabajo exploratorio no es de un día para el otro. Es una tarea de largo aliento y en la medida en que esto sucede es una llamada de atención para quienes administran la política de hidrocarburos; pero no es novedad porque las primeras señales que se reciben son de Brasil, ni siquiera son de Argentina.
El propio Lula cuando inaugura una de las plantas de gasificación en Brasil, el año 2007, 2008, lo que dice es: tenemos que tener nuestra autosuficiencia y no depender del humor de otras personas; y eso lo dice refiriéndose a un conflicto que hubo en Viena a raíz de unas declaraciones de Evo Morales respecto a la gestión de Petrobras en Bolivia.
Entonces, tenemos el ingreso del LNG en Brasil para empezar, muy poco después de la nacionalización; y posteriormente se tiene el ingreso del LNG a Chile y a la Argentina. Ésos son los hitos que nos deben llamar la atención. No es que Chile esté vendiéndole gas a la Argentina, ésa es nada más que la consecuencia de una política equivocada de 10 años. Deberíamos habernos preocupado cuando Brasil estaba instalando sus regasificadoras, lo mismo hacía Chile y lo mismo hacía Argentina.
¿Cuál es la clave que usted ve para direccionar bien el rumbo de este proceso de nacionalización?
El Gobierno debe entender que el mundo vive un nuevo ciclo petrolero. Ese nuevo ciclo petrolero -que no es de ahora, hace por lo menos cuatro años que ya lo podemos palpar no sólo en el mundo sino en Latinoamérica- se manifiesta en un signo de apertura a la inversión privada y a la ruptura de las trabas estatistas que impidieron un desarrollo moderno de la industria petrolera.
Y además no vale la pena irse muy lejos. Aquí vemos los ejemplos de Argentina, que después de haber nacionalizado a Repsol inmediatamente han tenido que abrirse para que vengan inversores como Exxon, por ejemplo, a Vaca Muerta. Venezuela, que es un poco el espejo en el que quiere mirarse el Gobierno, ha abierto sus yacimientos a las empresas europeas y asiáticas; están ahí los chinos, está Gazprom, está la Eni de los italianos... Lo que vemos en México, que modificó su Constitución para abrir los yacimientos exclusivos de Pemex a la inversión privada.
Si no cambiamos eso, no vamos a obtener resultados positivos. Eso quiere decir flexibilizar el régimen fiscal, dar seguridad jurídica, implantar un régimen regulatorio independiente y técnicamente bien calificado, y hacer que YPFB cumpla su rol de empresa petrolera; no que sea juez y parte, no que sea el regulador y concentre todo el cúmulo de decisiones que tienen que tomarse en el país sobre la materia.
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Fuente: periódico "Página Siete"
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