El presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, Enrique García, demandó este martes del Gobierno, una indemnización justa para las cuatro empresas eléctricas que fueron estatizadas el pasado 1 de mayo.
Según el empresario, el Gobierno no debería tener mayores complicaciones en pagar por las empresas que ahora pasaron a manos del Estado.
Según se tiene conocimiento, el Gobierno presupuestó $us 50 millones para cancelar por las acciones de las tres empresas generadoras. Sólo la empresa Rurelec demandó el pago de $us 70 millones por sus acciones en Guaracachi, mientras que la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba, pidió 26 millones por sus acciones en ELFEC. Se desconoce de las otras dos empresas.
El pasado 1 de mayo, en homenaje al Día del Trabajador, el Gobierno nacionalizó a través de un Decreto Supremo, las generadoras eléctricas, Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, además de las empresas distribuidora de electricidad Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC).
En este contexto, las empresas Rurelec PLC (socio mayoritario de Guaracachi) y la francesa GDF Suez (socio mayoritario de Corani), presentaron por separado la notificación de la controversia con el Estado boliviano para hacer prevalecer sus derechos.
Los inversionistas franceses se acogieron al Tratado para la Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Bolivia y Francia, el mismo que tienen un periodo de seis meses para llegar a un acuerdo amigable.
En ambos, casos hay la posibilidad de llegar a un acuerdo, al igual que sucedió con las empresas petroleras que fueron estatizadas hace algunos años atrás.
Mirada empresarial
Para García el Gobierno viene nacionalizando o estatizando empresas petroleras e hidroeléctricas en un afán político desde hace años atrás. “Este es un pacto que políticamente el Gobierno lo lanza en homenaje a los trabajadores cada 1 de mayo”, agregó.
Explicó que en este momento hay una incertidumbre sobre el futuro de estas empresas, toda vez que el Gobierno no tiene gente idónea para el manejo de estas compañías nacionalizadas.
“Si se hace una transformación tiene que ser positivo, para llevar a cabo una buena gestión, con la mejor gente en materia de energía, que permita mejorar la producción energética”, manifestó.
Seguridad jurídica
Por otro lado, el Presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, dijo que esta política que lleva a cabo el Gobierno desde hace algunos años atrás, ha creado en el sector empresarial, incertidumbre y hasta temor de las inversiones, sobretodo del extranjero.
“Existen lagunas y vacíos en el tema de seguridad jurídica, debido a que una empresa que quiere invertir en el país, no se siente segura, porque no tiene la certeza de que le respeten los contratos, sus inversiones en el país”.manifestó
Según García, existe incluso una especie de avasallamiento, un efecto nocivo hacia las inversiones privadas en los últimos años, poniendo en riesgo el desarrollo del sector energético, tal como ocurrió con el sector de hidrocarburos.
Controversia
En el marco de una posible controversia internacional, ante los tribunales internacionales como la CIADI, el empresario cree que Bolivia no se salvará de afrontar los mismos tarde o temprano.
“Las empresas afectadas deben hacer prevalecer sus derechos contractuales y exigir una indemnización justa y correcta, lo que piden los inversionistas El Estado no puede eximirse de pagar la compensación”, sostuvo.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 19/05/2010
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