La Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A. (Emcoisa) de propiedad de la comunidad de La Joya aún no puede iniciar sus operaciones auríferas en la localidad ubicada a 53 kilómetros al norteoeste de la ciudad.
La causa es que aún no se hizo el cierre ambiental definitivo, lo que quiere decir, que no se presentó un informe sobre el daño ambiental que hubiese podido provocar la Empresa Minera Inti Raymi S.A. (Emirsa) desde que transfirió en 2008, las 108 cuadrículas de terreno, a los comunarios de La Joya, para que inicien trabajos ahí.
Asimismo, continúan las diferencias con el grupo de los denominados “contratistas”, que hasta 2008 eran los responsables de la explotación del cerro La Joya, siendo esta una causa principal para no poder ingresar a la explotación.
La situación es considerada como “crítica” para los comunarios que durante este tiempo tuvieron que pagar más de 40 mil bolivianos por patentes mineras de las áreas concedidas, evitando su reversión al Estado.
Ayer, el vicepresidente de la primera empresa comunitaria en el departamento, Rolando Choque, junto a otros comunarios, explicó que es necesario contar con una licencia ambiental a nombre de la Emcoisa, pero previamente Inti Raymi debe realizar el cierre definitivo de sus ex áreas de trabajo, con el objetivo de hacerse responsable por algún daño medio ambiental.
Agregó que del total de la operación, solamente resta un 20 % para terminar el cierre, pero los ex mineros contratistas del cerro La Joya, se niegan a dejar las zonas de explotación.
Los comunarios pidieron al gobierno nacional apoyar su iniciativa minera, porque se tiene proyectado que del total de las ganancias por la explotación del oro, el 50 por ciento se destine para el pago a los trabajadores que serán comunarios del lugar y el restante al fondo de la comunidad para invertir en otros ramos productivos.
Desde febrero de 2009 existe división entre los contratistas y los comunarios de la Emcoisa para trabajar de manera conjunta el yacimiento aurífero, a tal extremo que se llegó a la confrontación.
En la última reunión de entendimiento del 19 de mayo de 2010, con la mediación del gobierno, de autoridades originarias de La Joya, se buscó mediante un acta “Un acuerdo y compromiso de partes”, solucionar las diferencias a través del uso de la justicia originaria. Al final los contratistas no acataron el documento.
En ese documento, explicó el vicepresidente de Emcoisa, los comunarios se comprometen a dejar trabajar por un año más a los contratistas de La Joya, y levantar la denuncia realizada por ellos en contra de su persona.
Añadió que en todo este tiempo se buscó financiamiento para arrancar con las operaciones, consiguiendo apoyo del programa de la Unión Europea, Apemin II, en la dotación de herramientas, como perforadoras, brocas, barrenos, guinches, un generador eléctrico, mangueras, carros metaleros, compresoras, entre otras.
Fuente: periódico "La Patria" Oruro-Bolivia - 24/05/2010
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