El Decreto Supremo 2366 autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país con el cumplimiento de seis medidas ambientales y que se destine el 1% del monto de la inversión para fortalecer el sitio intervenido.
Esta norma fue aprobada por el Gobierno el 20 de mayo y establece en su primer artículo que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se da en el marco de su “carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.
El artículo 2, relacionado a las actividades autorizadas, indica que: “se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente Nacional-AACN”.
Medidas. En dicho artículo se complementa que en el marco del decreto se debe prever medidas ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la Madre Tierra.
Bolivia cuenta con al menos 22 áreas protegidas, entre ellas los parques Madidi, Carrasco, Noel Kempff Mercado, Sajama, Toro Toro, Tunari, Isiboro Sécure, Amboró; las reservas de vida silvestre Manuripi, Flor y Fauna Tariquía, Biológica Cordillera de Sama; y las áreas naturales de manejo integrado Apolobamba y El Palmar, según datos extraídos de la página web de la organización Conservación Internacional Bolivia.
El parágrafo II del artículo 2 añade que para el desarrollo de pozos exploratorios en las áreas protegidas deberá encararse un procedimiento independiente de evaluación de impacto ambiental y control de calidad, mientras que de descubrirse reservas tendrá que hacerse una “evaluación y revisión de los instrumentos de planificación u ordenamiento espacial del Área Protegida”. En esta norma se prohíbe la realización de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en las categorías de Santuario y Monumento Natural.
El decreto prevé el cumplimiento de seis medidas ambientales, como el uso de las tecnologías de última generación, para minimizar el impacto ambiental; considerar la existencia de ecosistemas frágiles y riesgos en la biodiversidad; priorizar tecnologías que minimicen la perturbación de la biodiversidad y establecer medidas socioeconómicas para contribuir en la erradicación de la extrema pobreza en esas zonas.
Las empresas que operen tienen la obligación, de acuerdo con la norma, de destinar 1% del monto de inversión para el fortalecimiento del área protegida intervenida. Los recursos serán transferidos por las empresas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que a su vez trasladará los mismos al Tesoro General de la Nación (TGN) para su inscripción en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
La disposición final única de esta normativa indica que las actividades en áreas protegidas del sector de hidrocarburos se aplicará de manera preferente en presente decreto “sobre las disposiciones normativas de igual jerarquía que regulan dichas actividades”.
Para el quinquenio 2015-2019 YPFB programó una inversión de $us 7.459 millones en las actividades de exploración y desarrollo (explotación) de hidrocarburos, informó ayer el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá. “Esta es la planificación que tenemos a corto plazo a 2015”, dijo.
La afirmación fue realizada durante la socialización del Programa de Inversiones 2015 y el Plan Estratégico Corporativo 2015-2019 por el titular de YPFB Corporación a dirigentes nacionales y delegados de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (FSTPB), entidad que organiza el seminario “Capacitación Sindical y Política Petrolera”.
Empresas dicen que atraerá inversión
Dos ejecutivos de empresas subsidiarias de YPFB señalaron, por separado, que el Decreto 2366 es positivo, porque atraerá las inversiones en exploración de hidrocarburos y permitirá a la estatal la disposición de las áreas protegidas en Bolivia, para firmar contratos con petroleras y en busca de nuevas reservas de gas natural y petróleo.
Uno de los consultores asociado a la actividad exploratoria en una subsidiaria de YPFB, cuya identidad mantenemos en reserva, indicó a La Razón que la norma es positiva, ya que en el Parque Nacional Carrasco de Cochabamba hay un área donde no se pudo desarrollar exploración, por las restricciones. Otro ejecutivo de una de las subsidiarias señaló que la norma permitirá a YPFB realizar contratos exploratorios con operadoras privadas en las áreas protegidas del país.
El 23 de mayo de 2013, durante el III Congreso Internacional Gas & Petróleo de YPFB realizado en la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García anunció que la petrolera estatal ingresará a parques nacionales para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos, porque son áreas “altamente petroleras y gasíferas”.
Álvaro Ríos Roca: ‘El país necesita exploración’
Necesitamos ingresar donde están los hidrocarburos, pero hay que trabajar de manera muy consciente y para estas áreas se deben tener reglamentos especiales para el desempeño de las actividades hidrocarburíferas. Es decir, condiciones especiales que se manejan actualmente, por ejemplo operaciones en helicóptero que son un poco más caras, pues no podemos ir a deteriorar estas últimas áreas protegidas.
Considero que la medida es favorable porque el país necesita exploración, debemos avanzar en la exploración de esas áreas protegidas, hay que poner restricciones ambientales, las consultas previas deben ser hechas, debemos cumplir nuestra Constitución Política del Estado (CPE), debemos explorar con mucha cautela y exigir a YPFB o a las empresas privadas que entren a operar ahí, proteger y remediar los daños que se puedan causar al medio ambiente.
Creo que tenemos las técnicas, el mundo de los hidrocarburos cuenta con las mismas para trabajar con el mínimo daño y también para reponer y remediar el medio ambiente, pero además trabajar en acorde con el medio ambiente, haciendo la consulta previa, compensando oportunamente, trabajando con las comunidades del lugar.
La manera de compensar a las comunidades es un tema de discusión en toda América Latina para no afectar el hábitat de las comunidades. En países como Perú y Colombia, entablan negociaciones, en otros hay montos (de dinero) fijos en los contratos para que no se demoren los proyectos petroleros.
Álvaro Ríos Roca es exministro de Hidrocarburos.
Fuente: periódico "La Razón"
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