La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz decidió hoy romper el diálogo con el Gobierno ante la falta de atención a sus demandas, que se centran principalmente en el pedido de la abrogación del Decreto Supremo 2288 y la solución al conflicto que se reactivó en Colquiri.
La disputa por áreas de trabajo en Colquiri sigue latente. Mientras los mineros asalariados aseguran que los cooperativistas pretenden avasallar y trabajar en áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), los dirigentes de las cooperativas sostienen que tienen los documentos de los niveles que están en disputa y son áreas preconstituidas que les pertenece.
“Creemos que hay soberbia de parte del presidente de Comibol (Marcelino Quispe) y (su representante) jurídico Julio Vásquez, porque dicen claramente que las cooperativas de Colquiri no tendrían contratos, que todos sus contratos estarían anulados y que estarían trabajando en áreas del dominio de Comibol”, manifestó el presidente de Fedecomin, Federico Escobar.
Después de que mineros cooperativistas y asalariados firmaron un acuerdo en septiembre de 2012 para trabajar de manera conjunta la veta Rosario, el conflicto por áreas de trabajo se reavivó en el último tiempo. El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Colquiri, Joaquín Mamani, advirtió el pasado lunes 4 de mayo que los dirigentes de la Fencomin instruyeron a sus bases trabajar en el nivel 285 que correspondería a la Empresa Minera Colquiri.
Escobar apuntó que el ministro de Minería, Cesar Navarro, será el único responsable si ocurre algún enfrentamiento en Colquiri.
Abrogación del DS 2288
Los cooperativistas también piden la abrogación del Decreto Supremo 2288, que establece los procedimientos de verificación del cumplimiento de las obligaciones de retención y pago de la Regalía Minera, así como su régimen sancionatorio por incumplimiento total o parcial.
El sector considera que la cuestionada norma burocratiza más la comercialización de los minerales porque tienen que presentar una serie de documentos ante las gobernaciones.
Asimismo, Escobar considera que con la aplicación de este decreto se podría alertar a los atracadores, teniendo en cuenta que deben declarar el origen del mineral, el código del área minera, el tipo de mineral, el peso bruto, el código de municipio, la identificación del lote, el tipo del transporte, el destino intermedio y final, incluso la placa y nombre del conductor que transporta.
Otro punto
El dirigente señaló que los cooperativistas también están molestos porque supuestamente no hay dinero para desembolsar al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofin).
“Nos ha dicho claramente el Ministro (Cesar Navarro) que no hay los 100 millones de dólares, no hay ese dinero, el gobierno ha dicho que no hay plata. El Estado no tiene plata, por la situación de la baja del petróleo”, apuntó Escobar.
Fuente: periódico digital "Erbol"
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