Ocho personas fueron denunciadas por la comercialización ilegal de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en Santa Cruz, por lo que la Fiscalía inició la investigación por delitos como enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado, estafa y falsedad material. Uno de los casos afecta a 48.000 hectáreas y en otro se reporta la venta de tierras a Bs 1.000 la ha.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Jorge Gómez, afirmó que “malos dirigentes” de pueblos indígenas están vinculados con la comercialización de parte de las tierras entregadas por el Estado, lo que –añadió- está prohibido por la ley y sancionado con penas privativas de libertad de tres a ocho años.
“En algunas TCO, efectivamente, tenemos denuncias de tráfico de tierras, contratos de arrendamientos y alquileres, cuando estos espacios deberían estar específicamente destinados al aprovechamiento de la gente originaria del lugar, dueños de la TCO”, explicó.
Un informe del Distrito Judicial de Santa Cruz, donde se tramitan las denuncias, da cuenta de cuatro casos, entre ellos la venta ilegal de tierras fiscales en la TCO Guarayos, en la localidad de Santa Ana, municipio del Carmen Rivero Torrez de la provincia Germán Busch. Rosendo C.V. es acusado de vender en 1.000 bolivianos la hectárea.
Marcela T.Y., Amalia V., Santiago I. y Mauricio M. L. fueron denunciados por la comercialización de tierras en la comunidad 3 de Octubre de la TCO Guarayos bajo el delito de falsedad material y falsedad ideológica. Un allanamiento de la vivienda de Marcela T. y Amalia V. encontró documentos de venta de tierras fiscales y de TCO, donde fueron verificados asentamientos ilegales en las comunidades San Jorge, San Miguel y María de los Ángeles.
Los indígenas de tierras bajas poseen bajo la modalidad de TCO 13,3 millones de hectáreas, los originarios de tierras altas un total de 10,4 millones de hectáreas y los campesinos e interculturales 17,1 millones.
Elizabeth Ch. y Marcela T., también involucrada en otro proceso, son procesadas por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado por haber ofrecido parcelas a la venta en las comunidades cruceñas 26 de Enero, La Tachuela, Tres de Octubre, María de los Ángeles y Cascada de San Juan de Dios, ubicadas en la TCO de Guarayos.
El último caso se detectó en la Comunidad Indígena San Rafael, en la TCO de Alto Bajo Isoso, donde se evidenció que el Capitán Grande, Bonifacio B., mediante documentación cedió tierras a Basilio C. con una extensión de 48.000 hectáreas. Ambas personas están acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado.
El presidente Evo Morales expresó en la Cumbre Agropecuaria de abril su preocupación por la comercialización de las tierras indígenas. “Estoy muy preocupado, algunos hermanos de las TCO están vendiendo o están alquilando (esas tierras), no es para eso, es para que los hermanos trabajen, exploten su tierra”, reflexionó en ese entonces.
Gómez consideró que la reflexión presidencial obedece a que se comprobó que existe un mal uso de las tierras fiscales. “El Presidente ha planteado esa preocupación, porque el tema de la Cumbre no solamente tiene que ver con cuántas hectáreas de tierra aumentamos, sino también la calidad de producción además de que (…) puedan despegar económicamente después de esta distribución de tierra”, explicó.
Fuente: periódico "La Razón"
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