Desde 2014 hasta lo que va de este año, el Gobierno revirtió a manos del Estado 522 concesiones mineras de 793 que inspeccionó. Las áreas ociosas estaban en Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. "Hemos realizado 793 inspecciones a concesiones, de las cuales 522 han sido revertidas, es decir, el 65%”, informó ayer el viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler, durante su informe de gestión.
De acuerdo con la explicación, la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros establece un conjunto de disposiciones, por ejemplo que los operadores mineros realicen actividades de prospección, exploración, generen empleos, perforación de áreas mineras, tareas con las que se puede evidenciar que las zonas no son ociosas.
Agregó que una comisión se dirige al lugar para hacer inspecciones, actividad que se programa con 15 días de anticipación. Entre 2014 y 2015, las visitas se realizaron a los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.
Los antecedentes
La Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, aprobada en septiembre de 2013, dispone la reversión de derechos mineros que fueron otorgados mediante autorizaciones transitorias especiales (ATE) o contratos mineros, ante la inexistencia verificada de actividades mineras.
La reversión procede cuando no se haya desarrollado las tareas de prospección, exploración y explotación minera, señala el Decreto Supremo 1801, que reglamenta la Ley 403, aprobado en noviembre de 2013.
Según la información de la Comibol, hay 7.000 concesiones privadas, del Estado y también de carácter colectivo; de esta cantidad, 2.454 son privadas.
De estas empresas privadas se recuperará el 70% de las inversiones, que volverán al pueblo boliviano y a los sectores mineros del país, anticipó el presidente Evo Morales durante la promulgación de la Ley 403, en septiembre de 2013.
La superficie en manos de la minería privada llega a 1.466.887 hectáreas; de esta área total se recuperará más de un millón de hectáreas, que retornará al Estado.
Los yacimientos revertidos serán asignados a distintos actores productivos mineros sobre la base de un plan de desarrollo minero y la nueva Ley de Minería.
Según las disposiciones finales de la Ley 403, "la reversión de áreas mineras producida por aplicación de la caducidad y de la resolución de contratos establecida en la presente ley, no dará lugar a indemnización”.
En una anterior evaluación, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera sostuvo que el abandono de los yacimientos se debe, entre otros factores, a la caída de los precios internacionales de los minerales, hecho que desmotiva la producción.
Las disposiciones
- Procedimiento En el Decreto Supremo 1801, artículo 9, que reglamenta la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, se señala que el Viceministerio de Política Minera emitirá el informe de verificación en el plazo de 15 días hábiles, computables a partir de realizada la inspección.
- Informe En el caso de establecer la inexistencia de actividad minera, se remitirá la documentación y los antecedentes a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para la reversión del derecho minero.
- Disposición La AJAM en el plazo de 10 días hábiles, computables a partir de la recepción del informe de verificación y antecedentes, emitirá la resolución de reversión, señala el artículo 10 del Decreto Supremo 1801.
Evalúan dar incentivos con el fin de atraer inversiones
El Ministerio de Minería evalúa la aprobación de incentivos para los empresarios privados del sector, con el fin de atraer nuevas inversiones al país. Entre ellos está el tema impositivo.
"Hemos tenido reuniones con los empresarios mineros, quienes nos solicitaron incentivos, hacemos los estudios respectivos para ver, pero ellos deben comprometerse con el Estado boliviano a hacer nuevas inversiones de clase mundial para el desarrollo de nuestro país”, anticipó ayer el viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler.
Según la autoridad, el ministerio interactúa con la Asociación de Mineros Medianos, quienes solicitaron un conjunto de medidas.
"Acá tenemos que encontrar los puntos de equilibrio para el interés del Estado y de los operadores. Por ejemplo, un tema es que en algún momento se incorporó la alícuota adicional a las utilidades (12,5%), porque los precios comenzaron a subir, pero cuando bajan, ahí está el problema para ellos (empresarios)”, explicó.
No obstante, dijo que son decisiones que no se las puede asumir de inmediato y que por ello hacen estudio con el fin de hallar un equilibrio entre el interés del Estado y de los operadores.
Paralelamente, el viceministro también afirmó que la disminución del precio internacional de minerales es coyuntural, por lo que se prevé una mejora en los siguientes meses.
Anticipó que en la medida que se observa, habrá mejores días en las cotizaciones y que las bajas son contrarrestadas con una mayor producción. Otra de las medidas es la inyección de recursos para toda la cadena minera, financiamiento de plantas de refinación, fundición y otros.
Fuente: periódico "Página Siete"
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