Dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guazú firmaron ayer una declaración de apoyo al presidente Evo Morales, en la que permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas, pero es una dirigencia “paralela”, según el expresidente de la APG, Celso Padilla.
La declaración de apoyo se firmó en la comunidad de Ñaurenda, en el marco del encuentro nacional del pueblo guaraní y el encuentro con Morales fue transmitido por Bolivia TV. El firmante es el dirigente Hugo Arebayo, quien declaró que alrededor de 37 comunidades apoyan la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas.
Sin embargo, Padilla afirmó que se trata de una dirigencia “paralela” cuya autoridad está legitimada sólo por cuatro comunidades y que el presidente legítimo de la APG Itika Guazú es Neber Barrientos.
“Lo que está haciendo (Morales para convencer al pueblo guaraní) es elegir a autoridades truchas para que le aplaudan y para que firmen ese tipo de declaraciones donde están de acuerdo con los decretos y de acuerdo con las consultas (para explorar en parques), pero son gente del Gobierno y así están trabajando”, afirmó Padilla.
Según Morales, la declaración de apoyo “es un hecho histórico para el pueblo guaraní” y “sin ningún intermediario”, en alusión a las ONG, por lo que es necesario acelerar y facilitar los procesos de consulta para beneficiar a los pueblos guaraníes.
Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, agradeció el respaldo del pueblo guaraní y dijo que los beneficios retornarán en proyectos productivos.
Desde ayer, en Sucre, la APG sostiene un encuentro con el Ministerio de Justicia y el Tribunal Agroambiental en el que analizan el paquete de decretos de explotación de recursos naturales, la justicia indígena comunitaria y los problemas de territorialidad, informó Padilla.
Los decretos debatidos por la APG son el 2195, sobre exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales estratégicos; el 2298, de la consulta pública a los pueblos indígenas; el 2366 sobre las actividades petroleras en áreas protegidas y el 2368 que establece los mecanismos para la construcción y operación de ductos.
Padilla informó que la cita termina mañana y que mantienen su rechazo al paquete de decretos por considerar que los perjudican directamente y que vulneran la Constitución Política del Estado.
Por otra parte, hoy concluye otra reunión de la APG, que se desarrolla en la capitanía de Macharetí, donde se debate exclusivamente el paquete de decretos cuestionados.
La APG busca alianza con guaraníes de seis países
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) busca consolidar una alianza con guaraníes de Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, Brasil y Argentina, quienes también sufren la vulneración de sus derechos por la actividad extractiva, según el expresidente de la APG, Celso Padilla. “Estamos buscando la forma de realizar la alianza con los hermanos indígenas que están pasando por los mismos problemas”, afirmó.
Según el investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes) de Uruguay, Eduardo Gudynas, el extractivismo, que forma parte de la economía de la totalidad de los países de América del Sur, tiene como una de sus características la vulneración de derechos humanos de mujeres y de pueblos indígenas.
En una investigación realizada por Georgina Jiménez del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), 37 territorios indígenas de cinco regiones del país son afectados por la ampliación de la frontera petrolera impulsada por el Gobierno actual. De ese total, 18 son de la región del Chaco, donde en su mayoría habita el pueblo guaraní.
PARA REALIZAR TAREAS HIDROCARBURÍFERAS
Gobierno trabaja método de consulta a indígenas
El Gobierno trabaja en una metodología de consulta a pueblos indígenas en zonas donde se realizarán tareas de exploración y explotación hidrocarburífera, informó ayer a ANF el viceministro de Autonomías Indígena, Originario, Campesinas, Gonzalo Vargas.
Dijo que en el marco de la norma vigente, en los territorios donde existen pueblos indígenas y se desarrollarán actividades hidrocarburíferas, se prevé la construcción de metodologías de participación, para establecer qué pueblos serán consultados.
Según una nota de prensa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), para agosto está la firma de dos acuerdos de compensación, uno con la Central de Comunidades Campesinas de Culpina, en Chuquisaca, y otro con la Central Campesina de El Sena y San Lorenzo, en Pando.
El pasado 15 de junio se firmó el primer acuerdo de compensación entre BG Bolivia con la Central Campesina de la provincia Cercado y O’Connor, de Tarija, para el proyecto hidrocarburifero “Sísmica 2D, Área Huacareta Sur”.
Para hoy está prevista la firma del segundo acuerdo en relación al proyecto “Sísmica 2D, área Huacareta Centro” también con la Central Campesina de O’Connor.
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 2366, por el cual se dispone de actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas, que a su vez pueden ser territorios indígenas, y minimizó los impactos socioambientales que se ocasionarán.
Los procesos de consulta y participación a los pueblos indígenas, originarios y campesinos para obtener la licencia ambiental destinada a proyectos hidrocarburíferos se prologaban por 90 días; pero con las modificaciones al Decreto Supremo 29033, tendrán un plazo límite de entre 45 a 60 días.
Antes de la modificación del decreto, el plazo para la consulta era de tres meses.
El Decreto 29574 en su Artículo 2 señala que “el acta de entendimiento deberá contemplar un cronograma de ejecución de la consulta y participación no mayor a dos meses, a partir de la fecha de suscripción del mismo”.
Con el Decreto 2298 se flexibilizó aún más el proceso de consulta, al punto de convertirlo en un documento administrativo ante un notario de fe pública.
EXPERTO AFIRMA QUE NECESARIAMENTE SE DEBE HACER SÍSMICA PARA CUANTIFICAR UN YACIMIENTO
Cedib: es imposible explorar sin daño ambiental
El Centro de Investigación e Información Bolivia (Cedib), a través del investigador Jorge Campanini, alertó que no es posible la exploración hidrocarburífera con “cero” impacto ambiental, porque independientemente de la tecnología que se emplee, el trabajo deriva en la exploración sísmica y perforación, que implica la apertura de zanjas y detonaciones dinamiteras que rompen no sólo el ecosistema ambiental sino también afectan a los territorios indígenas, reportó ANF.
Hace unos días, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Geological Electomagnetics Exploration (GEM) firmaron un contrato para la adquisición de datos electromagnéticos de la tierra en el área exploratoria Aguaragüe Norte, con la aplicación del método de Análisis de Emisión Electromagnética Espontánea de la Tierra (Aeeet) (3D) en un área de 586 kilómetros cuadrados, con un potencial de 1,5 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas. Se dijo que tendrá “cero” impacto ambiental.
En entrevista con ANF, Campanini dijo que es muy difícil pensar en cero impacto ambiental en exploración hidrocarburífera, pues si bien no conoce a profundidad la tecnología a emplearse en Aguaragüe, “necesariamente” se debe hacer sísmica para cuantificar el yacimiento.
“Quizás es posible que con la tecnología empleada puedan tener una intervención mínima, pero sí o sí, necesariamente para tener certeza que es comerciable ese yacimiento se debe hacer sísmica y perforaciones”, explicó el especialista en temas energéticos.
Hablar de sísmica, dijo, es hablar de impacto socioambiental, porque se abre brechas y se desmontan varios kilómetros de bosque que generan fracturas en el territorio. “En el caso del Bloque Río Beni, se abrirán zanjas de casi 1.300 kilómetros lineales distribuidos en varias líneas de 60 a 80 kilómetros. (…). Entonces, abres brechas, perforas –dependiendo la geología– generalmente 15 metros de profundidad y realizas detonaciones (con dinamita)”, indicó.
En el caso de los parques nacionales, las zanjas atraviesan muestras biológicas importantes, así como ecosistemas frágiles o zonas de transición, explicó Campanini.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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