Aunque hay una coincidencia con el Gobierno de que los productos con organismos genéticamente modificados (OGM) deben estar identificados en el mercado, el sector agropecuario rechazó que se les imponga una etiqueta roja advirtiendo su origen transgénico.
El artículo 15 de la Ley 144 establece que todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar identificado e indicar esta condición.
Para su cumplimiento, el Órgano Ejecutivo aprobó hace dos semanas el Decreto Supremo (DS) 2452 que instaura que todo alimento que se produzca, fabrique, importe y se comercialice en Bolivia, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberán contener un leyenda que diga:
“Este producto contiene material genéticamente modificado” y además de un “triángulo de color rojo” con la sigla “OGM” y el texto “Organismo Genéticamente Modificado”.
Esta información deberá ser impresa o adherida en un lugar visible y texto legible, por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
“Hay una posición de todos los sectores agropecuarios en la cual no hay por qué ponerle un sello rojo a los productos de origen transgénico o que en su elaboración hayan tenido algún condimento. No nos oponemos a una leyenda, pero poner un sello o triángulo rojo que indica alerta o peligro, es lo mismo que les pongan una calavera para no consumirlo.
No es correcto. En ninguna parte del mundo hay eso”, cuestionó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda.
Asegura que no hay ninguna comprobación que dichos productos hagan daño a la salud humana. Esa posición fue puesta sobre la mesa de discusión que tuvieron con funcionarios de la Vicepresidencia del Estado y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, el martes en Santa Cruz y que será analizada por el Ejecutivo.
Preparando el terrenoEl director del Senasag, Mauricio Ordóñez, manifestó por su parte que ya se está trabajando en la reglamentación del decreto y espera que en los próximos meses el Ministerio de Economía desembolse recursos para un laboratorio de análisis de PCR con el que se identifique algún gen modificado. “Durante el tiempo de socialización de la norma, escucharemos lo que tengan que decir los productores para mejorar la aplicación del decreto”, señaló.
Fuente: periódico "El Deber"
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