El quinquenio que se avecina es tiempo de impulsar y consolidar la industria de valor agregado del gas natural. Desde generación de electricidad (a partir de instalación de plantas termoeléctricas, con excedentes para exportar); producción de diésel sintético (denominado GasToLiquids, para el mercado externo, brasileño fundamentalmente y cubriendo a totalidad el mercado interno); gas-química: urea, metanol, fertilizantes, plásticos, solventes, pinturas y otros agregados y de manera paralela repensar y retomar proyectos de exportación excedentaria de gas natural modalidad LNG (gas natural licuificado) que tienen tanto éxito en el continente y que han sido abandonados desde hace una década. Ambos procesos: industrialización/exportación no son excluyentes.
No hay necesidad de seguir en el debate de si tenemos gas suficiente o no. Atención con esto: los mejores especialistas en geología del país me han comentado -y sus análisis son públicos- que Bolivia tiene menos del 20% de su territorio explorado y que con inversión adecuada en exploración se va a encontrar nuevos reservorios que, posteriormente, serán certificados y aptos para su comercialización.
Adicionalmente aquellos contratos con Argentina, Brasil y eventualmente la industrialización estarán garantizados, siempre y cuando haya -paralelamente- inversión en exploración para motivar la producción, mantener la ratio de producción/exploración.
En ese sentido, se puede considerar al Chaco y Tarija como la Qatar latinoamericana, en potencia, por su proyectada industria de agregación de valor al gas.
La Gobernación y la Asamblea Legislativa de Tarija tienen la palabra para empujar al Ejecutivo y al Parlamento la inmediata deliberación de una Ley de Hidrocarburos y la discusión de la reforma energética boliviana.
Los procesos de exploración - producción e industrialización van de la mano. Varias veces hemos sugerido que el Estado boliviano debe asociarse con capitales externos para -en el marco de una adecuada NPE Nueva Política Energética- financiar ese trípode y reposicionar a Bolivia como centro de distribución de energía del continente. No es un cliché. Los escépticos dudan de la posibilidad de financiar estos procesos. Sin embargo es posible.
La solución parte porque se tome decisiones políticas y financieras: una nueva Ley de Hidrocarburos que atraiga inversión externa y decisiones financieras: por un lado movilizar, como capital de aporte del Estado, hasta 6.000 millones de dólares de las RIN -reserva internacional neta-, comprometer el valor de mercado y en Bolsa de Valores la monetización de hasta 3 TCF (trillón de pies cúbico de gas) de reservas de gas a certificarse a futuro mediano, y con ese “colchón financiero” asociar a Bolivia con capitales externos para hacer un programa intensivo de exploración, de producción y de industrialización en contratos joint venture.
En esta década debe haber la política del pentágono energético traducida en sus siguientes aristas: exploración de nuevos territorios, producción de líquidos y gas, industrialización en valor agregado para mercados externos, infraestructura social, imprescindible para educación, aeropuertos, carreteras, riego y salud y proyectos en desarrollo de litio y hierro; con energía a bajo coste los proyectos de litio y hierro van a ser mucho más rentables.
Esas aristas van a reconfigurar el mapa del desarrollo nacional, van a generar ingresos por renta y rentabilidad y van a reducir drásticamente la pobreza. No es discurso, es realidad: el gas es posible industrializarlo y convertirlo en medio de lucha contra la marginalidad y pobreza, pero con legislación y regulación adecuada y moderna.
Seguramente el nuevo liderazgo regional va a ser motor para que en Bolivia se termine de entender la importancia absoluta del gas (la energía, conceptualmente) en el desarrollo; por ello es que Tarija tiene la bandera de la industrialización.
Adicionalmente aquellos contratos con Argentina, Brasil y eventualmente la industrialización estarán garantizados, siempre y cuando haya -paralelamente- inversión en exploración para motivar la producción, mantener la ratio de producción/exploración.
En ese sentido, se puede considerar al Chaco y Tarija como la Qatar latinoamericana, en potencia, por su proyectada industria de agregación de valor al gas.
La Gobernación y la Asamblea Legislativa de Tarija tienen la palabra para empujar al Ejecutivo y al Parlamento la inmediata deliberación de una Ley de Hidrocarburos y la discusión de la reforma energética boliviana.
Los procesos de exploración - producción e industrialización van de la mano. Varias veces hemos sugerido que el Estado boliviano debe asociarse con capitales externos para -en el marco de una adecuada NPE Nueva Política Energética- financiar ese trípode y reposicionar a Bolivia como centro de distribución de energía del continente. No es un cliché. Los escépticos dudan de la posibilidad de financiar estos procesos. Sin embargo es posible.
La solución parte porque se tome decisiones políticas y financieras: una nueva Ley de Hidrocarburos que atraiga inversión externa y decisiones financieras: por un lado movilizar, como capital de aporte del Estado, hasta 6.000 millones de dólares de las RIN -reserva internacional neta-, comprometer el valor de mercado y en Bolsa de Valores la monetización de hasta 3 TCF (trillón de pies cúbico de gas) de reservas de gas a certificarse a futuro mediano, y con ese “colchón financiero” asociar a Bolivia con capitales externos para hacer un programa intensivo de exploración, de producción y de industrialización en contratos joint venture.
En esta década debe haber la política del pentágono energético traducida en sus siguientes aristas: exploración de nuevos territorios, producción de líquidos y gas, industrialización en valor agregado para mercados externos, infraestructura social, imprescindible para educación, aeropuertos, carreteras, riego y salud y proyectos en desarrollo de litio y hierro; con energía a bajo coste los proyectos de litio y hierro van a ser mucho más rentables.
Esas aristas van a reconfigurar el mapa del desarrollo nacional, van a generar ingresos por renta y rentabilidad y van a reducir drásticamente la pobreza. No es discurso, es realidad: el gas es posible industrializarlo y convertirlo en medio de lucha contra la marginalidad y pobreza, pero con legislación y regulación adecuada y moderna.
Seguramente el nuevo liderazgo regional va a ser motor para que en Bolivia se termine de entender la importancia absoluta del gas (la energía, conceptualmente) en el desarrollo; por ello es que Tarija tiene la bandera de la industrialización.
Boris Santos Gómez Úzqueda***
Fuente: periódico "Nuevo Sur-Tarija"
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