Sobre ese mapa trazó una diagonal que comenzaba en el sur de Tarija y terminaba en el norte de La Paz. “Sobre toda esta zona hay gas y petróleo. Lo sabemos nosotros (las empresas petroleras), lo sabe el Gobierno y lo saben las ONG.
En estas mismas zonas hay parques nacionales. Siempre ha sido una cuestión de negociar”, dijo. Hoy, esa profecía se ha hecho realidad. Con tres decretos supremos, el Gobierno se ha abierto a la exploración y explotación de hidrocarburos en los parques nacionales, que se encuentran en esa diagonal dibujada por el petrolero en 2007, sobre el subandino de Bolivia.
Ahora, los indígenas que consiguieron derechos en la Asamblea Constituyente que se celebraba en Sucre en ese momento, ven cómo su capacidad de oponerse a las exploraciones se diluye y abren un nuevo frente de conflicto contra el Gobierno.
Para el vicepresidente Álvaro García Linera, esta es solo otra contradicción creativa. Lo dijo en Chile en esta semana: “Sociedades como las nuestras con una deuda social gigantesca, necesitan de manera inmediata un conjunto de bienes materiales, de recursos monetarios para construir escuelas, hospitales, mejorar salarios, etc. Para eso necesitas transformar la naturaleza e impulsar mecanismos extractivistas”.
Esto se ha traducido en áreas de exploración petroleras en al menos ocho parques nacionales. Estas áreas afectan incluso al 90% de algunos parques, que a su vez coinciden con territorios indígenas titulados.
A través de tres decretos supremos, el Gobierno ha reducido la capacidad de veto de los pueblos indígenas a estos proyectos y ha establecido límites a la compensación económica para las comunidades afectadas que no superan el 1,5% del total invertido en los proyectos.
Además, ya no será necesario pactar con la organización matriz de los pueblos afectados, sino que se negociará directamente con las comunidades que resulten afectadas por los trabajos de exploración y explotación petrolera.
Pie de guerraLa primera en pronunciarse fue la Asamblea del Pueblo Guaraní. Según el dirigente Celso Padilla, no se permitirá que se ingrese a su territorio para la extracción de petróleo sin antes una consulta como lo establecía el decreto anterior, que daba a los pueblos la potestad de establecer la metodología de trabajo, fijar los montos y los plazos de la consulta.
Ahora esta queda en manos de las autoridades. Además, si este proceso se traba, la “autoridad competente” podrá emitir una resolución dándole la posibilidad a la empresa de obtener la licencia ambiental aun sin llegar a un acuerdo con el pueblo indígena.
Además, ahora las compensaciones no serán a través de dinero, sino en obras definidas por las comunidades afectadas por el proyecto. Esto, según indicó el ministro de Hidrocarburos a Patria Nueva, es lo que molesta a “algunos dirigentes”.
Adolfo Chávez, presidente de la Cidob que está alejada del Gobierno, asegura que la reacción ha sido espontánea. Dice que comunidades indígenas que están sobre el río Beni han rechazado la exploración en el Madidi, lo mismo ha sucedido con los guaraníes y las comunidades del Tipnis.
Chávez aseguró que se prepara un amparo constitucional para que se dejen sin efecto los tres decretos y una representación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares en la exploración petrolera y la construcción de la carretera en el Tipnis. “Esto puede parar los planes del Gobierno”, dice.
Sin embargo, Chávez no es la única voz del movimiento indígena. Melva Hurtado es la presidenta de la Cidob cercana al Gobierno y asegura que las posiciones de Chávez y de Padilla son políticas. “No ha habido una reunión para analizar estos decretos”, se limitó a decir Hurtado.
Para Carlos Romero, ministro de Gobierno y exasesor de los indígenas, no se vulnerará ninguno de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT. “Dice que se debe consultar a las comunidades, no a las centrales”, aclara Romero, que pide evitar posiciones beligerantes.
Cambio de matrizPara la catedrática e investigadora Cecilia Requena, el problema está en el modelo de desarrollo. “Se supone que estábamos en un camino distinto, con un modelo amigable con el entorno.
En el fondo, esto se trata de dónde sacar dinero en un cortísimo plazo. Son recursos no renovables, es dinero que se va a acabar, cuando podríamos administrarla mejor con ecoturismo. En el fondo se trata de conseguir dinero para seguir distribuyéndolo clientelarmente, para seguir en el poder”, opina.
Para el analista en temas de hidrocarburos Álvaro Ríos, son decretos adecuados porque “Bolivia vive y respira hidrocarburos aún. No ha habido un cambio en la matriz productiva. No entrar a los parques es dispararnos a los pies”. dice. Eso sí, cree que hay que hacerlo a través de helicópteros, sin abrir caminos, remediando los posibles daños de forma rigurosa y sin afectar demasiado a las comunidades indígenas.
Fuente; periódico "El Deber"
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