El Director Ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Carlos Soruco, reprochó la falta de apoyo de la Policía Nacional en los casos de avasallamientos en áreas mineras ya sea de comunidades indígena campesinas o de particulares.
“No hemos tenido la ayuda de la fuerza pública. Por ejemplo, se hacen las inspecciones y se determina mediante resolución que existe avasallamiento, que existe obstaculización e inclusive explotación ilegal. El procedimiento dice que con la fuerza pública se debe hacer valer los derechos”, afirmó Soruco.
No obstante, esto no sucedería. La autoridad hizo esta referencia en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, instancia a la que fue convocado para prestar un informe sobre los procedimientos para la aprobación de los contratos mineros en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la que también mostró las limitaciones que tiene esta entidad para afrontar los avasallamientos.
Comentó que la situación se torna compleja para la Policía Nacional cuando “los avasalladores son comunidades”, no sucede lo mismo cuando son personas particulares o empresarios los “avasalladores”, explicó al manifestar que la intervención como manda la Ley es mucho más difícil al tratarse de comunidades.
“En muchos casos la Policía no ha querido actuar, en otros casos sigue en investigación tratando de ver algunos elementos individuales que se incrustan dentro de las comunidades”, declaró Soruco.
Explicó a la Comisión que el tema es delicado porque mientras la Policía estudia su decisión de intervenir en un caso de avasallamiento queda “latente e inminente el riesgo de un escenario de enfrentamiento”.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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