jueves, 30 de marzo de 2017

INVERSIÓN: Ministerio y petroleras acuerdan aceleración en Boyuy y Huacareta

Pesos pesados se reunieron ayer en el campamento central del Megacampo Margarita, en el corazón de la provincia O´Connor de Tarija. Martín Westsealar, vicepresidente de Shell Corporación, Diego Díaz Baldasso, presidente de Repsol Bolivia y el propio ministro Luis Alberto Sánchez coincidieron en el que sigue siendo el campo más importante del país.

De avanzar se avanzó poco, porque el encuentro fue efímero, pero “las voluntades son firmes” y las fechas también. Boyuy se pinchará en junio y Huacareta en el primer semestre de 2018 como tarde.
Shell ha aterrizado en Bolivia tras absorber a British Gas, la tercera pata del banco en Caipipendi o lo que es lo mismo, Margarita, Huacaya y próximamente Boyuy al sur y Boicobo al norte, dos campos que esperan que se culmine el Huacaya 2 para que se traslade la perforadora en junio. Por turno. Shell, también ha puesto punto y fecha para la perforación del pozo Jaguar, en Huacareta, un área nueva sobre la que se estiman hasta 13,5 trillones de pies cúbicos en tres prospectos diferentes, o sea, un megacampo descomunal, y que desde ya se advierte que estará entre Tarija y Chuquisaca para evitar conflictos posteriores ahora que lo de la boca de pozo parece haber quedado en el olvido.
Martín Westsealar, con la solvencia de un súper ejecutivo más operativo que político de una de las transnacionales más poderosas del mundo, enfundado en un overol rojo, se deshizo en optimismo sobre los nuevos hallazgos en la zona, elogió la seguridad jurídica citando directamente al presidente Evo Morales y dio la clave para que, en el entorno de precios bajos del petróleo que sigue castigando a los países productores dependientes de las exportaciones se siga invirtiendo: controlar los costos de producción.
También Díaz Baldasso se manifestó en la misma línea, reconociendo que la Ley de Incentivos del Ministerio de Hidrocarburos, que fija bonificaciones en precios independientemente a los de mercado a condición de acelerar las inversiones está funcionando. Repsol, líder del consorcio Caipipendi, que se completa con Shell y Pan American Energy (PAE) ha comprometido esos 500 millones de inversión en los próximos años que le permitirá alcanzar precios y extender las concesiones desde el 2031 hasta 2046. Casi una vida entera.
Además de Boyuy al sur y Boicobo al norte, sobre los que se estiman unos 2 TCF, más o menos el doble de lo que hasta la fecha se ha bombeado desde Margarita con dirección a la Argentina, el consorcio Caipipendi le ha puesto los ojos al área de Iñiguazú, continuidad hacia el sur del bloque Caipipendi que no llega hasta la frontera y se queda a unas pocas cuadras del área de la Reserva de Tariquía. Iñiguazú es una de las áreas que devolvió Petroandina luego de hacer la magnetotelúrica y la sísmica. YPFB, que se quedó con ese material, quiere entrar en la sociedad con Andina, y se espera en condiciones ventajosas, si bien Díaz Baldasso recuerda que igual se debe validar la documentación y esgrimir que su experiencia en la formación anterior, de condiciones similares, le da un plus en la posibilidad de éxito. El ministro Luis Alberto Sánchez dio un plazo de un mes para llegar a ese acuerdo, aunque reconoció que lo que se discuten son los porcentajes.
Lo cierto es que los plazos se achican y la necesidad de éxito apremia. Explorar es una actividad tan riesgosa como imprescindible. De momento gran parte de las esperanzas se depositan sobre Caipipendi y el corazón de Entre Ríos
El apunte
Contrato con  Brasil: largo  y de mayor  volumen
El ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez señaló que se tiene previsto una reunión en las próximas semanas con los responsables brasileros para concretar la adenda al contrato de exportación de gas natural que vence en 2019 y que hasta la fecha provee 30,5 millones de metros cúbicos al día.
Sánchez, frente a los análisis que señalan que Brasil recortará sus nominaciones en la próxima adenda, indicó que se negocia un volumen superior al estar involucrado el Estado y otras empresas.
Fuente: periódico "El País"

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