La información fue proporcionada a ANF por el procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien señaló que Bolivia atendió el requerimiento de la CIDH y respondió de manera oficial a la acción de medidas cautelares presentada por organizaciones de la sociedad civil a favor de un pueblo no contactado o en situación de aislamiento voluntario.
“Bolivia ya presentó su escrito por las medidas cautelares, en el fondo lo que pedían estas organizaciones era que YPFB frene los trabajos de exploración, pero eso ya se torna innecesario porque ya hizo los trabajos de exploración, ya hizo los trabajos de recuperación de los lugares”, aseguró.
Consultado sobre las acciones de la Procuraduría para garantizar los derechos del pueblo no contactado en la zona de exploración hidrocarburífera en la Amazonía, dijo que “no hay indicios tangibles, pero si podría haber la posibilidad el Estado ha tomado todos los recaudos (…). Una vez que tiene conocimiento de que hubiera posibilidad de un pueblo no contactado, hizo todos los trabajos para abandonar el área, hacer la limpieza”.
De ese modo, Menacho restó importancia a los informes y reportes de la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD), de la empresa china PBG y de la petrolera estatal YPFB, que dan cuenta de la presencia de un pueblo no contactado en la zona del Proyecto Adquisición Sísmica 2D de la Cuenca Madre de Dios del Área Nueva Esperanza. Huellas humanas, restos de alimentos, senderos abiertos, hasta gritos de hombres, mujeres y niños cercando el campamento son algunos de los indicios.
A la pregunta si YPFB en algún momento vulneró los derechos del pueblo en situación de aislamiento voluntario que habita la zona sometida a exploración hidrocarburífera dijo que “en absoluto, de ninguna manera, YPFB aplicó el protocolo muy bien en ese sentido”.
Medidas cautelares
La Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentaron una acción de medidas cautelares ante la CIDH para que el Estado boliviano paralice toda actividad de prospección sísmica en el área Nueva Esperanza y en los bloques petroleros definidos en esa zona de la Amazonía (Beni, Madre de Dios), así como en el área territorial.
El recurso demandó la prohibición absoluta de ingreso de personas ajenas al territorio de los aislados y en la zona de las áreas de vida y/o eventos de los aislados que están siendo impactadas por el proyecto de Adquisición Sísmica 2 D, Cuenca Madre de Dios, Área Nueva Esperanza, YPFB/BGP Bolivia.
También solicitó la constitución de una comisión de expertos nacionales e internacionales en esta temática que actúe como garante de la implementación de estas medidas cautelares y de la territorialidad del pueblo no contactado conforme al artículo 21 de la Constitución Política del Estado.
Fuente: Agencia de Noticias Fides "ANF"
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