La Contraloría General del Estado (CGE) no recibió hasta ayer, la denuncia del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), basada en la documentación de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, que alertaba de presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la compra de tres taladros por parte de la estatal petrolera, a la italiana Drillmec Spa.
“Hasta este momento (ayer) les puedo asegurar, que no ha ingresado, al menos por mi despacho, nada al respecto. De todas maneras, vamos a esperar que nos las puedan remitir. Nosotros veremos la información necesaria para poder pronunciarnos con mayor conocimiento del hecho. En base a ello, nosotros podremos dar una opinión apegada a la norma para que sea una opinión válida”, manifestó el contralor Henry Ara.
El viernes, el directorio de YPFB decidió remitir la investigación preliminar del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, donde advierte algunos elementos irregulares sobre la compra de perforadoras, en el proceso realizado el año pasado.
El objetivo es realizar una auditoría especial y determinar, si corresponde, la existencia de indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal.
Gerencia Legal
Al respecto, la estatal petrolera informó que la documentación aún estaba preparándose en la ciudad de Santa Cruz, donde se realizó la reunión de Directorio el viernes pasado y que será la Gerencia Legal de YPFB, la que culmine el trámite que será enviado a la Contraloría.
Al respecto, la estatal petrolera informó que la documentación aún estaba preparándose en la ciudad de Santa Cruz, donde se realizó la reunión de Directorio el viernes pasado y que será la Gerencia Legal de YPFB, la que culmine el trámite que será enviado a la Contraloría.
La empresa público-privada Drillmec, se adjudicó la venta de los taladros por un monto de $us 148,8 millones.
La Unidad de Transparencia señaló la probabilidad de un sobreprecio en los costos de las máquinas a ser compradas.
La empresa italiana aseguró haber cumplido las exigencias de la licitación y abrió la posibilidad de iniciar acciones contra el Estado Boliviano en caso de que se anule o se reduzca el contrato porque habría erogado unos $us 80 millones entre contra-garantías, pago anticipado de compras para la fabricación de los equipos, comisiones bancarias, entre otros.
“Se verá también la denuncia del jefe de Transparencia, que establece incumplimiento por parte de la empresa, las cuales, al parecer, no habrían sido observadas por la Comisión de Calificacion”, adelantó el contralor.
Fuente: periódico "El Deber"
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