El Gobierno tomó -hasta 2016- el 48% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que corresponde a las gobernaciones, municipios y universidades para financiar políticas del Estado, según un análisis de los economistas Julio Linares y Jimmy Osorio.
Ahora, un proyecto de ley repuesto en la Asamblea Legislativa por el MAS propone que las entidades territoriales autónomas destinen recursos del IDH también para financiar proyectos de vivienda social.
Según el análisis de Linares y Osorio, especialistas en descentralización, los gobiernos municipales y departamentales deben aportar de sus ingresos del IDH un 30% para el financiamiento de la Renta Dignidad.
Otro 10% para seguridad ciudadana y un 0,2% al Fondo de Educación Cívica. Una de las últimas determinaciones fue que destinen el 12% a un fondo para la exploración petrolera.
Los especialistas explican que en 2016 los recursos del IDH en el Presupuesto 2016 alcanzaron a 7.794 millones de bolivianos, de los cuales 3.708 millones de bolivianos tuvieron que redirigirse a políticas del Gobierno.
"Esta disminución en los ingresos vulnera la autonomía de las entidades territoriales autónomas y el IDH se ha convertido en una fuente de recursos para impulsar políticas del Gobierno”, precisó Linares.
De acuerdo con el especialista, esta reducción de recursos que impulsa el Gobierno, sobre todo afecta a los municipios más pequeños. Éstos, a diferencia de los grandes, que pueden generar ingresos propios, dependen íntegramente del IDH.
De esa manera su situación financiera se torna más vulnerable, especialmente por la caída que se observa en los últimos años de los ingresos del IDH, producto de la baja de los precios del petróleo y del gas de exportación.
"Con estas medidas se vuelven a centralizar los ingresos que se perciben como país y se resta principalmente a municipios pequeños, quizá su única fuente de ingresos para su desarrollo”, explicó Linares.
Carlos Hugo Molina, abogado impulsor de la Ley de Participación Popular en el país, opinó que todas estas medidas que se impulsan y que pueden ser de necesidad pública, expresan una contradicción con el modelo autonómico que tiene el Estado boliviano hoy.
Además, vulneran los principios del pacto fiscal y las mesas de trabajo que están vigentes y que deben ser el punto de partida para discutir estas políticas.
"Mientras no se sinceren cuentas nacionales y no exista sobre todo la capacidad redistributiva que tiene el Gobierno central, hacia los departamentos y municipios, vamos a continuar con una mentalidad absolutamente reaccionaria en materia de participación ciudadana”, sostuvo Molina.
Para la construcción de 51.290 viviendas nuevas y la entrega de 63.710 viviendas mejoradas, ampliadas y renovadas en concurrencia con entidades territoriales autónomas hasta 2020, se requiere una inversión de 11.300 millones de bolivianos.
Para que Aevivienda cumpla con ese objetivo, urge que se permita el uso de recursos del IDH, señala un proyecto de ley.
Fuente: periódico "Página Siete"
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