“San Buenaventura es el anhelo de muchísimos años del país, hay la potencialidad del cultivo de la caña de azúcar y hay una normativa que impide hacer desmontes, pero contradictoriamente existe el ingenio azucarero que requiere de al menos 12.000 hectáreas para funcionar adecuadamente (…). Si se hace desmonte sin el cuidado adecuado podríamos tener muchos riesgos, creemos que para ingeniería no hay no se puede”, aseguró a ANF.
Quintanilla dijo que desde el Ejecutivo se busca los mecanismos legales para habilitar el desmonte de 12.000 hectáreas en el Norte de La Paz, a favor del ingenio azucarero. “Estaremos presentes los profesionales para decir que hay que tener cuidado con esto y con lo otro; son lugares con alta pendiente y se genera erosiones y fragilidad del suelo que se va a utilizar”, manifestó.
“Hemos hecho planteamientos para hablar sobre lo que puede acontecer en San Buenaventura y hemos planteado que entre los temas a tratar no solo estará el azúcar sino también el café y el cacao porque se plantea ampliar grandemente la superficie del café y cacao en Bolivia y en La Paz, pero hay que tener cuidados fundamentales porque al ampliar el área de producción no estemos también ampliando el área de expansión de plagas” explicó.
Tras asistir a los actos por los 10 años de la Ley 3714 del ejercicio profesional del ingeniero agrónomo, Quintanilla dijo que existen varias experiencias donde por ampliar las superficies de cultivos se ha generado la expansión de plagas que a su vez han disminuido la capacidad productiva de los diferentes productos.
La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) necesita deforestar 11 mil hectáreas de bosques para abastecerse de caña de azúcar a su ingenio. El gerente general, Ramiro Lizondo, informó que para cumplir las metas incluso las comunidades indígenas del norte de La Paz se involucraron en la actividad agroindustrial.
Lizondo minimizó los impactos de la deforestación de bosque en la Amazonía. “La planta necesita 11 mil hectáreas para poder abastecer de caña al ingenio, en esa región existen más de 1 millón de hectáreas que están siendo redistribuidas y que han sido movilizadas en los años 90 hasta tener una política clara sobre cómo se hará con la distribución, por tanto, si comparan esa cantidad de tierras disponibles que son fiscales y lo que necesita San Buenaventura es sólo el 1%”, aseguró.
Al ser consultado sobre la situación de las comunidades indígenas del pueblo Tacana que denunciaron una “invasión” de colonizadores en sus territorios como consecuencia de la instalación de la planta, Lizondo negó este extremo y arengó en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan con algunas comunidades.
Fuente: Agencia de Noticias Fides "ANF"
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