La puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza causaría un impacto negativo en Cobija, Guayaramerín y Riberalta, además de la fuga de ganancias que podrían afectar hasta la soberanía del país, ya que la apertura de fronteras para su ejecución beneficiará más a Brasil que a Bolivia, alertó el consultor beniano Wálter Justiniano.
Durante el Taller de Actualización para periodistas ambientales promovido por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), efectuado la semana pasada en Quillacollo, Cochabamba, el consultor Wálter Justiniano, advirtió que las pérdidas de bosques tropicales, planicies húmedas y zonas agrícolas, por la puesta en marcha de Cachuela Esperanza, causará un impacto económico negativo de por lo menos $us 255 millones como costo ambiental y $us 23 millones en costo social, cuya área de influencia comprende las ciudades de Cobija, Guayaramerín y Riberalta, además de la fuga de ganancias que alcanzarían a $us 17 billones.
En una exposición que se hizo posterior al panel internacional efectuad días antes, también en Cochabamba y organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Ceadesc; el profesional alertó del “grave problema que significará para Bolivia la instalación de una represa en sectores que padecen de inundaciones, especialmente en épocas en que se presentan los fenómenos de la Niña o el Niño.
El Gobierno días atrás reconoció que el proyecto de Cachuela Esperanza tiene un retraso, pero no se conoció más detalles.
BENEFICIO PARA BRASIL
Justiniano hizo conocer las conclusiones a las que llegaron investigadores independientes que indican que esta “megarepresa sólo beneficiaría al Brasil en el aspecto energético y para el lucro del vecino país, ya que por los términos en que se habría redactado el contrato, la fuga de ganancias alcanzaría a 17 billones de dólares, poniendo en riesgo incluso la soberanía patria”.
“Lo lamentable es que no existe compensación para las comunidades campesinas del sector, porque no hubo consulta para llevar adelante este proyecto, al contrario, se perjudicará incluso la vida de los habitantes, ya que para cumplir con el proyecto se necesitará mano de obra excedente y esto dará lugar a que se abra la frontera e ingresen desde el Brasil, pobladores que no siempre le harán bien a nuestro territorio”, dijo.
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
En tanto, Justiniano se refirió al carácter “extractivista” de la actual política gubernamental que encomendó un estudio de prefactibilidad a la consultora canadiense en ingeniería Tecsult para la construcción de esta represa, cuyo costo habría ascendido a $us 8 millones y medio.
Esta política se la habría tomado en el sentido de afirmar que “financieramente es más ventajoso exportar a Brasil toda la electricidad de Cachuela, y con esos ingresos adquirir gasóleo para las termoeléctricas que abastecen hoy el área de influencia del proyecto, que comprende las ciudades de Cobija, Guayaramerín y Riberalta”.
Es evidente que el proyecto sólo será factible vendiendo casi toda la electricidad al gran mercado brasileño. La demanda actual de Bolivia es de poco más que la capacidad prevista para Cachuela Esperanza, de 990 megavatios, y los tres municipios del extremo norte consumen menos de 20 megavatios.
Otros mercados bolivianos importantes, como Trinidad, capital de Beni, están a más de 1.100 kilómetros de distancia y suponen un costo de transmisión inviable.
PROYECTO BRASILEÑO EN TERRITORIO BOLIVIANO
El proyecto asume así un carácter brasileño en territorio boliviano y lo más probable es que también su ejecución y financiamiento sean brasileñas.
Eso significa renunciar a “la soberanía energética”, advirtió Justiniano, consultor independiente.
“Ese argumento puede ser decisivo en una Bolivia que nacionalizó los hidrocarburos en 2006. El nacionalismo cultivado por Evo Morales puede volverse en contra de su decisión de construir una hidroeléctrica desnacionalizada”, advirtió.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 20/06/2011
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