Una fractura política al interior de la Central de Pueblos Indígenas en La Paz (Cepilap) que inicialmente rechazaba la construcción del proyecto hidroeléctrico El Bala, derivó en un permiso para el ingreso de la empresa subcontratada por Geodata al Chepete, dejando de lado a 17 poblaciones de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni que se oponen a la hidroeléctrica.
El Cepilap, que inicialmente respaldó las acciones de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni, firmó un acta de apoyo para la construcción de la hidroeléctrica con Geodata, que está a cargo de la elaboración del proyecto a diseño final, sin tomar en cuenta los efectos para las poblaciones que habitan en la zona.
Según el secretario general de la Comunidad Torewa, Domingo Ocampo, los dirigentes que firmaron el convenio no habitan en la zona y tampoco consensuaron con los pueblos indígenas, por lo que rechazó el accionar de su ente matriz.
“Esa autorización es de dirigentes que precisamente no tienen el consenso de las comunidades que van a ser afectadas. Entonces eso hay que analizar precisamente a través de las comunidades afectadas”, añadió Ocampo.
Los dirigentes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni y Quiquibey convocaron a una reunión de emergencia para el próximo 17 de julio, ante el nuevo ingreso de trabajadores de Geodata a la zona del Chepete.
El sábado 24 de junio, pobladores de San José de Uchupiamona reportaron que un grupo de técnicos e ingenieros de la empresa Geodata, ingresaron a la zona para delimitar territorio y avanzar en los trabajos para el estudio de proyecto a diseño final que pretende construir dos represas.
“Por el momento se está viendo como que hay un debilitamiento de nuestras organizaciones y esto pues el Gobierno está tomando como favorable a sus intereses de construir megarepresas”, precisó el secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni, Alex Villca.
Tanto Ocampo como Villca, informaron que una comisión de dirigentes de la mancomunidad comenzará a visitar las 17 poblaciones de la región que se encuentran en riesgo ante el avance del estudio del proyecto hidroeléctrico.
Durante el recorrido, convocarán a los dirigentes y comunarios a una asamblea para el viernes 17 de julio en donde discutirán varias medidas. “Nosotros no vamos a enfrentarnos por el momento a Geodata hasta que las bases decidan qué acción se va a tomar”, dijo Ocampo.
Por su parte, Villca añadió que durante la asamblea de directorio del pasado miércoles no se descartó convocar a una vigilia y a movilizaciones en el municipio de Rurrenabaque.
Este medio intentó comunicarse ayer con el presidente de la Empresa Nacional de Energía (ENDE), Eduardo Paz, para obtener una versión oficial sobre los trabajas cuestionados; sin embargo, no se pudo establecer el contacto telefónico.
12 DÍAS DE VIGILIA
La Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni y Quiquibey sostuvieron una primera vigilia de 12 días en noviembre del año pasado.
Gracias a ello, lograron que los trabajadores de Servicons, subcontratada por Geodata, suspendan las actividades de estudios para la elaboración de un proyecto a diseño final.
“Se ven disminuidos en alimentos, combustibles, movimiento, logística, todo eso, no les quedaba otro camino que salir del lugar”, recordó Domingo Ocampo, secretario de la comuidad Torewa.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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