En 2016 la inversión extranjera privada en minería llegó a apenas 41 millones de dólares, el nivel más bajo en 10 años de la actual gestión de Gobierno, según datos incluidos en la Memoria de la Economía Boliviana 2016 del Ministerio de Economía.
Este valor contrasta con los niveles de inyección de capital que el país había comenzado a captar desde 2005 y que tuvieron su pico más alto en 2008, con 477,8 millones de dólares (ver gráfica de datos del dossier de estadísticas del sector minero 1980-2005).
El exministro de Minería, Dionisio Garzón, opinó que la inversión en el sector sólo es ejecutada para el mantenimiento de las operaciones de algunos proyectos, como San Cristóbal, Illapa, San Vicente o San Bartolomé.
"No llega más inversión porque la ley minera es dura y carece de incentivos a la inversión privada. Como no hay concesiones, si alguien quiere invertir debe hacerlo de forma directa, no puede acudir a la bola de valores. Si está en terrenos de la Comibol, el 55% de la ganancia se queda en el Estado, por eso no hay inversión privada”, precisó.
En los proyectos privados el Government Take (porcentaje de la renta minera con la que se queda el Estado) es de alrededor del 75%. "Además del IUE, la alícuota adicional al IUE, Impuesto a la Transferencia de Utilidades al Exterior, a la reinversión, está la consulta previa, y si hay caída de precios, la utilidad se esfuma, el operador no ganará más del 10%”, puntualizó.
Por eso es importante, dijo, modificar la ley minera, porque de lo contrario el país no podrá desarrollar nuevos proyectos y las reservas se agotarán y la próxima década el país enfrentará problemas serios. "San Cristóbal tenía reservas para 25 años y ya estamos por llegar a los 10 años; San Bartolomé está en su última etapa y en un par de años se acaba; San Vicente, con una extracción de 1.000 toneladas de mineral por día, tiene para 10 años más”, detalló Garzón.
Añadió que si bien hubo inversión estatal, ésta en general nunca superará los 200 millones de dólares.
El analista Henry Oporto sostuvo que hace mucho que la minería en Bolivia dejó de ser atractiva para el capital privado, incluso ahora que hay una leve recuperación de precios.
"No hay nuevos proyectos mineros, es cada vez más pronunciada la carencia de reservas, no hay inversión en exploración, sólo de mantenimiento de operaciones”, apuntó.
Según Oporto, más allá de la ausencia de incentivos, el principal problema es la falta de seguridad jurídica, de estabilidad en las reglas de juego y los impuestos a la minería, que son excesivos y no permiten competir.
"El Gobierno debería actuar y poner en marcha una nueva política minera. Los proyectos mineros son de larga maduración y cuanto más se retrase esto, más lejos estará la posibilidad de reactivar la minería. El bajo nivel de inversión privada es una alerta roja”, advirtió.
Inversión en la región
Garzón explicó que a diferencia de Bolivia, para atraer inversión, Argentina bajó a la mitad las regalías y ofrece deducciones en costos y tiene un portafolio por ejecutar de 30.000 a 40.000 millones de dólares.
Perú tiene proyectos de más de 50.000 millones de dólares, Ecuador impulsa una mina de oro a cielo abierto de 30 millones de onzas y Chile como Colombia también impulsan operaciones y proyectos importantes.
Fuente: periódico "Página Siete"
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