El Gobierno promulgó el 22 de junio la Ley 959 de implementación de programas y proyectos de vivienda social, preferentemente para familias de escasos recursos y grupos menos favorecidos, mediante la transferencia de terrenos y el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sobre el financiamiento señala que "los gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesinos, podrán transferir recursos económicos provenientes del IDH, para la ejecución de programas y proyectos de vivienda social implementados por la Agencia Estatal de vivienda (Aevivienda)”.
Asimismo, precisa que para que se financie el plan, las regiones también podrán utilizar los recursos de coparticipación tributaria, regalías, recursos específicos u otros de acuerdo con la normativa vigente.
También señala que la Aevivienda definirá, según programa de vivienda social, que los beneficiarios pongan la contraparte, que puede ser en recursos económicos, materiales de construcción o mano de obra. Para el cumplimiento de la ley, la agencia y las entidades autónomas elaborarán los reglamentos.
Según el documento oficial, las regiones que realicen la transferencia de terrenos, deben garantizar acceso a servicios básicos.
Además deberán contar con el título de propiedad, registrado en Derechos Reales.
Agrega que el beneficio será destinado únicamente a familias de escasos recursos, con el objetivo de contribuir a reducir el déficit habitacional, de acuerdo con una evaluación socio-económica hecha por Aevivienda.
En marzo pasado, cuando se repuso el proyecto de ley que fue remitido en 2016, en la exposición de motivos se argumentaba que para la construcción de 51.290 viviendas nuevas y la entrega de 63.710 viviendas mejoradas, ampliadas y renovadas en concurrencia con entidades territoriales autónomas hasta 2020, se requiere una inversión de 11.300 millones de bolivianos.
Sin embargo, la proyección de ingresos sólo es de 6.500 millones de bolivianos que provienen de la recaudación del 2% de aporte patronal público y privado para vivienda. "Por ello, se ve la necesidad de facultar a las entidades territoriales y autónomas a utilizar recursos provenientes del IDH para programas y proyectos de vivienda y vivienda social, a fin de responder a la necesidad de la población de menores ingresos y cumplir las metas programadas para el sector vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo”, subrayaba.
Un análisis de los economistas Julio Linares y Jimmy Osorio señala que el Gobierno tomó -hasta 2016- el 48% de los recursos del IDH que corresponde a las gobernaciones, municipios y universidades y los destinó a financiar políticas estatales.
Metas y aportes
- Programa El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 se fijó como meta la construcción de 51.290 viviendas nuevas unifamiliares y multifamiliares, y complejos habitacionales. Además de 63.710 viviendas mejoradas y otros, en concurrencia con entidades territoriales autónomas.
- Aportes Los gobiernos municipales y departamentales deben aportar de sus ingresos del IDH un 30% para el financiamiento de la Renta Dignidad. Otro 10% para seguridad ciudadana y un 0,2% al Fondo de Educación Cívica, 12% a un fondo de exploración petrolera.
- Resta Los recursos del IDH en el Presupuesto 2016 alcanzaron a 7.794 millones de bolivianos de los cuales 3.708 millones se bolivianos se fueron a políticas de Gobierno.
Fuente: periódico "Página Siete"
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